¡Primero el tronco y después las ramas!

Desde los tiempos de la campaña electoral, cuando varios de los candidatos vendían sus soluciones para los problemas nacionales, entre los que, como era ineludible, ocupaba lugar preeminente la crisis de la seguridad social, he venido recomendando, y así lo repetí en mi presentación durante la consulta pública, ante la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social que, para que el debate sobre las “medidas salvadoras de la Caja de Seguro Social” pueda arribar a buen puerto, es esencial distinguir lo medular de lo accesorio y, por tanto, concentrarse primero en sus aspectos fundamentales.

Las dos prioridades esenciales son: 1) Garantizar el pago completo e ininterrumpido de las pensiones y, 2) Definir la naturaleza del sistema. Desde luego, hay otros temas como la pronta y diligente atención de los asegurados, la falta de medicamentos, la mejor inversión de las reservas o la administración eficiente de la institución; pero es obvio que, por tener diferentes causas, también tiene diferentes formas o urgencia en cuándo y cómo deben ser solucionados.

Garantizar la salud y los medios de subsistencia de los gobernados es una responsabilidad primaria del Estado, y quienes lo gobiernan deben, porque para eso pidieron ser y fueron elegidos, dedicar todos sus esfuerzos a cumplir esa obligación.

Parte de esa responsabilidad, más específicamente, la mayor parte de ella, es atendida por la seguridad social, que la sostienen sus contribuyentes: los trabajadores cotizantes, los patronos y en mucha menor proporción el Estado. Es, precisamente, por esa razón que el Estado, ante la crisis por la que atraviesa la seguridad social, debe asumir una mayor cuota de responsabilidad mediante el incremento de su aporte, que debe ser incluido anualmente en el Presupuesto General del Estado que, que quede claro, no es un acto de generosidad, sino una obligación, especialmente si, como en nuestro caso, han sido los malos gobernantes los principales responsables de esa crisis.

En el proyecto de ley 163, tal vez la propuesta de mayor calado es la que fija el aporte anual, vía del Presupuesto, que debe hacer el Estado a la seguridad social. Pero es absolutamente inexcusable que, en lugar de haber anunciado e incluido directamente esa partida en el Presupuesto de 2025, se la haya pretendido utilizar como “carta de negociación” para imponer una reforma que, por sus alcances y amplitud, merecía, como la está teniendo, una discusión sosegada y “sin chantajes” contraproducentes.

Pero lo que comenzó mal no tiene porque terminar igual. Y la solución la sigue teniendo en sus manos el órgano Ejecutivo. Bastaría que en el tema de la aportación del Estado a la Caja de Seguro Social, por su iniciativa, pues es el que puede hacerlo, se modifique el Presupuesto y se la incluya, sin esperar a la aprobación de las reformas definitivas. Esa sola medida propiciaría las condiciones para que el debate de las reformas pueda desarrollarse sin sobresaltos. Y, por resuelto ese tema medular, el debate debiera poder concentrarse en el segundo aspecto sustancial: definir la naturaleza del sistema, que consiste en decidir si será solidaria o individualista.

Para los diputados que tienen en sus manos las decisiones sobre los más de 210 artículos que comprende el proyecto de ley 163, haberlo dividido en bloques de acuerdo a su secuencia numérica puede que se justifique de acuerdo a las prácticas parlamentarias, pero ese procedimiento los obligará a dedicar largas horas a temas que, comparados con los verdaderamente medulares, tienen muy relativa importancia. Razonable, por tanto, fuera que de ellos mismos naciera la iniciativa de abordarlos, según su mayor o menor envergadura conceptual y trascendencia. O, en otras palabras, concentrarse en el tronco, en lugar de las ramas.

Muchos de los textos propuestos dedican muchas frases a declaraciones que desde luego son importantes o que precisan conductas que deben ser obligaciones consustanciales a una buena gerencia, pero no son los que concitan las mayores preocupaciones. Por consiguiente, cambiar la metodología y agruparlos, discutirlos y aclararlos, según su mayor urgencia y trascendencia, es nuestra respetuosa recomendación para las diputadas y diputados.