Extraña forma de atentar contra la sociedad

El interés colectivo prima sobre el interés particular y la Constitución de la Republica obliga al Estado a velar por la salud pública, así que en términos legales el Gobierno del presidente Laurentino Cortizo Cohen no estaría incurriendo en ninguna ilegalidad si apelara a esa obligatoriedad.

En 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró pandémicos los estragos de la COVID-19, una amenaza real a la existencia misma de la humanidad, que, hasta ahora, ha provocado más de 208 millones 690 mil contagios y más de cuatro millones 383 mil muertos, y que en marzo de ese año obligó al Gobierno a tomar medidas extraordinarias para encarar el flagelo.

La administración Cortizo no inventó la pandemia, reconoció la alerta dada por la OMS considerando el alto número de muertes que se registraban en Asia y Europa, y actuó en consecuencia, en defensa de la vida, que es el principal derecho humano de toda sociedad.

Que, si cualquier persona tiene o no derecho a vacunarse, depende de la situación. Si la COVID-19 no fuera una amenaza letal, y si la vacuna a administrarse fuera optativa, podría alegarse tal prerrogativa, pero cuando se está ante una comprobada amenaza de muerte, prima el derecho a la vida.

En 17 meses de pandemia más de seis mil panameños han muerto víctimas del virus y sobrepasan los 400 mil el número de contagios, suficientes evidencias como para demostrar la gravedad del problema; la aplicación de la vacuna a partir de enero de este año determinó la reducción de muertos y contagios. Hay que recordar los dantescos pronósticos que organismos especializados hicieron respecto a Panamá.

¿Existen acaso argumentos de mayor contundencia? Más grave que las muertes y los contagios es el proselitismo que ahora surge a favor de la no vacuna, aun a sabiendas de que cualquier persona que no se administre la dosis presenta dos condiciones: la primera, atentar contra su propia vida, y la segunda, ser transmisor de un virus asintomático con el que le puede causar la muerte a sus familiares, a sus amigos, a conocidos y a desconocidos.

¿Derecho a la no vacuna? ¿Y dónde queda el derecho a la vida de aquellos que nos rodean? Además de la muerte y los contagios, ha sido demostrado, no solo en Panamá, sino en otros países que la mayoría de las muertes ocurridas entre enero y agosto de este año se registraron entre personas no vacunadas, y que las vacunadas pudieron sobrellevar y superar con creces el ataque del virus. ¿Qué otras evidencias quieren los que hacen proselitismo a favor de los supuestos derechos de los no vacunados? No vacunarse deja de ser una opción cuando lo que está en juego es la vida de todos; se trata de un deber para con toda la sociedad, una defensa colectiva ante el ataque de la COVID-19.

En esta batalla el Gobierno asumió su responsabilidad. Desde febrero de 2020, con el llamado a salvar vidas y con una distribución de recursos sin precedentes en la historia del país, la administración Cortizo delineó una estrategia que puso a la sociedad panameña a salvo de la anarquía y la desesperación, y propició condiciones para que Panamá afrontara de la mejor manera el tema de la salud.

Mientras que en otros países las morgues colapsaron y había ataúdes navegando por las calles; mientras que otras sociedades han visto horrorizadas cómo había que elegir una última cama, en Panamá jamás ocurrió eso; el país siempre estuvo delante de la pandemia con centros hospitalarios, hoteles y con una permanente trazabilidad que permitía focalizar al enemigo.

Pero defender la vida en Panamá no ha resultado una tarea fácil, primero por quienes intentaron utilizar el drama como una oportunidad para ganar espacios políticos. A título de su interés personal o su odio político, fueron incapaces de reconocer la gran jornada en la que estaba embarcado el país, y que un fracaso del Gobierno era un fracaso de todos los panameños.

Pese a ello, la administración Cortizo no solo ha sido leal con los panameños, no solo ha sido consecuente con la vida de todos; no solo soportó estoicamente toda la injuria, la mentira y la agresión, sino que no permitió que nada entretuviese sus esfuerzos. Inclusive, cuando los ataques de la COVID-19 a las instituciones del Estado atentaron contra la actividad pública, el Gobierno mantuvo reducidos números de funcionarios laborando, expuesto inclusive al contagio, comenzando por el propio presidente. Pero, cuando en honor a ese trabajo, Laurentino Cortizo Cohen dijo: “me la voy a jugar”, la sorna y la burla fue la respuesta, en lugar de valorar la decisión de lucha del mandatario.

Ahora resulta que, en la última etapa de la batalla, cuando el país se aproxima a una gran victoria sobre una pandemia inédita, cuando nos acercamos a la inmunidad de rebaño, la convocatoria extraña es ¡no vacunarse!, porque supuestamente es un derecho. No vacunarse, no es una opción, y no porque el Gobierno lo vaya a imponer; de hecho, en 17 meses de pandemia a nadie se ha obligado a nada. No es una opción, sencillamente, porque lo que está en juego es la vida de todos.

Claro que cada uno tiene el derecho a elegir su forma de morir, lo que nadie puede hacer es determinar la forma como mata a otros, como liquida a inocentes, a personas que caminan a su lado sin sospechar siquiera quién es el homicida en potencia. Sensatez por delante, los panameños siguen acudiendo en mayoría a los centros de vacunación. (JBV)