Comisión de Reformas Electorales niega incluir censos en el ‘Código Electoral’

El pleno de la Comisión Nacional de Reformas Electorales rechazó, la semana pasada, la propuesta del Tribunal Electoral (TE) de introducir censos electorales generales y parciales en el Código Electoral.

La iniciativa, sustentada como un mecanismo para depurar el Padrón Electoral y asegurar la transparencia del sufragio, no logró el respaldo suficiente en una votación dividida que reflejó la falta de consenso sobre su viabilidad, necesidad y conveniencia.

El artículo No. 12B, planteado por el Tribunal Electoral, proponía que, una vez concluidas las elecciones, se realizaran censos electorales cada dos años con carácter obligatorio, y otros de tipo parcial según lo considerara el Pleno del TE.

Sin embargo, la moción despertó reservas entre partidos políticos, organizaciones civiles y representantes de diversos sectores, quienes advirtieron sobre su costo, su alcance incierto y su posible redundancia frente a otras herramientas ya existentes.

El trasfondo de esta propuesta tenía como detonante las discrepancias evidenciadas entre el padrón electoral preliminar de enero de 2024 y los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2023.

En el corregimiento de San Felipe —una zona del distrito de Panamá marcada por un fuerte proceso de transformación urbana— se registraron 3,900 ciudadanos habilitados para votar según el padrón, mientras que el censo reveló solo 692 residentes mayores de 18 años.

Esta diferencia de más de 3,200 personas pone en duda la correspondencia entre el registro electoral y la realidad demográfica del área, y motivó cuestionamientos sobre el uso de traslados de residencia con fines electorales.

Para la Fiscalía General Electoral, estos hallazgos evidenciaban la necesidad urgente de contar con herramientas más eficaces para depurar el padrón, en particular en corregimientos con alta movilidad o donde el desarrollo inmobiliario ha desplazado a la población residente.

“Nos enfrentamos a un padrón desactualizado que complica las investigaciones penales electorales, especialmente cuando las normas del Tribunal Electoral establecen que no actualizar la residencia no constituye delito”, indicó su representante.

El último censo electoral fue realizado en 1982.

La propuesta, sin embargo, no convenció a la mayoría. Yanibel Ábrego, presidenta y representante del partido Cambio Democrático (CD) cuestionó los costos asociados y la supuesta falta de planificación: “El Tribunal ya tiene las herramientas legales para detectar anomalías como las de San Felipe. No podemos aprobar una figura sin saber cuánto costará ni cómo se ejecutará”.

En la misma línea, el diputado y representante de los independientes Jorge Bloise se preguntó con base en qué criterios se definirían las zonas censadas: “No queda claro quién toma la decisión, ni cómo se aplicará. Pedimos que se evalúe con más detalle”.

Representantes de organizaciones civiles también solicitaron mayor precisión y alertaron sobre la posibilidad de que este censo electoral entre en conflicto o se superponga con el censo poblacional de Contraloría, que se realiza cada diez años.

Consideraron que el TE debería utilizar los datos existentes con mayor eficacia, en lugar de proponer nuevas figuras aún no bien definidas.

La votación culminó con cinco votos a favor, cuatro en contra y cuatro abstenciones. A favor votaron los representantes del PRD, Partido Popular, MOCA, Fiscalía General Electoral y libre postulación; en contra, el Partido Panameñista, el sector laboral y las ONG; mientras que el Molirena, Alianza-Realizando Metas, la academia y la empresa privada optaron por abstenerse.