Ley PADE, crisis y el resurgimiento agroalimentario

a interrupción de la cadena logística por algo más de 30 días a causa de los cierres de carreteras, autopistas, avenidas y calles tuvo un fuerte impacto económico. Que puso en evidencia la importancia que las áreas productoras del interior tienen para las comunidades urbanas, quienes generalmente desconocen la prioridad que tiene el área rural en el estilo de vida citadino. Por lo tanto esta interrupción generó conciencia de la importancia que tiene el campo para los que viven en la ciudad.

A medida que en las redes sociales y los medios de comunicación informaban sobre la pérdida y destrucción de alimentos cultivados localmente, se intensificó la sensibilización de la ciudad hacia el campo. Esta toma de conciencia podría ser un factor clave para variar la percepción en las comunidades urbanas hacia una política que impulse la preferencia por productos agroalimentarios nacionales, en vez de los productos importados. Lo cual puede traducirse en una mayor demanda, menor riesgo de inversión en el campo y más oportunidades de créditos en el sector agroalimentario, lo que llevaría a una mayor producción y reducción de precios para el consumidor final.

En estas condiciones tan críticas, surgen oportunidades para la adopción, implementación y evaluación de la Ley 352 del 18 de enero de 2023, por la cual se establece la Política Agroalimentaria de Estados para Panamá (Ley PADE). Esta ley se configura en un factor crítico para volver la armonía al sistema productivo y estimular el crecimiento económico del país post pandemia. En el pasado, la falta de políticas agroalimentarias puso en riesgo la seguridad jurídica e inversión dentro del sector agrícola, lo cual derivó en una reducción del acceso a créditos y la sostenibilidad de la producción agroalimentaria. Contar hoy con la Ley PADE permite dar seguimiento al desenvolvimiento y evaluación de la condición agroalimentaria y el desarrollo sostenible de las medidas post-crisis, con el apoyo del Consejo de Seguimiento y Cumplimiento de la Política Agroalimentaria de Estado (Cosecupade), taxativamente establecido y normado en el capítulo segundo de la Ley PADE.

Este es el momento del bautizo de fuego de la Ley PADE, ella aborda áreas críticas del sistema agroalimentario como: la seguridad jurídica, educación, la productividad y desarrollo rural, la resiliencia climática, la equidad económica y otros, muy relacionadas con la ruta crítica para el éxito. Además desde nuestra perspectiva esta ley está íntimamente relacionada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del PNUD, como: la erradicación de la pobreza, la seguridad alimentaria, salud, el crecimiento económico, reducción de desigualdades y la sostenibilidad ambiental.

Sin embargo, esta ley enfrenta desafíos para su implementación y evaluación, puesto que la falta de recursos presupuestarios es una amenaza para la alineación estratégica de cualquier proyecto en nuestro país. Otro factor que dificulta la tarea es la heterogeneidad de los múltiples actores que han de ponerse en consenso, lo cual dificulta imantar las voluntades tanto de los protagonistas del sector público como privados dentro del Cosecupade. A pesar de ello, la situación post crisis originada por el cierre de carreteras es una gran oportunidad para demostrar la resiliencia del sector. En este contexto es preciso comprender que el impacto de la interrupción de cadena de suministro en la economía implica: levantar rápidamente una evaluación de la situación, identificar los puntos críticos, mejorar la visibilidad de la cadena logística, mejorar alianzas y asociaciones estratégicas. Y adicionar alianzas con la academia y los proveedores.

A mediano plazo conviene invertir en capacitación para el recurso humano con el objeto de adquirir competencias para enfrentar situaciones de crisis futuras, entrenando en temas como protocolo de emergencias, gestión de riesgo y cambio inesperado en la cadena. El Consejo de Seguimiento y Cumplimiento de la Política Agroalimentaria de Estado (Cosecupade) y la sociedad civil podría lograr el apoyo por parte del gobierno de manera sostenible, aprovechando el respaldo regulatorio de las políticas agroalimentarias de la Ley PADE, mientras implementar medidas, hace evaluaciones periódicas o veedurías.

En conclusión, la crisis derivada de la interrupción de la cadena logística ofrece una oportunidad para poner a trabajar la política agroalimentaria del estado recientemente aprobada en la Ley PADE. El aprovechamiento de estas oportunidades inician por varios pasos claves: primero, la concientización y sensibilización de los agentes económicos y población urbana con respecto a la importancia de las áreas rurales; segundo, la crisis ha evidenciado la necesidad de innovación y prácticas de resiliencia en el sector agroalimentario; tercero, preferir las respuestas más sostenibles para la crisis, esta situación puede ser un catalizador para fortalecer las áreas rurales brindando más recursos y capacitación a los productores; cuarto, esta coyuntura brinda la oportunidad de llevar a la práctica al Consejo de Seguimiento y Cumplimiento de la Política Agroalimentaria de Estado, a través de alianzas y colaboraciones donde las organizaciones no gubernamentales tienen un espacio para crear estrategias conjuntas que garanticen la seguridad alimentaria del país.

En mi opinión, resulta crucial considerar el desarrollo sostenible como un común denominador de todos los protagonistas involucrados en el Consejo de Seguimiento y Cumplimiento de la Política Agroalimentaria de Estado para mantener la cohesión y sensibilizar rápidamente a estos y futuros gestores gubernamentales.

El autor es psicólogo con maestría en sistemas de información e investigación de mercados y docente universitario.