Procurador Gómez solicita auditoría sobre el contrato de PPC

La auditoría de la Contraloría de la República al contrato de la empresa Panama Ports Company toma un nuevo rumbo. Este martes, al mismo tiempo que el contralor general Anel Flores hablaba de exfuncionarios que debían responder por las pérdidas millonarias que ha representado el contrato al Estado, el procurador de la Nación, Luis Gómez, solicitó la auditoría.

El contralor Flores recalcó que uno de los exfuncionarios que debe responder por las pérdidas millonarias es el expresidente Laurentino Cortizo.

“Obviamente, el presidente Cortizo, como en muchas otras cosas, no leyó, y obviamente evaluó algo que era totalmente ilegal; entonces, el señor Cortizo tendrá que responder a esto porque realmente el regente final es él”, manifestó Flores en una entrevista en el noticiero matutino de Telemetro.

Durante la administración de Cortizo, la Contraloría de la República, a cargo de Gerardo Solís, extendió el contrato de Panama Ports por 25 años adicionales, ya que la auditoría concluyó que se habían cumplido las cláusulas del contrato. En ese sentido, el Estado recibiría $164 millones y $7 millones en concepto de dividendos por año, de acuerdo con la Gaceta Oficial publicada el 25 de julio de 2021.

Ahora, el contralor Flores cuestiona la auditoría de su antecesor Solís. Dijo que esa auditoría presenta irregularidades porque no contaba con el refrendo de la Contraloría.

“Obviamente, el expresidente Cortizo no leyó la auditoría, que es clara: habla de un cumplimiento sustancial, que en palabras de auditores, significa parcial, no total como demanda el contrato”, dijo.

A juicio de Flores, existe una total complicidad por parte de las autoridades de la pasada administración y en el caso del expresidente de omisión, porque no leyó el informe de la Contraloría, que hablaba de incumplimientos y, por lo tanto, nunca fue publicado.

El contralor Flores informó el pasado lunes en conferencia de prensa que la auditoría al contrato de PPC determinó una lesión patrimonial al Estado por $1.337 millones por distintas modalidades.

Explicó, por ejemplo, que en los términos originales del contrato de 1997, el Estado estaba recibiendo un porcentaje de las ganancias de la empresa que aumentaba cada año llegando a $27 millones en 2002. En ese año, durante la administración de Mireya Moscoso, se equiparó el contrato de PPC con los otros operadores portuarios.

Esta realidad generó que el Estado empezara a recibir el 10 % de las ganancias netas, en lugar del 10% de las ganancias brutas de PPC, que administra los puertos de Balboa y Cristóbal, y el Estado pasó de recibir $27 millones en 2002 a $1,3 millones en el siguiente año, es decir 2003.

La equiparación del contrato fue demandado ante la Corte Suprema de Justicia en el 2002 por un grupo de legisladores, entre ellos Teresita Yanis de Arias, sin embargo, se desconoce si existe un fallo.

El contralor Flores anunció en los noticieros televisivos que presentará las denuncias ante el Ministerio Público y que la auditoría será colgada en la página web de la Contraloría para que los ciudadanos la puedan acceder.

El procurador Luis Gómez anunció que inició una investigación de oficio por el supuesto delito contra la administración pública y otros delitos en perjuicio del Estado relacionado con el contrato de PPC, subsidiaria de la hongkonesa CK Hutchison.

Gómez solicitó este martes al contralor Flores una copia autenticada de la auditoría con “carácter de urgencia”.

El pasado mes de enero, la Contraloría inició la auditoría a la empresa PPC y en medio del proceso, en marzo pasado, un consorcio encabezado por la estadounidense BlackRock anunció la compra de la concesión de PPC.

La transición comercial aún no se han concretado y enfrenta el rechazo del Gobierno de China que ha cuestionado la venta de la concesión.

El excontralor Solís, quien en su momento defendió la prórroga y la auditoría que realizó, no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Flores y la nueva auditoría. El expresidente Cortizo, quien también defendió la prórroga del contrato en su discurso a la nación en la Asamblea Nacional, tampoco se ha pronunciado.