Gobierno sabía del peligro de explosivos en la mina desde 2024

Tomó seis meses para que el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, visitara la mina Cobre Panamá en Donoso. El domingo en la tarde, Navarro reportó la presencia de 7.960 toneladas de nitrato de amonio, luego de una gira junto con el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, a la mina.

“Este producto es altamente explosivo. Hace unos años, en un puerto en el Líbano, dónde había 1/6 parte de la cantidad de nitrato de amonio que hay aquí, hubo una explosión masiva, catastrófica”, advirtió Navarro. “Por la seguridad de todos los panameños hay que sacarlo de Panamá, y eso es lo que tiene que hacer nuestro gobierno lo antes posible”, acotó el ministro.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, había manifestado anteriormente que no existían riesgos ambientales o de seguridad inmediatos en el proyecto, pero ahora sus ministros están tomando acciones.

El lunes 13, el Ministerio de Seguridad emitió un comunicado afirmando que “se constató la presencia de materiales altamente explosivos en la mina, lo que subraya la urgencia de tomar medidas inmediatas” y adelantó que la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (Diasp) en colaboración con el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) iniciarán el proceso de remoción.

La visita de los ministros no fue una sorpresa; gerentes de Cobre Panamá guiaron a Navarro y Ábrego por Puerto Rincón, donde se encuentra almacenado el nitrato de amonio.

“Este encuentro reafirma nuestro compromiso con la transparencia, tanto con el gobierno como con la población, destacando nuestro Plan de Preservación y Gestión Segura, diseñado para garantizar la estabilidad del sitio, proteger nuestros activos y velar por el bienestar de nuestra gente y del medio ambiente”, detalló la empresa a través de un comunicado.

El nitrato de amonio es un material usado comúnmente en minería para explosivos. Zorel Morales, de la Cámara Minera de Panamá, reconoce que existe peligro si no se toman acciones. “El nitrato de amonio que existe en la mina está guardado en condiciones especiales. Sin embargo, no se debe guardar una sustancia como esta por tiempo indefinido porque evidentemente aumentan los riesgos. Aunque esté en el lugar adecuado, nunca se sabe qué accidente puede suceder”, previno Morales.

No se sabe cuánto tiempo tiene este material en Panamá, pero ya en octubre del año pasado, la empresa había convocado a una reunión con representantes de la Dirección de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), la empresa Austin Powder encargada del manejo del nitrato de amonio, el Servicio Nacional de Fronteras y la Diasp del Ministerio de Seguridad. El grupo Guerreros del Mar fue notificado un día antes. Señalaron que estas “reuniones relámpago” son hechas para que asista el personal de la empresa y que no se invita a los residentes de la comunidad.

“Lo poco que sabemos es lo que sale en televisión”, cuenta Gilberto Cholo García, residente de la comunidad de Gobea, cercana a la mina. “Si en televisión no sale nada, pues dé por hecho que nosotros acá no sabemos nada”.

García cuenta que al llegar la mina les prometieron el paraíso. Lamenta que la realidad es otra. “Ahí no tienen letrina, no tienen servicio de agua, no tienen electricidad, no tienen escuelas, no tienen camiones para sacar los productos, están cercados, el agua que toman es agua cruda que puede estar contaminada. Si tengo 10 dólares tengo que comprar dos libras de arroz, una libra de sal, una libra de azúcar y gastarme de 5 a 6 dólares en agua porque no podemos tomar el agua de las quebradas. ¿Es eso correcto y justo?”, cuestionó.

Para Isaías Ramos, del Centro de Incidencia Ambiental, el Gobierno debió asumir la responsabilidad del proyecto luego del fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia. “A partir del fallo de la Corte, era el MICI el que tenía que darle un manejo a todo el material dentro de la mina, tomando control de la zona como zona industrial y establecer el manejo adecuado de cada uno de los productos dentro de la zona”, afirmó Ábrego. “Ese fallo fue en 2023. Básicamente pasó un año sin darle ningún tipo de manejo. Lo que tenía que deslindar el gobierno eran las competencias de cada una de las instituciones”, añadió.

En febrero del año pasado, se emitió una resolución de gabinete instruyendo al MICI y MiAmbiente para que adoptaran medidas administrativas que garantizaran que Minera Panamá ejecutara el Plan de Preservación y Gestión Segura, como primer paso hacia un Plan de Cierre Definitivo. Sin embargo, el plan mismo nunca fue aprobado explicítamente y el cuidado de la mina se mantiene básicamente al criterio de la empresa.

No se ha confirmado aún si la empresa asumirá los gastos, aunque el ministro de Ambiente manifestó respondiendo a un comentario en redes sociales, que recomendarán que lo pague la mina o la empresa Austin Powder.