Crece tensión entre Contraloría y Asamblea, funcionarios anuncian paro

Protestas, cruce de comunicados y discursos de barricada marcaron la inusitada jornada de este lunes en la Asamblea Nacional, en medio de un aparente pulseo entre la presidenta del Legislativo, Dana Castañeda, y el contralor Anel Flores.

“Nuestros cheques están secuestrados”, reclamaba Karina Connell, de la Asociación de Trabajadores de la Asamblea, quien encabezó la atípica manifestación con una marcha interna y toques de paila en los pasillos del hemiciclo. El reclamo: el pago de la primera quincena de abril en cheques y no como regularmente se hace de forma electrónica (ACH), algo que, según los funcionarios, les afecta.

La medida, de acuerdo con la Contraloría de la República, busca precisar quiénes realmente cumplen sus funciones e identificar a aquellos que cobran sin trabajar, las famosas “botellas”.

Minutos antes que el grupo se movilizara al grito de “no somos botellas”, hacia la oficina de fiscalización de la Asamblea, administrada por Contraloría, Castañeda hizo una especie de “paso de revista” de la manifestación para luego disparar contra Flores: “Le pido a la Contraloría que revise y replantee la estrategia porque hoy están humillando a los funcionarios”.

Mientras tanto, los pasillos del edificio nuevo de la Asamblea, usualmente silenciosos y con poco tránsito de personal, estaban abarrotados de funcionarios. “No sé de dónde ha salido tanta gente”, contó a La Decana un funcionario de carrera legislativa con más de 10 años en la entidad. Entre las quejas, estaba que los auditores de Contraloría estaban “tomando fotos” al momento de entregar el cheque, lo que vulneraría la privacidad. Los trabajadores lo consideran un acoso. “¿Por qué no inician la auditoría con el personal de los despachos de los diputados?, yo marco todos los días, si no lo hago me descuentan”, sostuvo otra funcionaria con más 15 años de labores.

En un comunicado, la Contraloría negó los señalamientos, indicando que las únicas “fotografías” eran del equipo de prensa dentro de la cobertura institucional, y que se garantizará el pago a todos los trabajadores.

Igual, la entidad acusó a Castañeda de “promover el acoso” hacia el personal de Contraloría en la Asamblea y de “obstaculizar” los pagos de las prestaciones. “En lugar de estar incitando este tipo de acciones, debería explicarles que lo que hoy hacemos responde a un compromiso con la institucionalidad”, dijo la entidad.

Justo después de que el contralor Flores anunciara el 18 de marzo que auditaría las planillas del Legislativo, ese mismo día circuló un memorándum de Recursos Humanos para que se actualizaran los expedientes de cada colaborador y acreditar sus logros académicos.

Según Castañeda, la acción, conocida a lo interno como una acomodo de los expedientes previo a la auditoría, era parte de “las medidas para garantizar un sistema eficiente y transparente”.

Y pese a que es conocido que en los despachos de los diputados se encontraría la realidad del personal emplanillado, según diversas fuentes, los auditores aún no han salido del Departamento de Recursos Humanos, donde estaría todo acomodado como se indicó previamente.

La Contraloría aseguró que auditaría todas las planillas, mientras que Castañeda prometió “romper las botellas” y más transparencia. ¿Ha sido así?

Para saber si esta promesa se cumplió, habría que conocer con cuántos funcionarios recibió ella su periodo, que se inició el 1 de julio de 2024 y que culmina en junio de 2025. Esta información no la ha querido responder Castañeda; se la solicitó el diputado independiente de la bancada Vamos Roberto Zúñiga, desde el 11 de julio de 2024 en una carta en la que pidió precisar los funcionarios que conforman las diferentes planillas de personal al 30 de junio y al 30 de julio de 2024, y que precisara a qué despachos o unidades administrativas estaban asignados.

Como no hubo respuesta, desde septiembre pasado la Corte Suprema de Justicia tiene esta acción de habeas data por resolver. Pero no es la única vez que Castañeda ha evitado rendir cuentas por asuntos de carácter público.

La diputada habría dicho que recibió la Asamblea con 3.300 funcionarios fijos y la había reducido a 2.500 porque no tenían lugar físico de trabajo, no obstante, dijo que había tenido que restituir a algunos.

Pese a esto, el reporte de la Contraloría detalla que hay 2.926 funcionarios permanentes y 1.098 para un total de 4.024 trabajadores.

¿A cuántas personas restituyó?, preguntó La Estrella de Panamá en enero pasado cuando publicó el reportaje “Asamblea Nacional, el maquillaje de las partidas y planillas”. Castañeda dijo que no recordaba.

Tampoco respondió por la partida 91 llamada “créditos reconocidos por sueldos” que se engrosó al pasar de menos de medio millón en los años 2022 y 2023 a $10 millones en octubre de 2024, precisamente tras tres meses de su gestión.

Esta acción se contrapone a la eliminación de la partida 172 o “cashback”, mediante la cual se contrata el personal de servicios especiales y que en el pasado buena parte de los diputados la utilizaron para esquilmar fondos públicos mediante la elaboración de contratos que no requerían efectuar servicio alguno, más allá que cambiar un cheque que retornaba a ellos hasta en un 95 %

En una tercera ocasión, también evitó detallar el uso de la partida 150 de “transporte y movilización” que La Decana reveló que es otra planilla “cashback”. Esta es una partida que no forma parte de las de servicios personales, es decir, planillas. Sin embargo, de aquí se gestiona un estimado de 100 pagos por día, transferencias a diversos funcionarios de los cuales no hay fundamento público que sustente los pagos.

Se pagan cheques entre $300 y $2.500 mensuales a trabajadores e incluso a diputados suplentes. Uno de los beneficiados indicó que eran una especie de viáticos, pero que se pagaban de esta manera por “economía administrativa”, no obstante, los pagos y nombres no coinciden con los viajes, y Castañeda evitó contestar qué se paga con ello, a pesar de que prometió hacerlo. La Contraloría informó que auditaría estos pagos y las planillas entre 2020 - 2024.

Esta planilla tiene un fondo de $2,8 millones y sus cheques se consideran a lo interno como un bono o regalía extra y fue denunciada por la diputada Walkiria Chandler por posible delito contra la administración pública. Al ser una partida que se utiliza como planilla, pueden trasladarse fondos para estos desembolsos de otras partidas de personal.

El contralor Flores prometió auditar todas las planillas de la Asamblea, entre estas, la fija y transitoria, 01 y 02, donde están camuflados los pagos a los suplentes de diputados, a pesar del fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró que no eran constitucionales estos pagos de manera permanente. Una investigación de este medio reveló un sistema opaco para asegurar estos pagos permanentes a los suplentes de todos los partidos mediante diversos cargos y sin evidencia de su asistencia como funcionarios fijos.

El pleno de la Asamblea estaba programado para iniciar a las 3:00 PM, pero fue suspendido tras las protestas. Los funcionarios decretaron un “paro indefinido” hasta que se haga el “pago efectivo” a los trabajadores.