Impuesto mínimo global, ¿a quién beneficia?

Aunque el impuesto mínimo global es considerado una de las reformas históricas realizadas al sistema fiscal internacional, también existe la posibilidad de que sea un mecanismo de protección para los países que son paraísos fiscales.

Así lo consideró Susana Ruiz, coordinadora global de Oxfam Internacional para los temas de justicia fiscal, quien señaló que esto se debe porque el nivel de tributación estipulado de un 15% para las empresas multinacionales (EMN) no rompe con el mecanismo de competencia “desleal”.

“Es un sistema que es un avance en cierta medida porque cambia la idea radical de que cualquier país puede hacer lo que quiera ahora que se estipuló un 15%. Sin embargo, este porcentaje es tan bajo y está diseñado para que los paraísos fiscales puedan seguir protegiéndose porque en realidad lo único que estás haciendo es elevar un poco el porcentaje, pero no creando un sistema que rompa totalmente con el mecanismo de competencia desleal entre países”, explicó Ruiz.

Para la coordinadora global de Oxfam Internacional para los temas de justicia fiscal, el impuesto mínimo del 15% no significa que cada país pueda recuperar ese 15% porque el sistema consiste en que las empresas multinacionales paguen la parte equitativa de impuestos que les corresponda, con independencia de donde lleven a cabo sus actividades y generen los beneficios.

Es decir, si una empresa estadounidense está operando con una filial en Irlanda y pagaba solo 5%, ahora con el impuesto mínimo global Irlanda recuperará la diferencia a complementar del 15%.

“Ese 15% fue diseñado para que beneficiar a los países ricos y a los países dónde está la matriz de esas empresas”, criticó Ruiz.

“Lo que se ha hecho es dar un giro para que al final los países que lo ponen en marcha les permita seguir siendo un paraíso fiscal y ser los primeros que recaudan esa diferencia del 15%”, añadió.

Un total de 136 países ya se encuentran implementando, a partir de este 2023, el impuesto mínimo global a las empresas multinacionales (EMN), que fue establecido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde). Este sistema busca asignar más de $125,000 millones en beneficios provenientes de alrededor de las 100 mayores y más rentables empresas multinacionales a países de todo el mundo.

Dicha norma no pretende eliminar la competencia fiscal, sino que establece limitaciones pactadas multilateralmente, y generará una recaudación tributaria adicional, para los países, de unos $150,000 millones, explica la Ocde en su página web. “El acuerdo que se ha alcanzado hará que nuestros acuerdos fiscales internacionales sean más justos y funcionen mejor”, dijo Mathias Cormann, secretario general de la Ocde en un comunicado.

Agregó que “se trata de una gran victoria para el multilateralismo eficaz y equilibrado. Es un acuerdo ambicioso que garantiza que nuestro sistema fiscal internacional cumple su propósito en el marco de una economía mundial digitalizada y globalizada. Ahora, debemos trabajar con rapidez y diligencia para garantizar que esta importante reforma se aplique correctamente”.

Aunque la implementación del impuesto mínimo global se dio para este 2023, la coordinadora global de Oxfam Internacional para los temas de justicia fiscal aclaró que esta medida todavía no está en marcha porque son muy pocos los países que están optando por establecerlo, como es el caso de Suiza y Singapur. “Una cosa es firmar el acuerdo internacional y otra es ponerlo en marcha. Aunque la mayoría de los países, incluido Panamá, ratificaron el paquete de medidas globales en octubre de 2021, no significa que deben estar obligados a establecer ese impuesto, pero en el caso que así lo quieran deberán hacerlo bajo las condiciones que se acordó con la Ocde”, puntualizó.

Ruiz reiteró que aunque la Comisión Europea acordó este año ponerlo en acción, los distintos países apenas están adaptando todo, de una legislación europea a su legislación nacional. Vaticinó que a partir de 2024 es posible que se dé un funcionamiento más real del impuesto mínimo global.

“No está implementando en todos los países, pero hay algunos que están haciendo algunos movimientos, como Suiza y Singapur que están anunciando que lo pondrán en marcha de una forma que les permite a ellos no perder el estatus de paraíso fiscal porque serían los primeros que podrían activar esa recuperación del impuesto mínimo del 15%. Veremos los resultados en un tiempo”, manifestó.

Panamá fue uno de los países que aprobó el impuesto mínimo global porque forma parte del Marco Inclusivo de la Ocde. Tomó la decisión como país de adherirse a la Declaración sobre el enfoque de dos pilares para abordar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía y adoptar un enfoque de dos pilares propuestos en el año 2019 por la OCDE y el Grupo de los Veinte (G20) el cual es principal foro para la cooperación económica internacional, explicó Publio De Gracia, director de la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a este medio.

Estos dos pilares propuestos buscan abordar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía y responder a las problemáticas de los 15 Planes de Acción BEPS (del inglés Base Erosion and Profit Shifting, en español Erosión de la base imponible y traslado de beneficios), para abordar la evasión fiscal y el traslado de beneficios.

“Más de 130 países firmaron este acuerdo, incluido Panamá, y los países que firmaron la declaración del Marco Inclusivo de la OCDE y el G20 sobre BEPS han formado parte de la discusión. Por lo tanto, Panamá, como otros países deberán revisar sus regulaciones tributarias actuales y evaluar sus incentivos fiscales”, comentó De Gracia.

Actualmente la DGI se mantiene en evaluación y análisis del impacto a las empresas dentro del umbral que establecen ambos pilares. Esta evaluación incluye cifras, sectores económicos, zonas económicas especiales y los incentivos fiscales existentes. La Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional (DEFFI), será la encargada de definir y adecuar las estrategias adoptadas por el Gobierno en relación con la competitividad financiera y fiscal internacional, a fin de cumplir con los estándares internacionales de transparencia, por tanto, los dos pilares propuestos por la OCDE y el G20.

El director de la DGI comentó que para el país, las ventajas principales del impuesto mínimo global tiene una perspectiva más amplia que el impacto en la recaudación. “... es una oportunidad de nuevos ingresos que previamente no existía, y a su vez podrá crear nuevos incentivos para la atracción de la inversión internacional de empresas multinacionales”.

Sin embargo, reconoció que ante un escenario de fuerte cambio a nivel global fiscal, las administraciones tributarias tendrán retos, como “la evaluación de las normativas nacionales actuales, que requiere un esfuerzo por parte de estas administraciones para involucrar a los contribuyentes, a fin de evitar una percepción de inseguridad e inestabilidad”.