Heriberto Araúz: ‘El Tribunal Electoral no puede condicionar las reformas electorales al desenlace de la constituyente originaria’

  • 14/04/2025 00:00
El catedrático constitucionalista y exmagistrado del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz, se manifestó a favor del proceso de cambiar la Constitución y plantea algunos puntos que deber cambiar

En medio del proceso de la constituyente originaria y las reformas al Código Electoral, el catedrático de Derecho Constitucional y exmagistrado del Tribunal Electoral (TE), Heriberto Araúz, conversó con La Estrella de Panamá sobre la realidad del sistema electoral y los desafíos que afronta la nación, en materia constitucional.

¿Cuál es su perspectiva de la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales y del proceso de la constituyente originaria?

Es algo muy positivo que el Gobierno Nacional haya creado un organismo como este, tanto para generar un nuevo orden constitucional, como para analizar la modernización del Estado. Si tu revistas la historia constitucional de Panamá, te vas a percatar que ninguna de nuestras cuatro constituciones ha consagrado la constituyente originaria. Sin embargo, en 1904, la Carta Magna se hizo mediante una originaria. Mientras que, la Constitución de 1946 se hizo mediante una convocatoria que hizo el gobierno, vía constituyente originaria.

¿Qué opina del proceso de alfabetización constitucional?

Me parece que es una tarea positiva de docencia que requiere tiempo, porque muchos panameños no conocen su Carta Magna. Es por eso que el trabajao de este secretaria es correcto, ya que hace falta educación.

¿Qué aspectos de la actual Constitución usted considera que se deberían mejorar, cambiar o eliminar?

Hay muchos temas que mejorar. Ya se ha reformado cuatro veces, siendo la última en 2004. Desde ese momento hasta la actualidad, el país ha cambiado sustancialmente. Ahora hay nuevos reclamos ciudadanos. Es necesario modificar o hacer un nuevo texto constitucional, que permita reforzar los tres Órganos del Estado, para fortalecer los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.

¿Qué aspectos concretos considera que se deben evaluar?

Hay que revisar si el periodo de nuestras autoridades electas se mantiene en cinco años o si se cambia a cuatro o seis. Hay que definir si es necesario crear un Tribunal Constitucional y uno Contencioso Administrativo.

Miguel Antonio Bernal, quien coordina el proceso de la constituyente originario, mencionó que el objetivo es que la nueva Constitución esté en 2029. Pese a esto, el país atraviesa por muchos desafíos urgentes. ¿Cómo evitar que este proceso no termine ahogado por la realidad inmediata de la nación?

Es un riesgo. Todo proceso constituyente corre el riesgo de que, a lo largo del camino del ejercicio de gobierno, ocurran cosas que puedan empañar la iniciativa constitucional.

Bernal fue muy crítico con el proceso de las reformas al Código Electoral, señalando que este mecanismo es contraproducente, si se considera que se está buscando impulsar una constituyente originaria. ¿Cómo lo ve usted?

Son dos procesos distintos. El TE, por mandato de la ley, debe iniciar este proceso de reformas, una vez pasan las elecciones, es algo que está en la ley y se debe cumplir. El proceso constituyente puede tomar dos o tres años y no sabemos en qué puede terminar. No es correcto que el Tribunal Electoral condicione las reformas electorales al desenlace de la constituyente originaria.

Hay quienes señalan que los procesos de reformas electorales no son lo suficientemente profundos, al no abarcar temas como la reelección inmediata de los diputados, la segunda vuelta electoral, el financiamiento político y otros elementos que demanda la ciudadanía. ¿Esto es cierto?

Es cierto que el sistema electoral panameño hay que reformarlo a nivel constitucional. Las reformas electorales tienen impacto en la ley electoral, pero esas reformas no pueden reformar la Constitución. Hay temas electorales que deben abordarse a nivel constitucional, como los que mencionas.

Hace poco La Estrella de Panamá publicó una investigación en donde se cuestionó si era constitucional que los diputados suplentes ejercieran otros cargos, dentro del Estado, mientras su suplencia no esté activa. ¿Debería eliminarse la figura de los diputados suplentes?

La Carta Magna establece que se debe elegir a un diputado y un suplente, incluso hay parámetros de género para eso. El tema es si el suplente puede ocupar otras funciones pagadas. Mientras no ejerza la suplencia, yo, a nivel personal, no veo ningún impedimento en que un suplente ocupe cargos públicos.

Usted no ve mal que un suplente, mientras no ejerza esa función, ocupe un cargo de asesor legislativo y devengue un salario.

No lo veo mal, en la medida en que los suplentes solo actúan cuando son habilitados por el principal. Si eso sucede, debe pedir una licencia, pero no es incompatible una cosa con otra.

¿Cómo evalúa el impacto de las candidaturas por libre postulación tras el paso del periodo electoral?

Es un a fuerza política emergente, algo que se da gracias a nuestro sistema electoral y eso es bueno. Lo que ocurrió en las elecciones mandó un mensaje de que la comunidad no estaba del todo conforme con el trabajo que estaban haciendo los partidos políticos, en la Asamblea Nacional. Me parece que la figura de la libre postulación es el resultado de un proceso de maduración nuestro sistema democrático.

En su momento, muchos candidatos por libre postulación mencionaron que el sistema electoral panameño era injusto con las candidaturas ‘independientes’, darle más respaldo económico a los colectivos políticos. ¿Esto es verdad?

Todo está en el diseño constitucional. Hay que entender nuestra tradición democrática. La figura de los independientes llegó hace unos 20 años a Panamá. Tradicionalmente, los que llegaban a ocupar cargos públicos, eran de partidos políticos.

Si queremos fortalecer las alternativas independientes el tema no está en la ley, sino en aquellos que la aprueban, es decir la Asamblea Nacional que, tradicionalmente está controlada por partidos políticos.

¿Puede una coalición política, no partidista, como Vamos, sostenerse en el tiempo?

Se puede sostener en el tiempo, en la medida que no frustre o desilucione a los ciudadanos que votaron por ellos. La efectividad del trabajo que haga esta coalición, en la Asamblea Nacional y su capacidad de llenar las expectativas ciudadanas, será la que determine su éxito.

¿Quién regula a este tipo de coaliciones, a nivel de financiamiento?

Eso es un tema que hay que revisar en la Carta Magna, porque el financiamiento de libre postulación lo aprueba la Asamblea, en virtud del proyecto que presente el TE en el Legislativo. Se ha ido avanzando, con las últimas reformas, del año 2022, se aumentó algo más el porcentaje de apoyo a estas candidaturas, pero es algo que se debe redefinir en el sistema constitucional.

Las reformas electorales están condicionadas por el ordenamiento constitucional. Hay más de cuatro cosas que no se pueden reformar porque la Constitución no lo permite.

¿Considera que se debe implementar una segunda vuelta electoral en Panamá?

Sí. Todo mecanismo que vaya encaminado a fortalecer la democracia de un país, debe incorporar en sus instituciones y ordenamiento. Eso es algo que está presente en la mayoría de los países de la región, porque legitima a la persona que llega al cargo.

¿Usted considera que Mulino debió correr en las pasadas elecciones, tras la inhabilitación de Ricardo Martinelli?

Este es un tema técnico. La Corte Suprema de Justicia determinó que un candidato puede aspirar al cargo de presidente de la República, sin necesidad de que vaya con un vicepresidente, mediante una nómina incompleta. Si esa fue la decisión, es algo que los juristas debemos acatar.

Claro, la Corte es el máximo ente en la materia. Pero, para usted. ¿el debió correr?

Yo estoy de acuerdo con la decisión de la Corte, porque forma parte de los valores democráticos.

Hace poco publicamos una encuesta sobre la credibilidad de las instituciones públicas, en la que el TE no salió bien evaluado. ¿Por qué la entidad ha reducido su credibilidad ante el público?

Eso es un tema social que lleva muchos años. Todo depende de quién hace la encuesta, porque muchas encuestadoras no tienen credibilidad, La mayoría de encuestas que se han hecho arrojan que el TE es de las instituciones mejor evaluadas.

Naturalmente, al ser una institución que abarca temas políticos, van a haber sectores que no vean con buenos ojos sus decisiones y las desacrediten pero, en términos generales, dependerá de los cambios sociales que se produzcan durante los proceso electorales.

El último informe de Latinobarómetro señaló que la credibilidad que posee la región en los sistemas democráticos se está reduciendo. Muchas personas no consideran que estos sistemas no resuelven sus necesidades, dando paso al autoritarismo. ¿Cómo fortalecer el valor de la democracia en la ciudadanía?

La democracia es el sistema político menos dañino. Los retos que un sistema democrático enfrenta son la pobreza, la desigualdad y respeto al Estado de Derecho. Si esto no se atiende bien, es natural que la gente se frustre y considera que el Estado les falló.

Los ciudadanos salen a votar cada cinco años, confiando en la promesa que sus candidatos les hacen. Si esos candidatos no cumplen con lo que prometieron, la ciudadanía deja de creer en las elecciones, ya que no se resuelven sus problemas. Eso es lo que hay que corregir.

Perfil del Entrevistado:

Doctor en Derecho de la Universidad de Rosario, Argentina Con especialización en Derecho Procesal de esa misma universidad.

Especialización en INCAE, Costa Rica y en Derecho Probatorio y Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, España.

Estudios de Derechos Humanos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

Catedrático de Derecho Constitucional y Procesal Litigante y asesor jurídico.

Magistrado del Tribunal Electoral 2012-2022.

Autor de más de 20 libros.

Heriberto Araúz
Exmagistrado del TE
Es cierto que el sistema electoral panameño hay que reformarlo a nivel constitucional. Las reformas electorales tienen impacto en la ley electoral, pero esas reformas no pueden reformar la Constitución. Hay temas electorales que deben abordarse a nivel constitucional, como los que mencionas”
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