Jueza llama a juicio a Adolfo “Chichi” De Obarrio para mayo de 2023

Adolfo De Obarrio, exsecretario privado de la Presidencia de la República en la administración 2009-2014, fue llamado a juicio por supuesto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

De Obarrio, junto a otras dos personas, enfrentarán un juicio que tiene fecha de audiencia ordinaria el 2 de mayo de 2023, a las 9:00 am, y como fecha alterna el 1 de agosto del mismo año.

La jueza de liquidación de causas penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Clelia De La Rosa, abrió la causa penal contra las tres personas. 

Asimismo, la juzgadora también declaró con lugar el seguimiento de causa penal contra una cuarta persona (mujer), por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.

En la resolución, dictada por la jueza De La Rosa, mediante auto de llamamiento n.° 21 de 14 de noviembre, también se rechazó por improcedente un incidente de doble juzgamiento presentado por el abogado defensor particular Ronier Ortiz.

También el tribunal accedió al cambio de medida cautelar impuesta a la madre del exsecretario presidencial, por el reporte obligatorio ante la autoridad competente los 15 y 30 de cada mes, aunado a mantenerle la prohibición de salida del país.

Ello obedece, según la jueza, a su avanzada edad y a que no representa riesgo de destrucción de evidencia o desatención del proceso.

La jueza designó a miembros de la Defensoría Pública en el evento de que no comparezcan al acto de audiencia los defensores técnicos particulares.

Este expediente, que consta de 40 tomos, tiene su origen en 2016 con un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, por un posible incremento injustificado del caudal patrimonial de un exservidor público que ejerció las labores de secretario privado de la Presidencia del 2009 al 2014, figura delictiva de la cual también se vieron beneficiados familiares y allegados del exfuncionario.

La investigación está sustentanda en el informe de Auditoría Núm. 04-2016-DIAF emitido por la Contraloría General de la República, conforme al incremento patrimonial injustificado del exsecretario Privado Presidencial y exdirector Ejecutivo Institucional del Ministerio de la Presidencia (2009-2014).

En dicho informe se determinó que, en el periodo del 1 de julio de 2009 al 30 de junio de 2015, el exsecretario privado presidencial obtuvo recursos provenientes de fuentes conocidas por el valor de $1,011,265.15; mientras que el total de los recursos monetarios utilizados totalizaron $4,738,235.73, estableciéndose una marcada diferencia de $3,726,970.58.

Según la investigación del Ministerio Público el exfuncionario, a nombre propio y a través de interpuestas personas, realizó compras de lingotes de oro, propiedades, inversiones, pago de tarjeta de créditos, pagos a préstamos hipotecarios, compra de póliza de seguro, compra de joyas, transferencias bancarias internacionales, entre otros; con el propósito de eludir u ocultar el origen ilícito de los dineros adquiridos durante el período en que fungió como servidor público.