Hace pocos días, la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto que modifica el artículo de la Ley General de Cultura (175 de 3 de noviembre de 2020), y con ello devuelve al control de MiCultura 22 centros educativos e institutos técnicos de Bellas Artes y Folclor del país con su respectivo presupuesto, bienes e infraestructura. La medida supone procurar a los niños y jóvenes el espacio para la educación artística de manos de “personal docente y administrativo que entiende y respira cultura día a día”, un espacio donde pueden hacer mayor diferencia. Y, ciertamente, los cinco años en que estos centros estuvieron bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación no representaron una mayor diferencia para los estudiantes ni para el cuerpo docente. Regresar a los orígenes, en espacios donde se respira cultura día a día, tiene mucho sentido, pero queda un gran pendiente, pues, aunque estas escuelas han sido a lo largo de su historia cuna de talentos artísticos y culturales, deben aportar a quienes han pasado por sus aulas los créditos que puedan convalidarse con instituciones superiores para garantizar así un posterior crecimiento que podría darse tanto tanto en universidades locales como en el extranjero. Con ello, se le da a la educación artística la importancia que merece.

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