Aumenta el rechazo a la propuesta sobre ley de amnistía

El anteproyecto de ley que busca otorgar amnistía a personas condenadas por corrupción podría ser prohijado hoy en la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales que preside el diputado de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho.

La propuesta, impulsada por el diputado perredista Jairo Salazar, ha generado una inmediata y fuerte reacción de rechazo por parte de diversos sectores de la sociedad civil.

Organizaciones empresariales, gremios, juristas, activistas y ciudadanos han alzado la voz en contra de lo que consideran una amenaza directa al Estado de Derecho y a los principios fundamentales de justicia. Para muchos, la iniciativa representa un intento por favorecer a actores políticos vinculados a escándalos emblemáticos de corrupción.

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana es uno de los grupos que se ha pronunciado al respecto de la iniciativa presentada la semana pasada. De acuerdo a la organización, “este proyecto que promueve la impunidad y erosiona la confianza ciudadana en la democracia”.

Olga De Obaldía, señaló a La Estrella de Panamá que el anteproyecto es sumamente preocupante, ya que su contenido viola la constitución al crear fueros y privilegios para un grupo de personas específico. También señaló que la Asamblea Nacional se excede en sus funciones al presentar una iniciativa como esta.

”Realmente es una iniciativa que rechazamos en el fondo, la forma, la intención y el momento, oportunismo politiquero”, dijo.

También destacó que en este momento, lo más importante es apelar a la conciencia de quienes toman las decisiones. “Si el anteproyecto llegara a avanzar a segundo debate, obviamente mañana tendremos que evaluar lo que ocurra y, a partir de eso, definir nuestras próximas acciones”, concluyó De Obaldía.

Por su parte, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) expresó este domingo un contundente rechazo al anteproyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional que busca otorgar amnistía a personas condenadas —o que resulten condenadas— por delitos de corrupción en casos emblemáticos como New Business, Odebrecht y Blue Apple.

A través de su editorial dominical ‘La Cámara Opina’, el gremio empresarial calificó la iniciativa como una amenaza directa al Estado de Derecho y un retroceso inaceptable para la institucionalidad del país.

“Esta iniciativa contradice directamente la actuación responsable de la Contraloría y la Procuraduría, y representa un intento burdo de socavar el Estado de Derecho”, señaló la Cámara.

La propuesta de amnistía ha generado preocupación en distintos sectores, especialmente tras una semana marcada por avances significativos en materia de fiscalización y justicia. La Contraloría General de la República culminó una auditoría crucial a Panama Ports Company (PPC), cuyos hallazgos motivaron a la Procuraduría General de la Nación a abrir una investigación.

La Cciap consideró estas acciones como “un paso firme hacia la rendición de cuentas y el fortalecimiento de nuestras instituciones”, y advirtió que el anteproyecto legislativo va en sentido contrario.

“La Constitución es clara: la amnistía aplica exclusivamente a delitos políticos. Intentar extender esa figura a delitos comunes, y peor aún, a casos de corrupción, es un grave atropello legal y moral”, subrayó el gremio empresarial. “Es una señal de impunidad que erosiona la confianza ciudadana y hiere profundamente el sentido de justicia”.

En su pronunciamiento, la Cciap exigió al Órgano Legislativo que rechace de plano la propuesta, y al Órgano Ejecutivo que “no la respalde bajo ninguna circunstancia”.

La organización también advirtió sobre el impacto internacional que podría tener esta iniciativa, en momentos en que Panamá atraviesa una coyuntura sensible en sus relaciones con socios estratégicos como Estados Unidos.

“El país necesita orientación, madurez y unidad”, indicó el gremio. “Reconocemos el esfuerzo del Gobierno Nacional por afrontar estos retos en el plano global; corresponde con este mismo esfuerzo presentar ante la ciudadanía una hoja de ruta sobre lo actuado y cómo continuar”.