Defensor del Pueblo

La figura del defensor del Pueblo tiene sus orígenes en Suecia en el año de 1809. Se crea una ley en dicho país, la cual establece que el Parlamento escogerá cada cierto período a una persona “notable y con trayectoria” para velar por los derechos de los ciudadanos ante el poder político o económico.

El defensor del Pueblo se convierte así en una autoridad del Estado que se encarga de garantizar los derechos de los habitantes ante los distintos abusos que se puedan cometer contra ellos. Ya para el siglo XX muchos países con sistemas democráticos empiezan a adoptar esta figura para robustecer sus sistemas de participación popular; sin embargo, no en todos va a tener la esencia de independencia de los poderes públicos y será salpicada su escogencia por los intereses económicos y de la politiquería que sirve a la corrupción como fuente de su supervivencia.

En Panamá, la creación del defensor del Pueblo se logra a través de la Ley N°. 7 del 5 de febrero de 1997. A partir de su implementación, nuestro país ha visto desfilar a cinco defensores del Pueblo, de los cuales solo los dos primeros completaron su período de manera completa (cinco años), mientras que el resto tuvo que ser separado de su cargo, debido a la vorágine de los escándalos en que se vieron envueltos. Para desgracia de los miles de panameños que necesitan ser escuchados y defendidos, la elección del defensor del Pueblo ha estado teñida de fidelidad política, mas no de capacidad e independencia.

Luego de la separación de Alfredo Castillero Hoyos (reciente defensor del Pueblo, copartidario y amigo de Juan Carlos Varela) se abre un espacio de inscripciones para completar su período vacante. A dicha convocatoria se inscribe más de una veintena de aspirantes, casi todos con un perfil profesional en sus ramas, mas no así de trayectoria de lucha por los derechos humanos.

Me tomé la molestia de investigar minuciosamente todos los nombres de los aspirantes y a mi juicio solo uno destaca por su trayectoria como defensor de la soberanía panameña y los derechos de los sectores vulnerables, me refiero a José Dídimo Escobar Samaniego, quien fuera, en la década de los setenta, secretario general de la Federación de Estudiantes de Panamá (FEP) y también ocupó cargos a nivel internacional en organizaciones de defensa de la juventud mundial.

Tengo entendido también que Dídimo ha sido protagonista de la lucha histórica por la devolución a manos panameñas de la antigua Zona del Canal y también gestor de múltiples espacios de opinión escrita y radial por los derechos de los más vulnerables en nuestro país.

Hace cuestión de dos semanas, un diario local lo mencionaba como uno de los favoritos junto a Pedro Meilán, Eduardo Leblanc y Roderick Chaverri para ocupar el cargo vacante de defensor del Pueblo, pero de forma súbita y maquiavélica fue sacado de esta lista hace apenas un par de días por la “mano que mece y abanica la corrupción en Panamá” y de los sectores que no quieren una figura independiente y luchadora, sino otro títere más de sus acciones deshonestas.

¿Qué les puedo decir de los otros favoritos del matraqueo político de la Asamblea Nacional? Pedro Meilán fue director de la Acodeco, nombrado en el Gobierno de Martín Torrijos y luego continuó en la gestión de Ricardo Martinelli. Recuerdo a Meilán por sus poses de desequilibrio constante en los medios televisivos, donde llegó a sugerir que los panameños pobres podían encontrar “diversión en los cines de Calidonia “los cuales ya tenían más de treinta años de haber desaparecido”. Fue el mismo que propuso que el pan fuera pesado, lo cual aumentó el costo para su adquisición sobre todo de la gente pobre. No hizo nada para frenar el alto precio de los productos de la canasta básica familiar y sus presentaciones cotidianas solo avivaron las llamas del espectáculo público. Instaba a los ciudadanos, en su abierta defensa de la libre competencia, a que se pasearan por todos los centros comerciales a efectos de encontrar los mejores precios, como si la gente no tuviera otra cosa que hacer, irrespetando la dignidad de las personas.

Eduardo Leblanc tengo entendido que está ligado al sector de la banca y al negocio familiar de funerarias, pero nada que ver con trayectoria de defensoría. El señor Roderick Chaverri tengo entendido que es abogado y amigo de ciertos diputados, pero más nada.

La elección del próximo defensor del Pueblo no puede seguir el mismo patrón de “amiguismo” o proximidad política, ya que este puesto es demasiado sensitivo para que siga en las manos del “adormecimiento” y el “quietismo” que prefiere mirar hacia otro lado antes que tocar cayos de poderosos. Los diputados independientes y de partidos deben despojarse de las malas pasiones y de las presiones de los conocidos “caciques” que le han hecho un daño enorme a la noble profesión de hacer política.

Si la justicia, la imparcialidad y la voluntad de hacer cosas positivas se impone en la Asamblea Nacional, José Dídimo Escobar debe ser elegido como el próximo defensor de los panameños y le daría el realce que dicha institución ya se merece.