Soberanía alimentaria

Primero que todo es necesario tener muy claro el concepto de soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria, de manera sencilla, es el derecho de los pueblos a decidir sobre la forma de producción, distribución y consumo de los alimentos de manera sostenible y ecológica, destinada a la seguridad alimentaria, es decir, al acceso físico y económico a alimento suficiente, seguro y nutritivo para satisfacer las necesidades alimenticias de toda la población. Es decir, tener plena soberanía para decidir que se cultiva y que se come.

Es necesario que nuestros agricultores puedan decidir qué cultivan, que tengan acceso a la tierra, al agua, a la semilla y que nosotros, los consumidores, tengamos toda la información sobre lo que consumimos, que podamos saber cuándo un alimento es transgénico o no.

Para nuestro caso, aún no se fortalece ni se apoya el concepto de seguridad alimentaria, a pesar de que el gobierno defiende a los productores nacionales, pero encuentra a muchos comerciantes y distribuidores que se quejan por impedir las importaciones de algunos productos. Los tratados de libre comercio destruyen la posibilidad de construir y fortalecer la seguridad alimentaria. El alza de los precios de los fertilizantes nitrogenados agudiza más la crisis alimentaria, aunado al alza de precios de granos, vegetales, frutas y esencialmente del arroz, parte fundamental en la comida panameña. Por tal motivo, la Unión Campesina Panameña exigen una reforma agraria igual para todos, mayores políticas, recursos y oportunidades para la producción y comercialización de sus productos, intercalando seminarios, intercambios sobre agricultura sostenible, la seguridad y soberanía alimentaria, como agudizar la lucha contra los monocultivos, los transgénicos y los agrotóxicos. Todos estos comentarios nos inducen a proponer mejoras en la infraestructura en el campo, facilitar el acceso a servicios financieros rurales, como créditos y financiación, invertir en la producción agroecológica, promover la productividad de la tierra y del trabajo.

Es necesario fortalecer la inversión y la tecnología en el sector agropecuario, fortalecer la agricultura rural, sacar del mercado a los distribuidores y comerciantes que encarecen los productos agrícolas al consumidor final. El Estado debe construir el puente entre productores agrícolas y consumidor final.

Todo bajo la estructura de una soberana y justa política agropecuaria nacional, reactivar la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos, el programa de “Estudiar sin Hambre”, el FECI, el Instituto Técnico Superior de Agrotecnología de las Américas, el SENTA, el Consejo Nacional de la concertación del Sector Agropecuario, la agricultura familiar.

En fin, ahora que estamos lentamente superando la pandemia y la crisis nacional producto del alza de los precios del combustible, de los precios de la canasta básica y los medicamentos de salud, el Estado debe redireccionar estas políticas agropecuarias, garantizando la recuperación, desarrollo, fortalecimiento, competitividad y sostenibilidad económica del sector agropecuario nacional.

Como diputado apoyo la propuesta del diputado Eric Broce, que establece un margen de ganancias, para empresas intermediarias, fabricantes, importadoras y distribuidoras, que se les fijará en un máximo de 25% por unidad. Agrego, de manera similar, establecer un margen bruto máximo de venta de 15% para los insumos agropecuarios. Igualmente, se hace necesario tener más control a las importaciones alimentarias que llegan a Panamá, esencialmente de carnes de res y porcina, arroz, trigo y maíz.

Máxime cuándo la cadena agroalimentaria está controlada en cada uno de sus tramos, semillas, fertilizantes, transformación, distribución, etc., por multinacionales que consiguen grandes beneficios gracias a un modelo agroindustrial liberalizado y desregularizado. Este monopolio y concentración global, permite un fuerte control a la hora de determinar qué consumimos, a qué precio, de quién procede, cómo ha sido elaborado. El mercado alimentario mundial, en el que cada vez hay más cantidad y variedad de productos, está manejado por 10 grandes empresas multinacionales que controlan la mayor parte de los productos envasados que comemos (Nestlé, PepsiCo, Unilever, Coca-Cola, Mars, Mondelez, Danone, Associated British Foods, General Mills y Kellogg's).

Viendo este panorama desde lo nacional e internacional, es imprescindible reivindicar nuestro derecho a la soberanía alimentaria, permitir que nosotros decidamos las políticas agrícolas y de alimentación, que regulemos la producción y el comercio agrícola nacional/internacional, solo así llevaremos al país a un desarrollo sostenible y garantizar la soberanía alimentaria para todos.