Pese a condena por peculado, Kennedy podría mantenerse en funciones públicas

El representante del corregimiento San Felipe, Mario Kennedy, “no tendría impedimento alguno” para ejercer el cargo en caso de ser reelecto en las próximas elecciones generales, a pesar de estar condenado.

Esa es la conclusión del fiscal electoral Dilio Arcia.

Kennedy fue sentenciado a ocho meses de prisión por el delito de peculado en perjuicio de la junta comunal por hechos ocurridos entre 1999 y 2003.

El fiscal electoral, Dilio Arcia, respondió el 14 de diciembre a una carta de Margarita García, quien le preguntó por qué el representante de San Felipe aún no había cumplido su sentencia de cárcel. También le preguntó por qué, si está inhabilitado para ejercer funciones públicas, aún se mantiene en el servicio público y no fue impugnada su postulación.

“El caso que nos hace mención guarda relación con una decisión emitida por el Órgano Judicial, razón por la cual corresponde a este y a la Contraloría General de la República verificar el cumplimiento de la pena de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, si fuera el caso que dicha pena accesoria hubiera sido impuesta a . Mario Kennedy”, señaló el fiscal.

Al analizar la sentencia, señala el fiscal en su misiva, y tomando en cuenta que el próximo periodo constitucional de gobierno empieza el 1 de julio de 2024, la pena impuesta se ejecutaría antes de esa fecha. “Por tanto, en caso de ser elegido Mario Kennedy, no tendría impedimento alguno para ejercer el cargo, y por consiguiente, adelantar una impugnación resultaría irrisorio”, recalcó.

El fiscal hace referencia a los ochos meses de condena contra Kennedy que quedó en firme en junio pasado, cuando se resolvió el recurso de casación. Sin embargo, el representante había sido condenado inicialmente a seis años en 2012, pero al acogerse a un juicio abreviado la sentencia fue reducida a cuatro años.

La pena fue apelada y en octubre de 2013 el Segundo Tribunal de Justicia confirmó la sentencia. Kennedy optó por presentar un recurso de casación y el 24 de abril de este año la Sala Penal mantuvo la condena, pero concluyó que no hubo apropiación de fondos, sino malversación, y determinó que el delito era peculado culposo y no doloso, por lo que redujo la sentencia a un año de prisión, que con la rebaja del juicio abreviado quedó en ocho meses.

La Contraloría General determinó que la lesión patrimonial fue por la suma de $441.592 como consecuencia del manejo irregular de fondos en la Junta Comunal de San Felipe entre 1999 y 2003.

San Felipe ha estado en el ojo de la tormenta este año por la discrepancia entre el padrón electoral preliminar y el censo de población de vivienda. Mientras que el padrón electoral señala que en el corregimiento existen 3.900 electores, el censo de población arrojó que en la zona capitalina viven 692 personas mayores de 18 años, con derecho a voto.

Por esta irregularidades, el juzgado electoral condenó a seis personas y otras 100 tienen llamamiento a juicio. A los condenados, cuyos nombres no fueron revelados, se les aplica el artículo 527 del Código Electoral que tipifica el cambio doloso de residencia como delito contra la honradez del sufragio.

De acuerdo con la norma, los implicados son penalizados con multas que van desde $100 hasta $1.000 días multas y la pena se duplica para quienes hayan instigado la comisión del delito.

Las investigaciones se iniciaron luego que la Asociación de Vecinos y Amigos del Casco Antiguo presentó una denuncia en la fiscalía para que se hicieran la investigaciones antes de las elecciones de mayo de 2024. El 31 de diciembre debe finalizar la depuración del padrón electoral.