Seguridad nacional

Los últimos 19 años, el país ha carecido de un sistema adecuado para garantizar la seguridad nacional. Esa circunstancia ha coincidido con un constante incremento de las amenazas a la seguridad de los habitantes, derivadas de un incremento de las actividades de la delincuencia internacional, con complicidades en el deterioro de las condiciones de vida de los pobres, y el auge de las actividades especulativas en el mercado internacional de capitales.

Este diagnóstico no es nuevo. La administración Moscoso lo asumió al trabajar, en diálogo con sus opositores de entonces, en la elaboración de un documento de doctrina de seguridad democrática. Pero aquel documento no se tradujo en políticas innovadoras, y el gobierno que lo avaló terminó reduciendo su iniciativa a la demanda de mayor capacidad de represión y penas más duras. La solución al problema de seguridad tenía que ser sencilla y novedosa. Se trataba de integrar mejor los recursos disponibles. Además, se trataba de comprender la seguridad como una –entre otras– de las expresiones de los múltiples problemas y conflictos presentes en ese contexto.

A fin de cuentas, lo que se ha propuesto es una solución técnica de carácter sistémico: organizar un sistema de seguridad territorial a cargo de la protección de nuestras fronteras y nuestro espacio aéreo y marítimo, otro de seguridad ciudadana a cargo de las labores policiales, y vincularlos a ambos mediante un sistema de inteligencia y seguridad, todo a cargo de una entidad pública con un mandato legal claramente definido. Pero, eso no ha de bastar, por más que constituya un primer paso hacia la creación de una sociedad que llegue eventualmente a estar en capacidad de protegerse a sí misma de los riesgos que se derivan de sus propias desigualdades internas como de los que surgen de las asimetrías del sistema internacional. En esta perspectiva, puede decirse que el gobierno ha hecho lo que debe al proponerle a la sociedad una reforma técnica y administrativa de los servicios de seguridad que está obligado a ofrecerle a la ciudadanía. No parece, en cambio, que la sociedad haya reaccionado a esa propuesta en términos correspondientes a la complejidad del problema, sino más bien en función de sus propias debilidades de organización y pensamiento.

El centro de la cuestión, en efecto, radica en que no habrá solución a los problemas de la seguridad al margen de la que demandan los problemas de la inseguridad, pobreza, desempleo, incultura y carencia de los niveles de organización popular y ciudadana necesarios para garantizar un efectivo control social de la gestión pública, y para promover – a través de su ejercicio constante - los derechos y libertades que la Constitución consagra. Pero tampoco habrá solución a esos problemas en un contexto de violencia e inseguridad. Este es, en realidad, el más importante de los problemas que subyacen tras el debate sobre la reforma de los servicios de seguridad en nuestro país. Asumirlo tendría que conducirnos a reconocer que quien desee una sociedad más segura, aspira en realidad a una sociedad diferente.

El debate nacional en torno a la reforma de los servicios de seguridad habrá valido la pena en cuanto sea capaz de abrir nuevas oportunidades a la comprensión de los dilemas que la búsqueda de la seguridad nos obliga a enfrentar.