Diputadas y diputados: ¡mantengan su independencia!

Uno de los saldos negativos del camino hasta ahora recorrido por el proyecto “del órgano Ejecutivo” para reformar el Seguro Social ha sido la arrogancia de sus creadores para rechazar las opiniones contrarias y que ha llegado hasta el exabrupto inconstitucional de querer imponer tiempos y condiciones al órgano Legislativo.

Las leyes en Panamá pueden ser propuestas, aparte de “sus padres naturales”, los diputados, por los otros órganos del Estado, por las instituciones a las que se les reconoce iniciativa legislativa y, también por la ciudadanía; pero una vez presentado un proyecto de ley, la única competente para discutirlas y aprobarlas es la Asamblea Nacional. Y, en ejercicio de esa competencia, que es exclusiva y excluyente, puede, como decidió hacerlo la Comisión de Trabajo, Salud y Asuntos Sociales, celebrar consultas para escuchar las opiniones de todas las organizaciones y ciudadanos que quisieran aportarlas y, también para, como igualmente ha decidido, ya sea mediante la asistencia de “una mesa tripartita” o de cualesquiera otra forma de colaboración que estime útil, que los ayude en la revisión y eventual consolidación del proyecto que, luego de votado por la comisión, pasaría a ser considerado en el segundo debate por el Pleno de la Asamblea.

El camino hasta ahora recorrido por la Asamblea y, más específicamente, por su Comisión de Trabajo, Salud y Asuntos Sociales, ha rescatado un proceso que estaba a punto de descarrilarse debido al pésimo manejo, lastrado por la falta de los consensos previos que debieron haber generado sus promotores y por los obstáculos y las fricciones artificial y absurdamente creadas por las inoportunas reacciones y las amenazas apocalípticas de varios voceros gubernamentales, como los últimos exabruptos del titular de Minsa, disputándole a la Asamblea sus competencias constitucionales que, por tipificar una extralimitación de sus funciones, debiera ser, como mínimo, motivo de una conminatoria advertencia y, eventualmente, hasta causal de su cesación en el cargo.

En las actuales circunstancias, después de que se abandonaran las prisas contraproducentes, todos los actores deben, en primer lugar, ubicarse en los papeles que les corresponden, para contribuir, con actitud positiva y ausente de egoísmos sectarios, a crear los consensos necesarios para que la ley que finalmente se apruebe resuelva con medidas permanentes la presente coyuntura crítica de nuestra seguridad social.

El proyecto original del Ejecutivo, aunque saturado de inconsistencias que lo hicieron inviable, cumplió con servir como punto de partida, pero sus autores deben aceptar que, desde el momento en que fue presentado a la Asamblea, es en esta instancia donde está radicada la competencia para decidir sus contenidos finales, y que la metodología que está siguiendo, aunque rete la impaciencia de los proponentes o de algunos sectores interesados, al final de las cuentas tendrá que ser reconocida como la que mejor puede producir la solución más justa y más democrática.

En la Asamblea Nacional, por su conformación, esencialmente heterogénea y por estar fraccionada en bancadas que, en la mayoría de los casos, se conducen con base en intereses y cálculos sectarios electoreros, no será fácil construir consensos. Ese será su gran reto. Y, para superarlo, cada uno de sus miembros debiera anteponer el deber que tienen, primordialmente, ante la ciudadanía y ante toda la nación.

Los diputados son postulados por los partidos o de libre postulación, pero en ambos casos, una vez elegidos, aunque representen a sus postulantes y a los electores de sus respectivos circuitos, deben actuar “en interés de la nación”, lo que significa que siempre deben anteponerlo a cualquier otro interés.

El debate nacional sobre la seguridad social, como pocos en nuestro devenir republicano, marcará un antes y un después para medir nuestra madurez como nación y a quienes les hemos dado el mandato para gobernar. El principal protagonismo de esa misión ahora está radicado en la Asamblea Nacional, y lo recomendable, para que puedan salir airosos ante ese reto, es que los diputados y las diputadas, aparquen sus asociaciones con quienes hayan sido el vehículo que hizo posible sus postulaciones, que decidan “despartidizarse” y hacer oídos sordos a quienes insisten en influirles o presionarlos con apresuramientos innecesarios y que cada una y cada uno actúe y decida, única y exclusivamente “en interés de la nación”.