Hoy correspondía iniciar el juicio del caso Odebrecht en Panamá, uno de los mayores escándalos de corrupción del país y América Latina, que involucra a decenas de personas en una trama de coimas por contratos, y en el que participaron empresarios, exministros y dos expresidentes de la República. Su posposición para enero de 2025, aunque cumple con la ley, alimenta la idea de que el brazo de la justicia trata con terciopelo a figuras cercanas al poder, en contraste con la dureza de los tribunales contra el panameño común. Una causa compleja, a la que se suma el posible impacto de las decisiones judiciales dadas en Brasil, donde se anularon pruebas que podrían tener relevancia en el caso. Lo que pone más presión para el Ministerio Público, en contar con los elementos que le permitan probar los delitos y conseguir condenas, en caso de hallarse culpables a los implicados. Odebrecht reconoció ante los tribunales de EE.UU. que pagó sobornos en Panamá. Si este caso fracasa por errores de la Fiscalía, abusos de la defensa o fallas del mismo sistema, será un durísimo golpe para la institucionalidad del país con consecuencias inciertas.

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