Keynesianismo y política fiscal en Panamá

J ohn Maynard Keynes fue un economista británico que a través de su obra, ‘Teoría general del empleo, el interés y el dinero', rompió con los postulados básicos de la Teoría Clásica de la Economía, sustentada por economistas como Adam Smith y David Ricardo, entre otros que planteaba que la economía a través del libre mercado se regulaba por sí sola, conllevando al final el pleno uso de los factores de producción. Keynes planteó, en pleno auge de la Gran Depresión de EE.UU. de los años 30, que era necesario que, en tiempos de crisis, el Gobierno debía incrementar su gasto a través de mayores aportes presupuestarios para el estímulo de la economía, creando lo que conocemos hoy en día como Política Fiscal.

El concepto fundamental de la economía Keynesiana establece que en momentos de debilidad de la economía, se genera una situación en la cual el consumo tiende a disminuir, por lo que de la misma manera se contrae la inversión privada, razón por la cual, si el Estado tomara la decisión de contraer también su gasto, el efecto final será obviamente una profundización de esta debilidad económica, la cual se va a convertir en un círculo vicioso del cual no habrá forma de salir por sí sola como planteaban los economistas clásicos. En buen panameño, una contracción del gasto del Estado en una época de debilidad económica sería como darse uno mismo, un tiro en el pie.

En la República de Panamá, a pesar de registrarse un crecimiento importante de la actividad económica en los últimos años, al inicio del 2018 se empezó a mostrar cierta debilidad en la actividad de la construcción, producto de la disminución de nuevos proyectos a la espera de poder colocar la oferta ya existente en el mercado. Esta situación, que al inicio solo afectaba a este sector, se vio profundizada de manera exponencial y generalizada al resto de los sectores económicos, como consecuencia de la huelga que por más de cuarenta y cinco días paralizó prácticamente en su totalidad al segundo sector más importante de nuestra economía.

En el manejo de las Finanzas Públicas, al igual que ocurre en las finanzas personales o empresariales, cuando los gastos exceden a los ingresos en un período determinado, se genera lo que se conoce como un déficit, el cual usualmente se tiende a compensar a través del endeudamiento para estar en capacidad de enfrentar sus necesidades. Así como a las personas se les establece un límite de endeudamiento en función de sus ingresos, con el objeto de garantizar que el individuo mantenga su capacidad de enfrentar sus obligaciones familiares sin desatender sus compromisos financieros, en Panamá se aprobó la Ley de Responsabilidad Social Fiscal en la cual, como su nombre bien lo señala, se establecen límites a la actividad fiscal, principalmente al endeudamiento, con el objeto de asegurarse de que el manejo de las Finanzas Públicas se hará de manera responsable y transparente, para no comprometer su capacidad de atender las necesidades de la población, como consecuencia de un excesivo endeudamiento.

Como respuesta a la situación de desaceleración de la economía, el Gobierno nacional presentó ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley No. 693, a través del cual se aprueba que el límite máximo de déficit fiscal del Sector Público no Financiero pasará de un 1.5 % a 2.0 % del PIB para el año 2018. Se estima que al aumentar el límite del déficit, se tendría acceso a recursos adicionales por el monto de B/. 300 millones, que se espera, sea el estímulo que tanto requiere nuestra economía, con el objetivo fundamental de revertir los efectos perniciosos de la huelga de la construcción y que además contribuya a disminuir el período de transición entre la finalización de la principales obras de infraestructura pública que se ejecutan en la actualidad y las que están por iniciar, con el fin de que los niveles de desempleo se mantengan en los mínimos posibles.

Como hemos señalado anteriormente, la contracción del gasto gubernamental en momentos de desaceleración económica por mucho no es la mediada más adecuada. En estos momentos se justifica, más que nunca, la intervención del Estado, tal como planteaba Keynes, para recuperar el pleno empleo y la dinámica económica deseada. El compromiso básico por parte del Gobierno nacional es el de garantizar que el uso de los recursos aprobados se manejaran de una manera transparente y al final la rendición de cuentas de la inversión realizada será un compromiso.

EL AUTOR ES DIRECTOR DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MEF.