Lo que no debió ocurrir

A finales del pasado mes de octubre el mundo observó con horror la furia de la naturaleza arrasando con todo a su paso, consecuencia de torrenciales lluvias generadas por la depresión aislada en niveles altos (DANA), sobre municipios de la Comunidad de Valencia, España.

El fenómeno de la DANA no era controlable, pero las consecuencias, sin dudas, se debieron minimizar, en especial la pérdida de vidas humanas, las cuales ya sobrepasan los dos centenares. La gestión de riesgos es un área que algunos gobiernos tienden a menospreciar, pues apuestan a que nada va a ocurrir, con lo cual no solo omiten dotar de presupuesto para su funcionamiento, sino que recortan personal y tecnologías necesarias para los entes encargados.

La Oficina de las Naciones Unidas para la reducción del riesgo de desastres ha manifestado claramente, desde hace años que: “Invertir en la reducción de riesgos y en el fomento de la capacidad de recuperación salva más que vidas y medios de subsistencia, es también un buen rendimiento de la inversión. Por cada dólar invertido en la reducción de riesgos y la prevención se pueden ahorrar hasta 15 dólares en la recuperación después de un desastre. Cada dólar invertido en la creación de infraestructuras resistentes a los desastres ahorra 4 dólares en la reconstrucción”.

En el desastre de Valencia no solo se hizo caso omiso a esa recomendación, sino que hay que sumarle la ineptitud y el desprecio de las autoridades políticas hacia los expertos y científicos de la Agencia Estatal de Meteorología –Aemet– del Gobierno de España, y de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que ya desde el miércoles 23 de octubre, seis días antes del desastre, advertían de la alta posibilidad de fuertes lluvias en la zona. El lunes 28 de octubre elevan a probabilidad de fenómenos adversos en Murcia y la Comunidad Valenciana, con especial atención al martes 29.

No conforme con la omisión, el presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, informa al mediodía que la tormenta ha cambiado de curso y que hacia el final de la tarde se disipará. Todos conocen las lluvias torrenciales y las cíclicas tormentas en las regiones mediterráneas de España para los meses de septiembre y octubre; pese a ello, las autoridades no tenían un plan de acción ante una eventualidad. Adicionalmente, no escucharon las advertencias de los expertos y comunicaron información errónea. A lo anterior se suma el hecho de que, tanto las autoridades locales como nacionales, tardaron varios días en reaccionar, mientras los ciudadanos se encontraban en total indefensión ante la inclemencia del fenómeno natural que los azotaba.

Luego, surgió la diatriba política entre el presidente del gobierno Pedro Sánchez y las autoridades locales. La lógica indica que ante una crisis que pone en peligro a la sociedad, no caben distinciones entre lo local y lo nacional, mucho menos una disputa política. Por el contrario, es cuando se requiere verdadero liderazgo con iniciativa y decisiones oportunas. Eso hacen los líderes que asumen responsabilidad y se ponen al frente para auxiliar a los ciudadanos.

En la gestión de riesgos es fundamental no solo tener un comité de crisis equipado y conformado por expertos en distintas disciplinas, más las autoridades competentes para tomar las decisiones oportunas, sino una estrategia de comunicación durante la emergencia. Esta debe ser, en primer lugar, empática con los ciudadanos; en segundo lugar, debe transmitir certidumbre a la comunidad, que esta sienta y perciba que hay alguien con autoridad al frente de la emergencia, encargándose de cuidar y proteger a todos; y, en tercer lugar, lo que se comunica debe estar basado en la realidad de los hechos y en la información que arrojan los expertos, y deben ser comunicados de manera clara y sencilla. La inexistencia de estrategias, aunado a la disputa de egos en la política en el medio de la emergencia llevaron a la comunidad a padecer consecuencias más allá de lo que debió ser. Sin embargo, hay que resaltar la actuación de los ciudadanos, quienes han dado una lección de liderazgo social, saliendo por millares, con sus propios recursos, a cooperar con las víctimas en la tragedia. Lo que sucedió jamás debió suceder. Las autoridades civiles deben asumir un alto grado de responsabilidad política y tal vez jurídica, sobre lo acontecido. Y los ciudadanos que se unieron para ayudar a los suyos deberán organizarse y participar activamente en la discusión de lo público, para hacer contraloría social y así ayudar a que no se repitan tragedias como esta.