Cuidado con las auditorías privadas

La Asamblea Nacional pretende contratar una firma de auditores privada para colaborar con la comisión legislativa que trabajará en las investigaciones internas sobre las donaciones y subsidios que se otorgan en ese órgano del Estado.

En sentencia del pleno de la Corte Suprema de Justicia del 3 de julio de 2014, se determinó que las únicas auditorías que tienen valor para acreditar un delito contra la administración pública son las que hace la Contraloría General de la República.

Este era el caso de la denuncia que se presentó por unas publicaciones que se hicieron en los medios, por el resultado de la auditoría privada hecha por Consultoría Financiera López Consultores, a los programas del otrora FIS.

La Corte dijo:

‘Ahora bien, tratándose de la presunta comisión de un delito Contra La Administración Pública, en la modalidad de Peculado, es necesario indicar que para acreditar la existencia de un faltante o perjuicio patrimonial a las finanzas del Estado, es menester que la Contraloría General de la República realice la auditoría correspondiente por intermedio de su personal idóneo, en este caso los auditores, quienes luego de concluida su investigación determinarán si efectivamente se ha cometido un hecho irregular que produjo como resultado una lesión al patrimonio del Estado, y quiénes estarían relacionados a esa irregularidad. En el presente caso, advierte el Pleno no se cuenta con dicho informe de auditoría, por lo que únicamente la denuncia se sustenta en esas versiones periodísticas'.

Por lo ante expuesto, afirmo que las auditorías privadas pagadas con fondos públicos para procurar determinar una lesión patrimonial al Estado, se convierten en ineficaces y podrían ser catalogadas como una lesión al patrimonio estatal, sujeto al rigor investigativo y sancionador por las autoridades competentes, ya que serán inofensivas y sin ningún valor probatorio.

DOCTOR EN DERECHO.