Mentir como arma de la política de Gobierno

El proyecto de reformas a la Ley de la CSS, que está en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional bajo el número 163, desde su cuna inició con serias deficiencias en su esencia y contenido.

La tozudez del Ejecutivo por imponerlo es muestra cada vez más palpable de sus problemas. Y es que se trata de un proyecto que contiene claros conflictos de intereses; tal como lo develó Mulino, no se trataba de salvar a los asegurados ni a la Caja, se trata de beneficiar al sector financiero (bancos, AFP y aseguradoras). Sí, ese sector que saltó cuando se habló de gravar las transacciones bancarias nocturnas que son exoneradas de cualquier impuesto, al igual que las transacciones en la bolsa de valores, generándoles ganancias extraordinarias.

La columna del proyecto es la privatización, lo que se expresa en materia de externalización de los servicios de salud, en las cuentas individuales y en la colocación de todos los recursos financieros de la institución.

Tienen el cinismo de hablarnos de sacrificios. Alto y claro les decimos que la crisis de la Caja de Seguro Social no ha sido creada por los asegurados ni por el pueblo panameño, ha sido inducida por políticas que impone el FMI, el Banco Mundial y el BID, por empresarios mafiosos que atracan la institución. Hemos sido sometidos a un proceso de profunda concentración de la riqueza de unos pocos (115 ultramillonarios), donde los que más ganan pagan menos, y la CSS no es una excepción (se roban nuestras cuotas ante la alta evasión y morosidad gubernamental y empresarial).

Una realidad que está a flor de piel no puede ser ocultada. El dilema del Gobierno: ¿cómo defender estos intereses frente a una población que no se deja engañar? Como estrategia, acuden a la mentira, pero entre más mienten más se enredan, como dice el dicho: “las mentiras tienen patas cortas”. Y mentir es corrupción.

La historia se repite, vuelven a mentir. Hoy como ayer, el gobierno y los gremios empresariales nuevamente pretenden presentar a la comunidad panameña un escenario apocalíptico con el solo propósito de echarle mano al resto de las reservas de la CSS. Mienten cuando dicen que no hay fondos en el 2025 para pagar las pensiones. Porque mientras se estaba en la mesa de escucha, no se planteó el peligro de disminución de las pensiones, porque no se entregó información a los gremios y organizaciones que allí participaron, porque no lo planteó cuando se discutía el presupuesto para 2025, que dicho sea de paso, contempla el pago de las pensiones para el próximo año.

Se trataba de presentar un proyecto ley que solo recoge la propuesta y pretensión del sector empresarial, desconociendo e ignorando que de los 11 gremios que allí participaron, 10 indicaban el retorno al sistema de reparto definido, el sistema solidario; esto no es consenso, como falsamente aparece en la exposición de motivos presentado por el Ejecutivo.

Por otro lado, se miente al señalar que las cuentas individuales representan mejores pensiones, cuando en todas partes del mundo han fracasado porque representan menor cobertura y pensiones menores e inciertas. Se miente una vez más a ese pueblo que enfrenta otra arremetida de los sectores de poder económico y político, para imponer medidas en contra de los sectores que históricamente han estado en una constante crisis de sobrevivencia material.

A los diputados les decimos que no pueden tener la misma conducta del Ejecutivo, imponer este nefasto proyecto. Exhortamos a los diputados a atender la voluntad de quienes los eligieron, a mirar los intereses del pueblo. Señores diputados, ponderen que de los 17 días en que se llevó la consulta ciudadana en la ciudad de Panamá, donde acudieron más de 300 panameños, en un 95 % solicitaron el rechazo al proyecto ley 163 y que se convoque a un real diálogo social, donde seamos los panameños y panameñas los que definamos el sistema de pensiones que queremos encaminados a tener una vida digna.