Casos de San Felipe en manos de los juzgados electorales

Los expedientes del caso de San Felipe, en el que se investigan presuntas irregularidades en el padrón electoral, llegaron a los juzgados electorales.

La Fiscalía Electoral, después de llevar a cabo una serie de diligencias, consideró que cuenta con elementos suficientes para solicitar audiencias de imputación contra una pluralidad de ciudadanos por el presunto delito de declarar de manera fraudulenta que residen en un corregimiento distinto a su lugar de residencia habitual.

La fiscal Marilú Batista, junto con otros fiscales, aseguró que las solicitudes de audiencias se presentaron en los juzgados electorales. “Estamos solicitando 65 audiencias, pero continuaremos presentando más”, detalló la fiscal al salir de los juzgados electorales.

La entidad investigadora ya ha entregado más de 100 expedientes, pero hasta la fecha no se han fijado audiencias y ayer se presentaron 65 expedientes. Las discrepancias entre el padrón electoral preliminar y el Censo de Población y Vivienda han generado, hasta el momento, unas 445 carpetas de investigación contra ciudadanos que supuestamente han declarado una residencia que no es su habitual.

Los fiscales recorrieron los corregimientos de El Chorrillo, San Felipe, parte del distrito de San Miguelito y Panamá este para ubicar a los residentes que declararon vivir en San Felipe, pero que ya no lo hacen.

Las investigaciones de la Fiscalía Electoral comenzaron después de recibir denuncias ciudadanas sobre posibles irregularidades en el padrón electoral preliminar del corregimiento de San Felipe.

Las inspecciones se dirigen específicamente a individuos que en los últimos tres años han decidido cambiar su lugar de residencia, lo que plantea interrogantes sobre la autenticidad e integridad de su registro electoral en un período crucial previo a las elecciones.

Durante las inspecciones se ha evidenciado que algunas personas declararon vivir en San Felipe, sin embargo, las direcciones descritas corresponden a terrenos baldíos.

El cambio doloso de residencia está tipificado como delito contra la honradez del sufragio en el artículo 527 del Código Electoral y es sancionado con multas que van desde 100 hasta 1.000 días, duplicándose la pena para quienes hayan instigado la comisión del delito.

La Fiscalía Electoral continuará con las investigaciones para determinar si hay más personas involucradas en este presunto delito.

Octavio Del Moral, de la Asociación de Vecinos y Amigos del Casco Antiguo, y Daniel Lombana, alertaron de inconsistencias entre el padrón electoral y el censo de población de 2023.

Según el artículo 69 del Decreto Reglamento de las Elecciones, la residencia electoral se define como el lugar donde el elector reside habitualmente y le otorga el derecho a inscribirse y permanecer en el registro electoral de un determinado corregimiento.

La fiscalía no solo espera que se agenden las audiencias, ya que se está a la espera de la solicitud de suspender las elecciones en el corregimiento de San Felipe.

La solicitud se basa en las notables discrepancias entre el padrón electoral preliminar y los resultados del Censo de Población y Vivienda 2023.

En una carta entregada el pasado 25 de octubre, Dilio Arcia, fiscal electoral, argumenta que la suspensión de las elecciones es necesaria para evitar la celebración de un proceso electoral “ilegítimo”.

Según Arcia, “hay un desfase de más de 2.000 personas entre el padrón electoral y los resultados del censo. Esto representa una cifra significativa que pone en duda la legitimidad del proceso electoral en San Felipe”.

Este no es el primer caso en el que se suspenden elecciones en Panamá debido a problemas en el padrón electoral.

En enero de 1999 se suspendieron las elecciones en el corregimiento de Loma Yuca, en la comarca Ngäbe Buglé, por motivos relacionados con el padrón electoral.

La decisión se basó en la necesidad de que el padrón electoral reflejara con precisión la población del área, en lugar de ser una mera formalidad, de acuerdo con el Decreto 4 del 11 de enero de ese año citado por la fiscalía.

El cambio doloso de residencia es uno de los delitos electorales más comunes en Panamá. En los últimos 20 años, según cifras del TE, 2.786 personas han sido condenadas por cambio de residencia y han pagado multas por un total de $170.349,50.

Estos cambios suelen ocurrir en corregimientos pequeños, donde el traslado de unos pocos votantes puede marcar la diferencia en los resultados. De los 701 corregimientos que existen en el país, 589 tienen menos de 5.000 electores.