La fórmula para combatir la pobreza y la corrupción

Los dos enemigos de cualquier sociedad son la corrupción y la pobreza. La corrupción se combate con instituciones robustas; la pobreza se combate con un ambiente que promueva inversiones que generen empleo y emprendimiento. A esto se le conoce como libertad económica y es la fórmula comprobada para el desarrollo de un país.

La evidencia habla por sí sola. Utilizando data del índice de Libertad Económica publicado por el Heritage Foundation, los países con mayor libertad económica tienen menos pobreza, menos desigualdad, menor mortalidad infantil, más felicidad y hasta más matrículas escolares. El ingreso per cápita promedio se dobla en cada cuartil de la muestra, a medida que aumenta la libertad económica.

Los países menos libres tienen un ingreso promedio de $6.500, mientras que lo más libres tiene un ingreso promedio de $48.200. Esto se acentúa aún más cuando tomamos el 10 % más pobre de cada cuartil, ya que vemos que el ingreso pasa de $1.700 a $14.200. Es decir, el 10 % más pobre de los países más libres es 8.3 veces más rico que el 10 % más pobre en los países menos libres y hasta más rico que el promedio de los países del tercer cuartil de libertad económica.

En 2024, el Premio Nobel reconoció a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson con el Nobel en Economía por sus estudios de cómo las instituciones son formadas y cómo afectan la prosperidad. En su libro de 2012 Por qué fracasan las naciones y 2019 El pasillo estrecho, Acemoglu y Robinson ponen en centro las ideas de cómo la libertad y las instituciones son importantes para el delicado equilibrio de un Estado robusto para la defensa de los derechos y una sociedad que cuestiona el alcance de los poderes del Estado y élites. Podemos ver varios ejemplos de esto que trasciende los aspectos históricos, geográficos y hasta culturales. Corea del Norte versus Corea del Sur, Alemania Occidental versus Alemania del Este, y Nogales, Arizona, EE.UU. versus Nogales, Sonora, México, para solo nombrar algunos ejemplos. Un ejemplo claro es el que ha conseguido países como Estonia, que luego de ser parte de la Unión Soviética, hoy se ubica en el octavo puesto, o como Mauricio y Botswana, que son los países más prósperos de su continente al abrazar las ideas del libre mercado.

El objetivo es, entonces, saber encontrar el balance para que existan los pesos y contrapesos en la sociedad que permitan instituciones que garanticen nuestros derechos y reglas claras de manera imparcial y transparente. Sin instituciones no hay garantías de participar en igualdad de condiciones y con un Estado muy centralizado, como diría Bastiat: “la ley ya no es el refugio del oprimido, sino el refugio del opresor”. La pregunta obligada entonces es, ¿dónde ubicamos a Panamá y cómo podemos aplicar la fórmula?

A nivel global, Panamá se considera un país modernamente libre con puntajes relativamente buenos en cuanto a apertura a la inversión, a los negocios, comercio internacional, libertad bancaria y baja carga tributaria. Sin embargo, marcamos muy bajo en Estado de derecho, efectividad judicial, integridad gubernamental y salud fiscal. A nivel regional, esto nos ubica en noveno lugar por debajo de Uruguay, Jamaica, Costa Rica, Barbados y Perú. Estos países son también los principales competidores de Panamá en la atracción de inversión extranjera directa. De hecho, Costa Rica y Uruguay, en los últimos años, han logrado desplazar a Panamá en flujo de inversión. Esto es particularmente interesante porque Panamá de hecho tiene indicadores financieros que podrían ser más atractivos que varios de los países que lo preceden en la lista: la estabilidad del dólar, impuestos bajos, el Canal, y ser, por ahora, grado de inversión. Esto demuestra que tener instituciones robustas que hagan ejercer un Estado de derecho donde haya efectividad judicial tiene mayor peso a la hora de atraer la inversión y poder generar empleos. De hecho, el criterio más importante que mide Fitch Ratings para dar su calificación de riesgo son los indicadores de gobernanza: Estado de derecho, efectividad gubernamental, control de la corrupción y ambiente para los negocios. Fitch le da un peso de 22 % del total solo a este criterio, que, para referencia, es el doble de lo que le da al PIB per cápita y el triple de lo que le da a la relación deuda-PIB.

Es claro, entonces, que para que Panamá pueda cumplir con sus objetivos sociales debe poner en el centro de su plan la libertad económica.

La pobreza se combate con empleo, los empleos se generan con inversión y la inversión viene cuando se genera confianza. Para poder generar esa confianza y reducir el riesgo del país debemos enfocarnos en tener instituciones que hagan ejercer un Estado de derecho en igualdad de condiciones de manera transparente. Eso crearía el ambiente propicio para que tengamos un Panamá más próspero y el desarrollo llegue a todos.