La reciente salida de uno de los fiscales que forma parte del equipo que investiga el caso Odebrecht deja dudas sobre un proceso judicial ya accidentado y con varias posposiciones. Aunque el nuevo procurador de la Nación, Luis Gómez, aseguró que esa renuncia del fiscal supuestamente no afectará el caso, el hecho preocupa y nos recuerda los problemas de la justicia penal en Panamá. La reforma a la justicia es una de las grandes deudas pendientes con la institucionalidad democrática del país, es por eso que urge acelerar la estabilidad de los funcionarios en el Ministerio Público, de tal manera que estos no estén a merced de las presiones políticas y así poder darle mayor estabilidad a una entidad clave en el sistema judicial. Panamá tiene el vergonzoso deshonor de estar entre los pocos países de América Latina donde no hay una sola condena por el caso Odebrecht, a pesar de que la empresa reconoció en tribunales de EE.UU. que coimeó en nuestro país. Sin justicia, no hay democracia.

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