Así la Contraloría avaló la prórroga a Panama Ports

¿En qué momento se dio el engaño? Son dos auditorías de la Contraloría General de la República (CGR), en dos diferentes momentos, las que giran en torno al contrato de Panama Ports Company (PPC), empresa que tiene la concesión de los principales puertos del país: Balboa y Cristóbal y que han estado bajo la mirada inquisidora de Estados Unidos que afirma, sin evidencia alguna, que a través de estos, China controla el Canal de Panamá.

Esta concesión nació con la Ley 5 de 1997 fue renovada por 25 años, hasta el 2047, por la administración Cortizo, posterior a la auditoría efectuada por la CGR entre marzo y diciembre de 2020 a cargo del excontralor Gerardo Solís.

“Sí cumplió con las obligaciones sustanciales del contrato, dedicaron 9.904 horas hombres, determinándose al final de la auditoría que la empresa sí cumplió con las obligaciones sustanciales del contrato”, dijo Solís en una rendición de cuentas en la Asamblea Nacional.

Acto seguido se preguntó lo que hoy día se debate: “¿Qué hubiera pasado si alguien me hubiera dicho, un auditor despistado que la empresa no está estaba cumpliendo?. Pues esa empresa tenía registro con firmas auditoras internacionales portuarias de que sí estaba cumpliendo todos los años durante los 23 años. Nos hubiéramos tenido que enfrentar a un pleito en los tribunales internacionales de arbitraje”, añadió ante el pleno.

Pese a estas palabras, el sucesor de Solís en la CGR, el contralor Anel Flores, reveló que en la segunda auditoría a PPC, iniciada en enero de 2025, solamente pudieron constatar $690 millones de inversión, de $1.000 millones requeridos para la renovación automática del contrato de concesión, y que la auditoría fue “muy mal tergiversada por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP)”.

Esta auditoría fue clave para determinar el cumplimiento del contrato de 25 años y renovarlo por otros 25 adicionales, toda vez que la CGR con sus auditores es por ley la entidad responsable de verificar el cumplimiento, indicó el expresidente Laurentino Cortizo cuando renovó el contrato resaltando el cumplimiento de la empresa.

Pero ¿qué indica la auditoría? La Estrella de Panamá consiguió la auditoría de Solís, misma que fue piedra angular en la prolongación del contrato, ya que, aunque la empresa PPC haya indicado en diversos medios televisivos que no se requería la auditoría para prolongarlo su contrato ley de 1997 cita lo siguiente:

“Las partes convienen que este contrato se prorrogará automáticamente por un período adicional de veinticinco (25) años bajo los mismos términos y condiciones, siempre y cuando la empresa haya cumplido con todas sus obligaciones básicas de acuerdo con este contrato”.

Esta primera auditoría con Solís fue de cumplimiento, según explicó Flores en conferencia de prensa. Sin embargo, debió ser financiera para analizar los registros contables y con ello los ingresos, inversiones y diviendos que le correspondían al Estado.

En una auditoría de cumplimiento el objetivo es determinar si se cumplió o no con las cláusulas del nuevo contrato. En este caso el que se modificó en 2002 por la expresidenta Mireya Moscoso y el exministro de Comercio e Industrias Jaime Jácome que eliminaron del contrato el canon anual de $22 millones y el 10% de los dividendos que debió recibir el Estado de ingresos brutos, es decir sin reducir costos y gastos.

No obstante, al efectuar una auditoría de cumplimiento, y ordenada así por el entonces contralor Solís, no podía declararse perjuicio económico, según las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), adoptadas por la CGR.

Es decir que de salida el proceso promovido por Solís nunca iba a arrojar perjucio económico para que esto fuera insumo para el Ministerio Público y que el hecho trascendiera a nivel penal para deslindar responsabilidades.

Según las conclusiones del la auditoría de 2.359 fojas y que se efectuó en 1.133 días la empresa cumplió.

Entre 1997 y el 30 de junio de 2020 PPC pagó al Estado $445 millones que con los descuentos resultó en un monto neto de $351 millones.

“Las operaciones realizadas por PPC durante su periodo de la concesión se han ejecutado en cumplimiento a las cláusulas del contrato de concesión y sus adendas, excepto por lo siguiente:”

-Que la empresa no presentó su plan de inversión que estaba establecido en la cláusula 2.5 del contrato.

-Al comparar los pagos de $240 millones en anualidad fija y variable los primeros cinco años del contrato respecto a los $204 millones en los últimos 17 años -de 2002 a la fecha- en concepto de anualidades variables por la derogación de la cláusula de la anualidad fija “se observa más beneficio para el Estado lo pactado en el contrato inicial”.

No obstante, el informe matiza esta observación indicando que se establece el cumplimiento de la adenda número 1 del contrato que pacta el compromiso de la empresa PPC a realizar inversiones por mil millones de dólares, suma superior a los $50 millones establecidos en el contrato inicial para aumentar la capacidad de los puertos.

Según la auditoría se había reportado a la fecha una inversión $1.695.546 y que de ese monto se hicieron pruebas documentales y físicas por $625 millones “con resultados satisfactorios confirmando el cumplimiento de la cláusula contractual”.

-Otra de las incongruencias del documento obtenido por La Decana es que, a pesar de que “no existe un criterio definido sobre con qué regularidad se reconocerán los dividendos del país, toda vez que el Estado panameño posee una participación accionaria del 10% del capital de la empresa, la auditoría concluye que Panamá recibió $8 millones en concepto de dividendos en los años 2015, 2017, 2018 y 2019.

-El cierre de esta auditoría indica que se presentaron limitaciones en la obtención de la documentación que evidencie el seguimiento de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) como representante del Estado y que esto les impidió obtener información respecto a los ingresos al Estado por fondeo, faros, boyas de los buques que circularon por ambos puertos.

Por ello “se pudo determinar el cumplimiento sustancial de las cláusulas y obligaciones básicas establecidas en el contrato de concesión y sus adendas por parte de la empresa PPC”.

A pesar de estos puntos, el contrato fue renovado por otros 25 años.

A diferencia de otros informes de auditoría no hay una línea que indique que el contrato es contrario a los intereses del Estado y que aún así no se cumplió.

La Estrella de Panamá intentó contactar con el excontralor Solís a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto indicándole el motivo de la consulta, pero no contestó.

Por su parte, el contralor Anel Flores indicó que el perjuicio al Estado fue de $1.3 billones y resaltó la falta de colaboración por la empresa en brindar información.

Además, que “obviamente, hubo ausencias, revisiones a las tarifas y un sinnúmero de temas. Pero estas recomendaciones que están aquí es que hay falencias importantes, donde ellos solamente pudieron constatar $690 millones de inversión, de mil millones requeridos para dicha renovación automática”, manifestó en una pasada conferencia de prensa.

Flores prometió interponer denuncias ante el Ministerio Público contra quienes manejaron la renovación y la empresa PPC para que “expliquen al pueblo panameño ante el Ministerio Público por qué tanta magnanimidad, por qué tanta benevolencia en un contrato que ha sido leonino”.

Empero, nada dijo de denunciar a su antecesor Solís por ordenar una auditoría de cumplimiento, a pesar de que resaltó que existía “una gran diferencia entre aquella auditoría y la realizada recientemente por su administración, que es completa, financiera, legal, jurídica y tiene todos los componentes”, según expresó Flores.

La empresa se defiende

Por su parte, la compañía PPC indicó que no han visto la auditoría del contralor Flores, más allá de sus declaraciones públicas y ante ellas tienen todas las pruebas de la inversión multimillonaria que se hizo en el puerto de Balboa.

“Teníamos la obligación de hacer la inversión de $1.000 millones en los puertos de Balboa y Cristóbal, para el año 2020 la inversión estaba superando los $1.600 millones y $1.800 millones para el año 2025. Tenemos todas las pruebas de que esa inversión se hizo. Cualquiera que visite el puerto de Balboa puede darse cuenta de la inversión...” dijo Alejandro Kouruklis, representante de PPC en el programa dominical Radar de TVN.

“No hay ninguna duda de la cantidad que estamos eludiendo y que la Contraloría, bajo el contralor Solís, certificó que se hizo”, añadió Kouruklis y concluyó que el Estado requiere de seguridad jurídica y no cambios de política de acuerdo al movimiento de sus funcionarios.

Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia debe resolver una demanda de inconstitucionalidad de este contrato Ley 5 de 1997 que le otorgó la concesión a PPC. Por otro lado, Black Rock - Til , la mayor administradora de activos del mundo adquirió una participación mayoritaria de estos dos puertos administrados por PPC, subsidiaria de la hongkonesa CK Hutchison Holdings Ltd.