Denuncias y realizaciones

La historia política del país enseña que todo nuevo gobierno dedica sus primeros meses a censurar la gestión oficial de los reemplazados. Esta práctica puede obedecer a dos razones: una, que el reproche es absolutamente justo y necesario; otra, que se quiere ganar tiempo, por razones diversas, para iniciar el cumplimiento de las promesas electorales. Ese recurso podría estar destinado a cubrir el flanco popular siempre sediento de lo espectacular. Pero para otros sectores la simple denuncia de la conducta de los reemplazados podría apreciarse como relevante, pero insuficiente o incompleta. Todo gobierno entrante desde sus tempranas horas debe concitar primordialmente el interés nacional en las iniciativas que implican nuevas políticas de Estado. Dar prioridad a la denuncia de los ilícitos y dejar de lado los programas de envergadura, podría ser interpretado como un modo de encubrir impericias o imprevisiones.

El andar de todo gobierno debe darse sobre líneas paralelas: un paso en defensa de la probidad y otro para ejecutar aquello que definió el voto popular.

En relación con la indeclinable lucha contra la corrupción, el gobierno debe concretar ante el Ministerio Público todo lo que denunció cuando era oposición. Reiterar desde el gobierno en los medios de comunicación lo que ha venido pregonando durante muchos años, podría significar que el propósito cierto es buscar el descrédito del adversario y no la verdad y la justicia. Esta tendencia es estrictamente sectaria y se basa en una percepción engañosa o impropia de la capacidad de respuesta del adversario. Esta capacidad quedaría congelada si el gobierno lleva los casos reiteradamente denunciados al Ministerio Público, porque esa es la alternativa legalmente correcta y nadie podría oponerse a ella, sobre todo los afectados. Y no quedaría congelada la reacción opositora, sino motivada, si el nuevo Ejecutivo prefiere el hostigamiento a los colectivos que tuvieron responsabilidad gubernamental en el quinquenio anterior.

La respuesta del expresidente, Ricardo Martinelli a quienes lo consideraron pastor de botellas en el mal llamado Ministerio del Canal fue todo un bumerang para quienes la provocaron. La actitud de respeto a la opinión pública adoptada por Martinelli, es la que debe asumir la jerarquía política del gobierno anterior. El debate aclaratorio y no crispante, la explicación exigida, serena, reflexiva y cerebral, es obligante en un estado de derecho y es, asimismo, oxígeno purificador para la democracia. El exvicepresidente Bazán ha criticado el silencio, hasta hoy, de los exfuncionarios ante el vapuleo incesante del nuevo gobierno.

El mismo gobierno atemperaría su discurso y no caería en excesos si sintiera la presencia de una oposición dinámica y altiva. No caería, por ejemplo, en la exageración de acusar de negligencia la falta de luces para enfrentar la neblina en el puente del Centenario. Si ello fuera así, advertiríamos negligencia mayor al construirse la carretera David-Boquete o la de Concepción-Cerro Punta, casi siempre cuajada de neblina, sin contar con un solo farol para abrir paso conductor. Tampoco hubiera caído alguna autoridad en el insólito show montado con la detención y abordaje de un camión que transportaba enseres de la ex primera dama. Si los bienes eran del Estado, ya el Ministerio Público debería tener una información pública sobre las sumarias iniciadas; y si no lo eran, la misma autoridad interventora tendría que aclarar su error o inaudita e increíble persecución. Tales son los procedimientos en un país que se rige por normas jurídicas.

En razón de lo expuesto, en el campo de la lucha contra la corrupción la disyuntiva es clara: o el gobierno recurre al Ministerio Público para que la imparcialidad asuma su papel, o se provocará tal controversia que quedarán rotos los tejados de vidrio -tan abundantes en todos los sectores-, y los rabos de paja de todos los signos y colores arderán hasta convertirse en cenizas. En este sentido el Ministro de Salud, Camilo Alleyne, estableció la línea correcta al negarse a hacer comentarios sobre las denuncias contra el exministro Gracia y prefirió, para actuar, el resultado de las auditorías que se vienen practicando. El ministro Alleyne no se sumó al coro de quienes ya han sentenciado y hasta fusilado moralmente al ex ministro.

La mayor lesión al orgullo de un país como Panamá, es generar tal ambiente de sospecha que haga sentir al panameño que vive entre autores, cómplices o encubridores. Y lo peor es que esa sospecha no excluya a nadie, ni a diablos, por supuesto, ni a santos, por desgracia.

Lo que igualmente se debe profundizar es el cumplimiento de todo lo prometido para construir una patria nueva. El gobierno debe dar señales de que ya se transita por la línea paralela. He aquí algunas recomendaciones adicionales a las presentadas en un artículo anterior. En este país todos comentan que los consulados son fuente de corrupción. Se dice que de los ingresos del cónsul fluyen múltiples repartos. Se trata de una salpicadura histórica. Hay ciertos consulados que convierten al cónsul de simple garrapato en un potentado. Estos vicios, muy visibles, por cierto, son de la “patria vieja”. ¿Qué debe hacer la “patria nueva” para no quedar reducida a un simple enunciado electoral? Debe hacer lo que recomendó la Comisión Presidencial Anticorrupción: establecer un salario fijo para cada cónsul como ocurre con todos los empleados públicos del país. ¡Hágalo, señor Torrijos! Detenga por fin ese sistema de privilegios que impera desde tiempos remotos en el cuerpo consular.

Se debe derogar el Decreto 80, dictado en la época del Presidente Lakas, que autoriza la exoneración del impuesto de importación de automóviles en beneficio de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y que concede, tengo entendido, equis cantidad de galones de gasolina mensual para uso de dichas dignidades.

Igualmente se debe eliminar la disposición que autoriza conceder licencia con sueldo a todo miembro del magisterio que sea elegido representante o legislador. Este privilegiado recibe graciosamente dos salarios, uno por no trabajar y el otro por lo mismo.

Estos son temas que deben concitar el interés nacional para estructurar una “patria nueva” y para concretar las promesas electorales. El Estado espera las nuevas realizaciones, y los tribunales las denuncias de vieja y nueva data.

Publicado originalmente en Testimonio de una Época, volumen II, 18 de septiembre de 2004, págs. 244-246