El sector marítimo panameño: entre la eficiencia prometida y los escándalos de la administración actual

El sector marítimo de Panamá, un pilar crucial de la economía nacional, ha enfrentado desafíos significativos en los últimos años. A las secuelas de la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania se suman los problemas internos derivados de la gestión de Noriel Araúz al frente de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

La designación de Araúz como administrador de la AMP fue recibida con entusiasmo. Por primera vez, un profesional del sector marítimo, con una trayectoria destacada en el ámbito, asumía este cargo. En sus primeras declaraciones, Araúz prometió mejorar la eficiencia, transparencia y modernización de la AMP. Sin embargo, la gestión de Araúz ha estado marcada por numerosos escándalos y denuncias.

Pero pronto acabaría la luna de miel con Araúz, debido a cada una de las irregularidades que se convertirían en la tónica de su administración.

Contrataciones cuestionables, denuncias y renuncias: el dossier de Araúz

Uno de los primeros incidentes que significó un gran traspié para el funcionario ocurrió en 2020, cuando la embarcación Sea Lion fue responsable de un derrame de 250.000 galones de combustible marino en la entrada del Pacífico del Canal de Panamá.

La magnitud del daño ocasionado fue tal, que en 2021 las costas de la isla de Taboga también estuvieron en peligro.

La AMP inició una investigación y determinó que la embarcación presentaba múltiples irregularidades, como escapes de aceite, combustible y aguas residuales, así como un mal manejo de sentinas y repetidas infracciones a los manuales de prevención de incendios y accidentes. A raíz del accidente y otras irregularidades, se le canceló la licencia a Sea Energy Shipping Inc.

Pero la suerte le sonrió a Sea Energy Shipping, ya que a pesar de las sanciones, la empresa volvió a recibir su licencia de operación, lo que llevó al abogado ambientalista Harley Mitchell a presentar una denuncia penal contra esa empresa por poner en riesgo el ambiente marino. Según Mitchell, la empresa goza del favor del administrador general de la AMP, Noriel Araúz, lo que pone en duda la transparencia y la eficacia de la entidad reguladora.

En junio de 2022 se descubrieron contrataciones directas de otra empresa suertuda, esta vez era Stward Inc, de su amigo Pablo Torres, quien fue favorecida con el contrato para el transporte de funcionarios encargados de inspecciones, financiadas con una cuenta de la AMP en Miami. Y no solo eso, resulta que los pagos de la suertuda Stward salen de una cuenta que tiene la AMP en Miami y que es para pagar servicios marítimos auxiliares fuera del mar territorial panameño. Hubo muchas críticas por estas contrataciones, pero de la AMP nunca salió alguien a desmentir o a aclarar el asunto.

Pero mientras trataba de surfear el escándalo por los contratos de Stward, el abogado Roberto Ruiz Díaz presentaba una denuncia contra Araúz y el director de Marina Mercante, Rafael Cigarruista, por supuestos delitos contra la administración pública. Los funcionarios fueron acusados de emitir una patente a la nave Gibunker 100 sin cumplir con los requisitos establecidos por la resolución de la AMP de 2018, que limita la antigüedad de las embarcaciones destinadas al transporte de combustibles.

El aguacero no terminaba de caer sobre Noriel, cuando su subadministradora de la AMP, Ana Margarita Reyes, renunció sin ofrecer explicaciones, dejando un vacío de liderazgo y especulaciones sobre los motivos de su salida, por ejemplo, las denuncias por las irregularidades en la administración de la AMP.

Septiembre trajo una nueva denuncia contra Araúz, esta vez por autorizar un desguazadero en Colón sin el debido estudio de impacto ambiental.

Y unos meses después y como regalo de Navidad de 2022, Noriel se ocupaba de ser titular en medios internacionales, cuando defendió la exclusividad del despacho de búnker a cruceros en la terminal de cruceros de Amador, favoreciendo una vez más a la suertuda empresa de su amigo Pablo Torres, Stward Inc. A pesar de las críticas nacionales e internacionales y al impacto que podría tener esta decisión sobre la llegada de turistas, Noriel en un comunicado señaló que el despacho de búnker es un negocio privado y así sin más, la decisión se mantuvo.

Pasadas las fiestas de fin de año, en enero de 2023, la AMP fue cuestionada por la organización United Against Nuclear Iran (UANI) por supuestamente permitir que buques iraníes evadieran sanciones utilizando la bandera panameña. La respuesta del Gobierno panameño fue considerada insuficiente, generando llamados a una investigación exhaustiva.

Para junio saldría a la luz otra irregularidad de la gestión de Noriel Araúz, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia admitió una demanda de nulidad presentada por la Asociación de Armadores de Panamá (Arpa) contra una resolución de la AMP que aprobaba la patente para la nave Gi Bunker 100, propiedad de Sea Energy Shipping Inc. La demanda alega que se omitió el año de puesta de quilla de la embarcación en la documentación oficial, lo que cuestiona la transparencia del proceso.

Y la cereza del pastel de esta cuestionada administración fue cuando en junio de 2023, la Marina Mercante de Panamá fue incluida en la lista gris del memorando de entendimiento (MOU) de París, según el informe anual del organismo. El país cayó 10 posiciones desde el periodo 2019-2021, pasando del puesto 36 en la lista blanca al puesto 46 en el ranking 2020-2022, ubicándose junto a países como India, Marruecos y Croacia.

Luego, en noviembre de ese año, se conocería una nueva denuncia de favoritismo por parte del administrador, al señor señalado por beneficiar a tres empresas con el control de los certificados médicos de marinos, que cada dos años deben emitir alrededor de 400.000 marinos que forman parte de la Marina Mercante panameña. Un negocio millonario al que la AMP no ha permitido la inclusión de nuevos actores, ya que han decidido ignorar la solicitud de una cuarta empresa interesada, que incluso ofreció mejores condiciones que su competencia, algo que para el administrador no ha sido suficiente.

Con tantas denuncias por mala administración y favoritismo, la gestión de Noriel Araúz al frente de la AMP ha sido una montaña rusa de expectativas incumplidas y controversias continuas. Los desafíos internos, sumados a las presiones internacionales, han puesto en jaque la eficiencia y la transparencia prometidas, dejando un sector crucial para la economía panameña en una encrucijada crítica.

La llegada de un presidente afín al sector, como José Raúl Mulino, significa una luz de esperanza para los gremios, quienes esperan que quien se designe al frente de la Autoridad Marítima de Panamá sea una persona proba, con experiencia en el tema marítimo, con trayectoria de éxito empresarial,comprometida con el mejoramiento de la eficiencia, la transparencia, y fomentar la innovación tecnológica para que el país vuelva a brillar como líder indiscutible del comercio y la logística internacionales.