No lo fácil, lo correcto

Por 26 años las operaciones mineras se produjeron en un marco jurídico cuestionable. El contrato ley de febrero de 1997 obedeció a condiciones específicas, no así todo el proceso irregular transcurrido, que, indiferencia oficial, desembocó en una realidad que no atendieron los gobiernos posteriores.

Hasta 2018, varios fueron los mandatarios que visitaron las instalaciones de Minera Panamá, conscientes del limbo jurídico en que estaba, pero de igual manera, la multimillonaria inversión allí transcurría. Nadie hizo nada por superar una situación que dejaba a la empresa sin cumplir con los impuestos y rentas mínimos, y daba al país una anualidad irrisoria.

Hasta que en 2018 fue impugnado el contrato de 1997 y no fue sino hasta cuatro años después, en septiembre de 2021, que la Corte Suprema, con una celeridad extraña y sospechosa, emitió criterio al respecto y lo declaró inconstitucional. ¿Debía ignorar tal situación, el gobierno actual? Cuatro meses después, la administración Cortizo presentó al país un primer borrador de contrato, logrado por figuras de incuestionable autoridad y reputación. Y aquí hay que decir algunas cosas. La negociación no podía comenzar por borrón y cuenta nueva, como han sugerido figuras respetables. Allí había ya una inversión de millones de dólares que había crecido en dos décadas. Esa realidad no la inventó la administración Cortizo. Estaba allí, no se podía dejar de tomar en cuenta porque representaba: 1. Elemento clave en una seguridad jurídica que planta cara a la inversión extranjera, 2. Pagaba ya en ese momento el sustento del hogar de más, de siete mil panameños en plazas directas de trabajo, 40 mil plazas indirectas, el vínculo con proveedores y 3. Las obligaciones fiscales que hasta ese momento eran irregulares. Esa era una realidad que, responsablemente, el gobierno no podía ignorar con un borrón y cuenta nueva, de un proceso que había comenzado más de 20 años atrás y que, curiosamente había sido evadido, por algunas voces que ahora se han opuesto a la minería en Panamá.

¿Qué entraña la posición de quienes rechazan el contrato? ¿Siete mil desempleados más? ¿La pérdida de 40 mil plazas indirectas de trabajo? Sin contar las consecuencias jurídicas que se derivarían de un incumplimiento de contrato... Hay algo de absurdo en esto y que algunos panameños han rechazado bajo la extraña consigna de que Panamá no es un país minero. Bueno, ningún país lo es hasta que comienza la explotación del recurso, y en el caso de Minera Panamá tal actividad comenzó hace años. Se trata de un recurso natural que el país tiene derecho a explotar, porque si no es minero, tampoco era ruta internacional hasta que abrió el Canal de Panamá. O ¿Cuál hubiera sido la propuesta en 1903? ¿No abrir el canal? ¿Dejar las tierras como estaban porque se afectaba la flora, la fauna y cuanto argumento pudiesen esgrimirse?

¿Cuántas de las actividades cotidianas de la humanidad dependen de la minería? Claro, el tema siempre estuvo en las condiciones de trabajo, en los derechos de las naciones. Para eso se estableció un estándar internacional que la reglamenta y las de nuestro país con Minera Panamá no han estado exentas de las mismas. Por el contrario, las finalizadas negociaciones responden a esas normas internacionales.

Ante todo, el contrato minero actual, modificado a instancias de debates y sugerencias, buscaba incrementar los ingresos fiscales del país, que la empresa pagara los impuestos y rentas correspondientes, sin evaluar aún cuánto recurso se deriva del libre intercambio comercial por el que pasa. Pero hay algo que subrayar. Durante más de cuatro años de gobierno, la administración Cortizo se ha caracterizado por un estilo de puertas abiertas, de diálogo y consenso en cuanto conflicto ha surgido. No ha sido intransigente, en un hecho que para algunos sectores ha sido demasiado flexible, y a lo que el presidente Laurentino Cortizo Cohen ha respondido indicando que, este es un gobierno de todos los panameños, de los que están de acuerdo con una decisión y de los que no lo están.

El asunto concreto es, sin embargo, que la decisión le corresponde al gobierno. Y la sanción de la ley aprobada este viernes por la Asamblea en términos inmediato demuestra que, cuando se trata de decisiones, Cortizo no evade su responsabilidad. Puede ser flexible, componedor de acuerdos, considerando las aspiraciones de distintos sectores, pero cuando de decisiones se trata, y sobre todo de decisiones correctas, las toma.

A diferencia de los ingresos de que provee el Canal de Panamá al país, que pasan al fisco y allí se decide que rumbo toman, los de la mina tienen, desde el día uno, destinos precisos por ley.

Cortizo Cohen no ha dejado a la buena del futuro qué se hace con esos recursos. Van -ha dicho- al programa de Invalidez, vejez y muerte, al perfeccionamiento de la formación de los educadores y a uniformar las pensiones de los jubilados.

Hay, en este país, miles de jubilados que reciben pensiones irrisorias, de 200 dólares, de 150 y hasta de 100, ¡eso es lo que Cortizo ha querido resolver con el Contrato de la Mina!, y es eso lo que ha resuelto al sancionar la ley. Ninguna de esas actividades, de salud, educación y pensiones, se hubiera visto beneficiada, sino se aprueba la ley, como ha querido un sector de capas medias.

Lo más lamentable es que muchos de los argumentos esgrimidos en contra del contrato han sido falsedades confirmadas, allí donde hubo que corregir tras los debates, el gobierno corrigió, pero estoy bajo la sospecha que lejos de una genuina preocupación por el país, el fin era asestar un golpe político a la administración Cortizo en vísperas de la jornada electoral

Felizmente, la actual administración ha demostrado que lejos está de la búsqueda de aplausos, que su tema no es lo fácil, sino lo correcto. Y si quienes cuestionan el contrato creen que persisten desatinos en el mismo, el propio documento posee mecanismos para subsanarlos. Lo que carece de toda validez es recurrir a mecanismos violentos de chantaje para alcanzar sus objetivos como si Panamá viviera en una dictadura.