Costa Rica investiga fraude millonario con bonos de carbono emitidos en favor de la comarca Ngäbe Buglé

Autoridades judiciales de Costa Rica investigan un presunto fraude millonario, a través del uso de un certificado de carbono por 39 millones de dólares emitidos para el desarrollo de la comarca Ngäbe Buglé con miras a estudiar, explorar y explotar eventualmente el yacimiento de cobre en Cerro Colorado, ubicado en esta región indígena.

El abogado Juan José Quirós detalló que la comarca, a inicios del año 2019, le encargó a su cliente Sergio González Rivera (de nacionalidad costarricense) la colocación en el mercado de un certificado por 39 millones de dólares, que sería el dinero inicial para desarrollar el yacimiento de cobre ubicado en la comarca. 

Esta negociación se dio cuando Demesio Casés fungía como presidente del Congreso General Ngäbe Buglé.

La intención era colocar 3.9 millones de toneladas de carbono no emitido a un precio inicial de $10 millones por tonelada en mercados internacionales. Eso hubiera representado un ingreso de $39 millones, de los cuales el 60% iba para la comarca y el 40% restante para los socios (Sergio González Rivera y Eduardo Ramírez Hernández), una vez descontados los gastos.

El presunto hecho delictivo se habría dado luego que Eduardo Ramírez Hernández (quien era socio de González Rivera) le dice a Óscar Gutiérrez (otro socio) que quitara el certificado que estaba en la página de la Bolsa de Comercio (Balcomer) que tenía la firma de su cliente Sergio González Rivera y que en su lugar se pusiera otro certificado sin la firma de su cliente para que Rivera no pudiera reclamar.

El delito de fraude se habría concretado, según Quirós tras la sustitución del certificado inicialmente emitido, en el cual estaba al firma de su cliente.

Los 39 millones constituían el precio del certificado de carbono, el cual según Quirós, pareciera que fue negociado, según lo dicho por Óscar Gutiérrez Lachner a otra abogada, “osea, que ese certificado ellos lo convirtieron en dinero”, afirmó.

Esto según Quirós, está certificado en un mensaje de correo donde Eduardo Ramírez Hernández le dice a Óscar Gutiérrez Lachner “que retire de la pagina de Bolcomer el certificado que tiene la firma del gordo Sergio (en aparente alusión a su cliente) y que lo sustituya por uno que no tiene la firma, para que el gordo no reclame”.

La denuncia detalló Quirós, fue interpuesta contra Óscar Gutiérrez Lachner y Eduardo Ramírez Hernández en agosto de 2019 ante el Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial, de San José, Costa Rica y se está en espera de que se fije una fecha para la audiencia preliminar.

Indicó que Óscar Gutiérrez ya rindió indagatoria en la Fiscalía y Eduardo Ramírez Hernández, quien presuntamente según Quirós se encuentra en Panamá, está rebelde dentro del proceso. "Ya se hizo la gestión para que se le declare en rebeldía y sea capturado por medio de Interpol", dijo.

Quirós agregó que Óscar Gutiérrez ya fue indagado el 23 de septiembre de 2020 y se realizó un allanamiento a las oficinas de Bolcomer y Transcomer (Puesto de Bolsa de Comercio), en donde la Fiscalía de Fraudes y Cibercrimen de Costa Rica decomisó documentos que son los que están sirviendo de pruebas en la causa bajo el expediente 19-0486-0619-PE.

El jurista detalló que al ex presidente del Congreso General Ngäbe Buglé, Demesio Casés se le menciona en el proceso, pero no está señalado como responsable de la presunta comisión del delito de fraude.

El presidente encargado del Congreso General Ngobe Buglé, Raymundo Palacio, detalló que Casés fue separado del cargo tras firmar este convenio con un empresa costarricense, en donde no se cumplieron los procedimientos que establecen las leyes internas de la comarca.

“Hubo un convenio en donde aparentemente allá los socios en Costa Rica tuvieron diferencias y así fue que nos dimos cuenta de los negocios que habían hecho el señor Nemesio con los costarricenses Óscar Gutiérrez y Eduardo Ramírez”, sostuvo Palacio.

Afirmó que el señor Casés actuó fuera de la norma y por eso el equipo de asesores de la comarca está analizando de las acciones a seguir.

"Actuó arbitrariamente con los recursos naturales de la comarca como si fuese propiedad privada, cuando los recursos de la comarca son colectivos”, precisó.

Manifestó que la ley de la comarca señala claramente que cualquier proyecto nacional o internacional, debe ser aprobado o desaprobado por el congreso, no por una persona.

“Por tal motivo, él fue destituido del cargo y ahora que el tema ha salido a la palestra pública le estamos dando seguimiento en Costa Rica”, aseguró.

Palacio explicó que la ley permite concretar la emisión de estos bonos, pero recalcó que hay un procedimiento a seguir en este tipo de convenios.

"La falla estuvo en que el acuerdo se hizo a escondidas de la población, a escondidas del Congreso General, que está compuesto por todos los delegados de todos los corregimientos de la comarca que lo aprueban si es un proyecto es de beneficio común para toda la población y no de una sola persona", detalló.

“Casés actuó solo, actuó desconociendo a la Junta Directiva y sin el conocimiento del Congreso. Actuó arbitrariamente y cuando nos dimos cuenta ya se habían negociado los bonos y se habla de la estafa millonaria que fue denunciada en Costa Rica”, enfatizó.