Sobre la negociación del contrato de Minera Panamá

Es imposible pensar que la mayoría de la población panameña estaría en contra de una negociación con Minera Panamá que lograra mejores condiciones contractuales y beneficios para el país. Todos, como ciudadanos, siempre vamos a querer que nuestro terruño saque los mejores beneficios, y que los mismos redunden en obras sociales, que permeen a todos los panameños de distintos estratos económicos, educativos y sociales.

Si bien lo expresado en las líneas anteriores resulta una verdad indiscutible, también es importante hacer las cosas cumpliendo todas las normas legales de transparencia y equidad presentes en cualquier relación contractual, sin dejar pasar por alto el respeto mutuo que debe existir entre las partes.

En la negociación actual, el Estado se encuentra haciéndolo con una empresa que ha demostrado la buena voluntad de encontrar mecanismos que favorezcan a ambas partes para el bienestar de todos. Recordamos que Minera Panamá tiene un contrato vigente hasta el 2037, producto de la renovación que le dio el Ministerio de Comercio e Industria en su momento. La declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley en ningún momento anula los derechos adquiridos de la mina y no es de aplicación retroactiva; ya que la misma aplica hacia hechos futuros y no pasados. Es más, la empresa a través de los años ha pagado todas las cargas impositivas y ha cumplido con todas las obligaciones que fueron pactadas en su contrato; por lo tanto, no existe elemento alguno que demuestre la existencia de un incumplimiento de su parte.

Yo he visto con buenos ojos parte de los acuerdos que se están alcanzando. En el tema ambiental, dentro de la primera fase de las negociaciones, se acordaron cosas de gran beneficio, como lo es gestionar el desarrollo de un plan de contingencia y la instalación de sistema con estaciones de monitoreo en tiempo real, que servirá para la atención inmediata de incidentes o emergencias ambientales. De la misma manera se creará una oficina dentro del área de concesión para la supervisión, control y fiscalización de las actividades ambientales y laborales. También se acordaron temas de mantenimiento de las obras de minería, infraestructura y servicio del proyecto, se creará una base de datos del estado del suelo y un plan de cierre y poscierre de la mina, entre otras cosas.

Es importante mencionar todo lo anterior, porque se deja un mensaje claro de querer colaborar en un acuerdo justo, equitativo y de beneficio para ambas partes. No debemos olvidar dos cosas que son de suma importancia. La primera es que estamos siendo vistos por el resto de la inversión y comercio mundial; por lo cual no podemos poner en riesgo la credibilidad que tenemos como Estado en la seguridad jurídica que tiene la inversión extranjera en nuestro país. Esta demostración de respeto nos ayuda a conseguir y atraer más inversiones directas de otros países, que ayudarían a la maltrecha economía que tenemos en la actualidad. La segunda, no menos importante, y cuidado de más trascendencia para nosotros; ya que recae en los bolsillos de todos los panameños, que son los beneficios que recibimos en la reactivación y crecimiento económico que tanto necesitamos producto de esta pandemia.

Cobre Panamá representa actualmente el 4 % del producto interno bruto (PIB), en producción nacional y es el principal empleador formal de la región, generando más de 39 000 empleos directos e indirectos, que aportan 20 millones de salarios mensuales, con sus respectivas cuotas a la Caja del Seguro Social (CSS) por 8 millones. Esto redunda en que se beneficia una red de más de 1850 proveedores panameños que brindan sus bienes y servicios. Así mismo, la mina es uno de los principales consumidores de bienes producidos por el agro, la industria manufacturera, etc.

Negociemos con inteligencia y respeto y no dañemos lo que ya tenemos. Con firmeza, el Estado debe conseguir los mejores beneficios para el país, pero sin transgredir los acuerdos y derechos de la otra parte. Tienen que hacerlo por el bien de Panamá.