Harley Mitchell: ‘El destino del dinero de la mina debe ser la remediación ambiental’

Con el inicio del año 2025, el Gobierno Nacional retomará la conversación sobre el proyecto minero Cobre Panamá, cuyo contrato generó la ola de protestas más importante en la historia reciente del país. En ese contexto, que plasma un contraste entre desarrollo económico y la conservación del medio ambiente, el abogado ambientalista, Harley Mitchell, explora los entramados jurídicos que rodean, también, a la Ley 407 del 3 de noviembre de 2023, que estableció una ‘moratoria minera’.

En entrevista con La Decana, el abogado aborda también el papel de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los grupos ambientalistas, el Gobierno y el rol que han jugado en proyectos como el de Puerto Barú, en la provincia de Chiriquí.

Cualquier actuación administrativa, como por ejemplo la aprobación de un estudio de impacto ambiental, puede ser sometida a escrutinio por parte de la CSJ. Esto hay que dejarlo claro, cualquier aprobación del Estado que tenga una manifestación administrativa puede ser vulnerable a un ataque legal y constitucional. El hecho de que estos ataques legales o constitucionales ante la CSJ cumplan con los requerimientos formales y de fondo ya es otra cosa. Lo positivo de la decisión de la Corte es que se da un equilibrio entre el tema de ambiente y desarrollo, porque no como ha dicho el presidente de la República, ni la Corte ni los entes colegiados que tienen magistrados están capacitados para tratar temas de especialidad ambiental. Estos corresponden al Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Ambiente [encargado de evaluar estudios de impacto ambiental].

El sector ambientalista es uno de los que más ha crecido en cuanto a credibilidad y simpatía de las personas luego de lo ocurrido en el año 2023 con la debacle de la minera. Debo recordar que el desarrollo sostenible no es solamente para ese sector de la población, también lo es para el sector Gobierno y para el sector privado. En el medio tiene que haber un equilibrio (...). Podemos tener una opinión, todos tenemos ese derecho. Pero una cosa es la opinión y la posición política sobre el tema de los puertos en los manglares, cuando el derecho nos está diciendo que los manglares pueden ser utilizados siempre y cuando sea compensado o mitigado cualquier tema que los pueda afectar.

Lo que el Estado debería hacer es transparentar. Estamos en un momento donde las relaciones entre el Estado y la sociedad están tan tensas, que cada vez que algún emprendimiento o algún particular va a tocar un recurso natural enseguida en nuestro imaginario tiene que ser ilegal. No necesariamente.

Yo creo que el Ministerio de Ambiente (Mi Ambiente) ya lo es. He tratado y asesorado sobre varios estudios de impacto ambiental y son muy rigurosos en ese sentido y cada vez lo son más. Incluso hasta el sector sociedad civil contribuyó en el nuevo decreto de evaluación de impacto ambiental que es el Decreto Ejecutivo 1 del primero de marzo del 2022. Es un decreto importante porque hace más rigurosa y más poderosa la gestión de Mi Ambiente sobre cualquier emprendimiento, no importa su categoría. También para otras entidades con competencia ambiental, como la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

En el expediente que reposa en la Dirección de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) está precisamente la actividad de remediación que está haciendo la empresa minera y en ese expediente, la misma empresa ha identificado su vulnerabilidad [ambiental], pero también ahí están las medidas de mitigación.

Siempre la labor ecologista es la de alertar para excitar otras labores, de modo tal de que nos encontremos en un campo de juego nivelado. Esta empresa, que se está autoauditando para remediar lo que provocó, está actuando de acuerdo a lo que dice la ley. Sin embargo, es necesario que el Gobierno tome alguna medida ya sea aprobatoria de esas medidas o no.

Toda persona natural o jurídica debe prevenir y remediar la contaminación ambiental, esto lo dice el artículo 109 de la ley general del ambiente. Aunque nadie ha declarado a la empresa culpable de contaminación ambiental, el Ministerio de Ambiente le ha colocado varias multas, sin embargo, a mí me parece que si la empresa se va y deja todo así, sería otro sujeto de irresponsabilidad ambiental y tendría que ser sancionada.

Los yacimientos son del Estado, esto lo dice la Constitución, pero separado el mineral del yacimiento, lícitamente, el material pertenece al concesionario. La concesión duró un mes [octubre-noviembre 2023], así que en principio, el dilema jurídico que vería la auditoría es que este material extraído en un mes pertenecería a la empresa. Cualquier otro material extraído fuera de la vigencia del contrato ley no sería de la empresa, sería del Estado panameño. Este es el dilema que se está observando y lo debería ver la auditoría, que sin duda tendría una un segmento jurídico. Independientemente si el material es de Panamá o de la empresa, mi idea desde el principio ha sido que el destino del dinero, si se llega a vender el material, debe utilizarse en una remediación ambiental.

Necesitamos mayor claridad en cuanto a lo que el Gobierno quiere hacer. No es suficiente decir que con abrir se salva la economía, porque tendemos a asumir que los emprendimientos privados van a tener dinero, ¿qué ha ocurrido con los dineros de los emprendimientos privados? Ni siquiera se sabe. Para la gente ya no es suficiente con saber que la mina eventualmente abrirá y vendrá dinero, porque puede que no vea ese dinero. Tiene que existir algún tipo de dimensión económica creíble y debatida que normalice la gestión, porque no podemos seguir teniendo ningún tipo de actividad económica extractiva en Panamá que siga con este halo de misterio, incluso de cogobierno. Con el tema de los contratos, leyes o concesiones administrativas de Minería, eso ya se acabó. La ley 407 de 2023 prohíbe las concesiones. Lo único que queda es que el Estado lo haga directamente.

La única manera de revertirse sería que se declarara inconstitucional o que ocurriera una ley posterior que la superara. Llama la atención algo que es importante: la ley se llama moratoria pero en su texto establece una prohibición al Mici de otorgar concesiones. Las personas entusiastas de la minería señalan que es inconstitucional a rajatabla. Yo no lo señalaría tanto, sí diría que puede tener problemas constitucionales en el sentido de que la Constitución dice que se otorgarán concesiones y viene una norma infraconstitucional y dice que se prohíbe. Luego dice que es moratoria, pero después prohíbe las concesiones. Sí vamos a reconocer que es una norma que tiene problemas, recordemos que se aprobó también en un momento emotivo de los Diputados en una coyuntura política. Hay una cosa que vaticino: esa norma no va para ningún lado en el futuro mediano o lejano.

El impacto ambiental de dividir un continente en dos es incalculable. Debemos tener autocrítica con respecto al Canal, debemos saber que ha sido un sacrificio ambiental enorme y que en su día generó el rechazo en la población, primero por el tema de los tratados e incluso hoy día muchas personas tienen renuencia con la propia Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y las actividades que realiza junto con el Gobierno. Pero, si tenemos un grupo de profesionales dentro de la ACP que han podido mantener y paliar los impactos ambientales enormes de tener un país partido en dos, yo creo que no hay actividad que los profesionales panameños no puedan tratar para mitigar los impactos ambientales y generar riqueza para el país. Esto no solo hay que decirlo, hay que serlo, con datos, información y transparencia, no con propaganda, como hizo el Gobierno pasado.