• 26/11/2024 02:17

Señor presidente: ¡hay que encarrilar lo que va descarrilado!

Si algo ha quedado patente en las primeras rondas de la consulta que realiza la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional es que, a menos que vuelvan a imponer practicas dictatoriales, similares a las que usaron para aprobar en 48 horas el contrato de la minera o, más recientemente, cancelar las vistas en la Comisión de Presupuesto, será imposible votar, en el plazo para el cual fueron convocadas las sesiones extraordinarias, el proyecto de ley 163, propuesto por el Órgano Ejecutivo para reformar la Ley 51 de 2005, orgánica de la Caja de Seguro Social, .

Según fuentes de la Asamblea, para la primera fase esperan turno para participar más de 500 organizaciones y ciudadanos y ciudadanas. Por tanto, al ritmo y en las circunstancias poco prometedoras en que transcurre la segunda fase de las consultas, con las giras que se harán a lo largo y ancho del país, bien podría extenderse hasta fechas coincidentes con el frenesí que es tradicional, en Panamá y en el mundo, cuando se acercan las navidades y la víspera del nuevo año.

En su diseño del proceso, el Órgano Ejecutivo, cabría suponer que, deliberadamente (pero, por ahora, concedámosle el beneficio de la duda) o sin calcular debidamente los tiempos, escalonó los dos temas que eran las prioridades de su primer semestre al frente de la administración del Estado: el Presupuesto General, tanto para hacer ajustes al vigente como para sacar adelante el proyecto para el 2025, y la crisis de la seguridad social, en general, pero más específicamente, del programa de Invalidez, Vejez y Muerte.

En la forma como abordó el primero, como demostraron las idas y venidas y los “tira y jalas” que caracterizaron tanto “los ajustes” al Presupuesto en ejecución, como lo accidentadas, por denominarlas generosamente, de las presentaciones y retiros, “sin permiso o con permiso o con presiones o sin ellas” del proyecto para el 2025, pocos conocen a ciencia cierta sus versiones finales, y ninguno de los responsables las ha podido detallar y explicar, especialmente porque hemos sido testigos de las incertidumbres creadas por la desenfrenada carrera de los últimos días para aprobar toda clase de “traslados de partidas”.

El diagnóstico de lo que llevamos visto y vivido de los primeros meses de la nueva administración, por las circunstancias en que se han desarrollado, es de justificada y creciente preocupación, y el pronóstico, muy poco alentador, especialmente porque aumentan las voces y opiniones, de evidente fundamento, que recomiendan la modificación de los plazos fijados por el Órgano Ejecutivo y que sería prudente que este les prestara debida atención.

Una estimación, optimista, de los días hábiles que consumirán las dos fases de las consultas que adelante la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, nos coloca en el umbral de las fiestas de fin de año. En tales circunstancias, siendo realistas, materialmente no quedaría tiempo ni siquiera para que esta pueda elaborar el informe que resumiría los resultados y las conclusiones del primer debate y mucho menos para el segundo debate constructivo y sosegado de un proyecto de esa envergadura, que definirá el futuro de nuestra seguridad social y, sin que sea necesario exagerar, afectará los cimientos de nuestra vida como sociedad, cuando esta pretende avanzar hacia un desarrollo humano sostenible. A estas alturas y con las incertidumbres saturadas con interrogantes que merecen respuestas, que deben ser claras y alentadoras, se impone hacernos la siguiente pregunta: ¿conviene seguir trillando en un proceso que presagia intranquilidad y sacudidas sociales, antes que esperanza de soluciones de largo plazo, auténticamente reparadoras?

Señor presidente: confiando en que a usted y el gobierno que preside los motiva la aspiración de solucionar, desde sus raíces el problema que es la mayor crisis de nuestro presente, en nombre de los miles de ciudadanos que lo votamos o que no lo votaron el pasado 5 de mayo, le proponemos que considere corregir el rumbo tomando las siguientes medidas prácticas y, a la vez, preventivas: 1) Posponer para las sesiones ordinarias, que comienzan el 1 de enero de 2025, la discusión a fondo del proyecto de ley 163; 2) Continuar dedicando lo que resta de tiempo útil y aprovechable de 2024 a las consultas del proyecto y solicitar que en este período se presenten públicamente y se sustenten, por escrito, las propuestas de modificaciones al proyecto de ley 163, y 3) Y, tal vez, la más importante circunstancialmente, modificar el Presupuesto del 2025, para incluir el anunciado aporte del Estado para solventar el déficit actual del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte.

La inclusión en el Presupuesto del 2025 de la partida prometida e incluida en el proyecto de ley 163, sin perjuicio de que pudiera ser ajustada durante el transcurso de la ejecución presupuestaria del próximo año, ayudaría a crear el clima necesario para que el proceso, en buena hora impulsado por su gobierno, pueda desarrollarse sin sobresaltos y, eventualmente, arribar a buen puerto, que es el objetivo al que aspiramos todos.

*El autor es abogado

Lo Nuevo
Suscribirte a las notificaciones