El derecho a la protesta pacífica

En el complicadísimo contexto político, social, económico y estratégico que enfrenta nuestro país en la actualidad, no hay que ser un mago para predecir que enfrentaremos escenarios plagados de protestas de diversa índole, como expresión del descontento o demanda que surge por diversas causas subyacentes.

Como todos sabemos, aquí las causas subyacentes van desde el interminable debate por el rescate del fondo de pensiones de la CSS, hasta la defensa de nuestra soberanía y neutralidad frente a las amenazas del coloso del norte, pasando por la acalorada polémica sobre abrir -en óptimas condiciones de salud pública y ambiental, legales y económicas- la mina de cobre. Constituyen elementos de un explosivo caldo de cultivo que requiere del urgente y democrático abordaje de los problemas y la promoción conjunta de soluciones pacíficas y constructivas.

En ese contexto, la tensión entre el derecho a la protesta y la necesidad de mantener el orden público es un dilema que será frecuente en nuestra democracia, mientras permanezcan sin solución satisfactoria para la mayoría de los panameños, los problemas arriba señalados.

Dicho lo anterior, dedico el resto de esta glosa a compartir algunas reflexiones sobre la protesta pacífica, basada en la libertad de expresión, reunión y asociación, y su antípoda, la protesta violenta que ha caracterizado -recientemente- muchas manifestaciones de diferentes grupos de nuestra sociedad.

Comencemos subrayando que el derecho a la protesta pacífica como herramienta esencial de participación ciudadana está protegido por diversas normas nacionales e internacionales. Es una manifestación pública de desacuerdo o descontento que se desarrolla sin recurrir a la violencia física o verbal. Se caracteriza por ser un ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión y de reunión, donde las personas se organizan para expresar sus opiniones o demandas de manera pacífica. Puede adoptar diversas formas, como marchas, sentadas, huelgas, concentraciones y actos simbólicos. Busca generar conciencia, movilizar a la sociedad y presionar por cambios o soluciones a problemas específicos, siempre dentro del marco de la legalidad y el respeto por los derechos de los demás.

Para garantizar la protesta pacífica, es fundamental que las autoridades y los manifestantes respeten los derechos fundamentales de libertad de expresión y reunión. Las autoridades deben brindar seguridad a los manifestantes evitando el uso de la fuerza, mientras que los manifestantes deben ejercer su derecho de manera pacífica y responsable, sin recurrir a la violencia o dañar la propiedad. Es fundamental promover una cultura de respeto y tolerancia hacia las diferentes opiniones y formas de expresión.

Sin embargo, cuando una protesta se vuelve violenta y afecta los derechos de terceros -como está ocurriendo actualmente en nuestro territorio-, es necesario equilibrar el derecho a la manifestación con la protección del orden público y los derechos de quienes no participan.

Por su parte, la protesta violenta se distingue por el uso de la fuerza física o la agresión verbal como medio de expresión y acción. Esta forma de protesta recurre a la intimidación para imponer sus demandas o expresar su descontento. Las acciones pueden incluir disturbios, enfrentamientos con las autoridades, daños a la propiedad pública o privada, saqueos y agresiones físicas contra personas. Aunque en algunos casos puede surgir como una respuesta a la represión o a la frustración acumulada, la protesta violenta a menudo genera un clima de tensión y polarización, obstaculizando el diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas. Además, tiene consecuencias legales para quienes participan en ella, ya que las autoridades suelen responder con medidas de seguridad y represión.

Para evitar la participación violenta, es fundamental abordar las causas subyacentes del descontento y la frustración que pueden llevar a la violencia. Esto implica que las autoridades establezcan canales de comunicación abiertos y transparentes con los manifestantes y la ciudadanía; permitiendo a las personas expresar sus opiniones y demandas de manera pacífica. Asimismo, es crucial que se investiguen y sancionen los abusos de poder y la represión, para evitar que la violencia se convierta en la única vía de expresión.

En caso de que se produzcan actos de violencia, es necesario que las autoridades actúen con proporcionalidad y respeto a los derechos humanos, evitando el uso excesivo de la fuerza. La represión indiscriminada puede generar más violencia y polarización, por lo que es fundamental que se utilicen métodos de disuasión pacífica y se busque el diálogo con los manifestantes. Asimismo, es importante que se identifique y aísle a los grupos violentos minoritarios, para evitar que contaminen el movimiento pacífico y legitimen la represión.

Para terminar, subrayo que, las protestas prolongadas generan un impacto significativo en la sociedad, tanto en términos económicos como sociales y políticos. Su duración e intensidad afectan a distintos sectores y provocan un desgaste en la opinión pública. Por ello, es importante que busquemos -todos juntos- soluciones pacíficas y constructivas a los problemas que originan la protesta.

En ese sentido, es esencial establecer un diálogo abierto y constructivo entre todas las partes involucradas, identificando los problemas, encontrando soluciones y construyendo un futuro mejor para todos.