Investigación especial | La caótica evidencia del millonario uso de la partida 172 del ‘cashback’

¿Cómo evidencia una institución estatal el uso de más de $123 millones? Seguramente pensó que al menos en completo orden, pero en la Asamblea Nacional la situación es diametralmente opuesta: una realidad caótica supera la ficción.

Esta cuantía sobrepasa el costo de los $72 millones de la primera etapa del nuevo Instituto Oncológico Nacional, y es mayor que los presupuestos de los Ministerios de Cultura y de Ambiente, entre otras entidades, según la Ley No. 454 que dicta el presupuesto del Estado para 2025.

Estos $123 millones corresponden a la ejecución de la partida 172 de “servicios especiales”, también conocida como la planilla ‘cashback’, entre 2020 a 2024, según el Ministerio de Economía y Finanzas.

Se trata de la partida más polémica del Legislativo y que ha estado bajo el escrutinio público en los últimos dos quinquenios, debido a investigaciones periodísticas que revelaron su uso histórico por los diputados para esquilmar fondos públicos.

Mediante ella se gestionaron contratos de servicios a terceros, pero que en su mayoría no implicaba efectuar trabajo alguno, salvo hacer efectivo el cheque cuyo valor retornaba al diputado hasta en un 95%.

Aunque este año la entidad no cuenta con fondos en dicha partida, el uso de la partida 172, entre 2020 a 2024, es una de las planillas que está auditando la Contraloría General de la República desde el 21 de marzo, según precisó la entidad fiscalizadora.

Evidencias del despilfarro

¿Qué documentación encontrarán los auditores?

La Estrella de Panamá reveló un “memorándum” enviado por la Dirección de Recursos Humanos de la Asamblea Nacional con instrucciones para acomodar los expedientes del personal el 18 de marzo, el mismo día en que el contralor Anel Flores anunció en un programa televisivo que auditaría al Legislativo.

Para la “actualización de expedientes” se pidió acreditar los logros académicos de los funcionarios.

Sin embargo, previo a este trámite para “garantizar un sistema eficiente y transparente”, según lo justificó la presidenta del Palacio Justo Arosemena, Dana Castañeda, la periodista que suscribe esta nota revisó los documentos de estos pagos de la 172 para el año 2020, encontrándose con papeles que no sustentan ni un centavo y que se encuentran en un estado deplorable que genera múltiples dudas.

La verificación se dió tras una insistente petición de la comunicadora, por tercera vez el 20 de octubre de 2020 con base en la Ley de Transparencia, que requirió la copia simple de los contratos de servicios profesionales y el informe de recibido conforme de los mismos, a través de los fondos de la partida 172.

Además, se solicitó que en caso de no tener la información en digital o si debido al volumen no se pudiera entregar en copias, se citara en qué departamento se encontraba para revisarla físicamente.

Como la petición no fue contestada por el expresidente de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) concedió un ‘habeas data’ en noviembre de 2021, con la ponencia del magistrado Olmedo Arrocha.

Artilugios dilatadores

Pero la Asamblea Nacional no acató el fallo de inmediato. A su turno, el expresidente del Legislativo, Crispiano Adames (PRD) presentó una “aclaración de sentencia” ante la CSJ que se resolvió en junio de 2024.

En una carta firmada por Castañeda en septiembre de 2024, el Legislativo argumentó que los documentos no estaban digitalizados e invitó a verificarlos en sus archivos, un depósito ubicado en la primera planta del edificio Grupo Primavera, en la avenida Frangipani de la ciudad capital.

La táctica para la opacidad

El espacio era una bodega sin aire acondicionado en la que el olor a polvo y el calor hicieron de la diligencia una labor asfixiante. Ahí habían anaqueles con decenas de cajas apiladas y otras sobrepuestas en el suelo con todo tipo de documentación de la historia del Legislativo, desde gacetas oficiales y actas de 1984.

Al pie de un improvisado escritorio que nadie ocupaba permanentemente, cuatro cajas y 5,348 hojas que, según explicaron, se suponía que contenían lo requerido cuatro años atrás: 1.750 contratos.

Las cajas carecían de orden o identificación respecto a su contenido interno, contenían carpetas de color crema que parecían nuevas, pero sin numeración, nombre ni identificación y ni siquiera un gancho para conservar las hojas, cuyos papeles sueltos tampoco estaban foliados.

Ahí se pudo apreciar algunos contratos a nombre de exdiputados, como por ejemplo los de María Chelita Delgado y Javier Patacón Ortega (PRD), por ejemplo, que fueron contratados momentos en que habían perdido la curul y en plena pandemia. Por esta razón la entidad fue señalada de convertise en el cuartel de invierno de los políticos no reelectos.

Eran carpetas color crema con el contrato de servicios, donde algunos tenían una hoja en la que en dos a tres líneas escritas a mano se detallaba el trabajo.

Las funciones de los contratados eran diversas, como “ayudar a la limpieza de oficina” o “colaborando con el diputado ... para atender a las comunidades”, según citan un par de líneas.

Tampoco existe en estos papeles ninguna evidencia o informe que dé certeza de que el servicio fue brindado, aunque sí fueron pagados.

La Asamblea Nacional no permitió escanear o fotografiar los documentos, pues había que gestionar el pago de copias por un monto de $802 en una segunda diligencia, por supuestas razones de custodia de estos papeles.

Auditoría en desarollo

¿Será esta la realidad a la que se enfrentan los auditores? La Decana se lo intentó preguntar a Castañeda en repetidas llamadas a su celular y por mensajes de texto desde hace una semana, pero la respuesta no ha llegado, a pesar de la promesa de contestar cada una de las interrogantes.

Estas tácticas dilatorias se trata de “las trampas del sistema“, pues el desorden y el no tener información es la mejor manera de no tener que enfrentar estas cosas de transparencia ”, argumentó el abogado Carlos Barsallo, expresidente de la organización Transparencia Internacional.

No se trata de ocultarla, sino “un asunto muy sutil: llevarla desordenada y poco valiosa porque no se tiene la certeza de la veracidad de esos expedientes”, añadió, porque no están foliados y no se sabe si eran 10 ó 5 páginas, y probar que había en ellos es complejo.

“Hay un componente de dejadez y maldad o deseo de que gracias a este desorden no se puedan conocer los hechos”, acotó Barsallo.