Entrelíneas del 28 de marzo de 2025

Ricardo Martinelli, asilado en la Embajada de Nicaragua, fue condenado a 128 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales, y como pocos en Panamá, agotó casi todas las instancias que permite el sistema de justicia en un proceso penal. A pesar de los señalamientos de supuesta injerencia política, su sentencia quedó en firme, y en un Estado de derecho la decisión de los tribunales debe cumplirse. Asilarse en una embajada extranjera para sortear la justicia fue algo que nunca debió ocurrir. El derecho de asilo se consolidó en América Latina como una institución para proteger la vida e integridad de las personas perseguidas por sus ideas políticas, no como un manto de impunidad. Lo ocurrido refuerza la idea de que el brazo de la justicia panameña aún no es capaz de alcanzar a quienes con su dinero y poder consiguen evadirla. En ese escenario, toma la decisión el gobierno de José Raúl Mulino de otorgar el salvoconducto para que parta hacia Nicaragua. Para complicar el asunto, se trata de una medida aplicada al líder del partido gobernante, Realizando Metas, cuyas bases aún mantienen una importante fidelidad a su figura. Tomando en cuenta que gran parte de la estructura política del actual gobierno está vinculada al endoso que diera Martinelli a Mulino durante la campaña presidencial, está por verse cuál será el impacto político de la medida. Más allá de las pugnas políticas, el único interés que debe prevalecer, por encima de todos, es el del pueblo panameño.