Seguridad ciudadana, política represiva y sentimiento de inseguridad

El Gobierno nacional que tomó posesión el primero de julio de este año ha establecido una política de seguridad con una visión de “mano firme”, para hacer alusión al eslogan que está utilizando esta administración denominado “Con paso firme”. Es decir, todos los esfuerzos se centran en la represión del crimen, principalmente en el desarrollo de controles de movilidad poblacional, tecnologías y persuasión.

A pesar de que el actual presidente no participó de los debates presidenciales que tocaron el tema, se podía entender que la atención a este problema iba a tener el perfil antes mencionado, ya que el mandatario fue ministro de Seguridad Pública en el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli.

Recientemente, en declaraciones al país, el presidente declaró una guerra contra las pandillas. Esta medida lleva la atención focalizada en acciones en barrios de los distritos de Colón, San Miguelito, Arraiján, y en algunas comunidades marginales de la ciudad de Panamá, que han mostrado estadísticas importantes de delitos violentos, homicidios y robos.

Las medidas pasan por retenes policiales, toques de queda para menores de edad y una fuerte logística en términos de presencia policial, inteligencia y compra de equipos. Estos esfuerzos han sido denominados Estrategia Policial u Operación 3.0.

Por muchos años, en encuestas nacionales, la población ubica la inseguridad ciudadana entre los primeros problemas sociales a atender. Las diferentes estrategias de seguridad y políticas criminales han tenido poco o ningún efecto en la situación, dada la inconveniencia de ejecutar estos planes, tal y cual fueron formulados.

Estos documentos de estrategias fueron pensados por especialistas que conciben la seguridad ciudadana como un hecho social que debe ser atendido de forma integral, con la participación ciudadana y liderazgo de instituciones más allá de la Policía Nacional. Estrategias integrales creadas, documentadas y nunca ejecutadas, dando como resultado acciones reactivas y siempre represivas a la situación.

Estas acciones represivas tienen un ascendiente entre la población que sufre en la vida cotidiana, todos los días, espacios de violencia en las comunidades y barrios.

El sentimiento de inseguridad provocado por la condición del entorno establece en el imaginario de las personas la necesidad de una intervención inmediata, con la fuerza necesaria para que termine con su condición de miedo e inseguridad.

Este sentimiento de inseguridad hace que se exija al Gobierno una intervención, inmediata, represiva, necesaria para aliviar la condición de miedo con la que vive mucha población del país. El sentimiento de inseguridad es usado para controlar poblaciones, reducir sus libertades y afectar derechos con la anuencia y aprobación de la población.

El sentimiento de inseguridad, según Gabriel Kessler, está construido y sustentado en diferentes dimensiones:

La primera dimensión se refiere a lo político, como aquellos discursos que se manejan principalmente en los medios de comunicación y actores políticos, que definen la forma e intensidad de la problemática de seguridad. En los medios de comunicación local vemos en noticieros la reproducción de la inseguridad, dirigida a espacios específicos de nuestros barrios. Este discurso se instala en la población demandando acciones inmediatas para esta situación.

La segunda dimensión puede interpretarse como resultado del discurso, que los hace evaluar el nivel de exposición y riesgo a la situación de inseguridad. En esta dimensión los individuos entienden que son parte del entorno en tanto situación de amenazas a su vida cotidiana. En nuestro país, las principales encuestas de victimización muestran la percepción de los individuos en tanto riesgo que viven diariamente, y las formas de modificación de comportamientos en su vida cotidiana.

La tercera dimensión evoca las emisiones propias de esa evaluación, que genera miedo, pero también frustración. Depende de la experiencia e ira frente a la incertidumbre de ser víctima de un acto violento, o una condición que trastoque violentamente su vida diaria. Muchas víctimas o situaciones que han vivido las personas y que se conocen, se vuelven parte de las historias de vida y se reproducen en los espacios comunitarios.

En esta tercera dimensión, la institucionalidad del país se ve trastocada por conflictos sociales dentro de las comunidades, dada la respuesta a ese sentimiento en el que poblaciones pueden tomar medidas por la situación de abandono, o por la poca presencia de las instituciones que deben regular la interacción.

La cuarta dimensión es la justicia por sus propias manos o jerarquización de grupos frente a otros creando reglas alternas. Esta es la última dimensión del sentimiento de inseguridad que se refiere Kessler. Son las respuestas propias de la población que muchas veces genera espacios de ausencia de convivencia pacífica, dada la acumulación de conflictos en las poblaciones.

Estos sentimientos, por supuesto, se pueden ver identificados de forma diferente, dependiendo de condiciones o variables sociodemográficas distintas.

Por ejemplo, las mujeres experimentan condiciones de inseguridad propias de una sociedad patriarcal; que no experimentan ciudadanos jóvenes en interacción constante con sus pares, y con exigencias sociales distintas.

Por supuesto que estas dimensiones ocurren de manera simultánea en los grupos, por lo que en ese espacio las acciones de represión inmediata, objetiva y de mano firme, encuentran un atractivo importante y réditos políticos en su aplicación.

En este escrito hemos querido expresar que las acciones recientemente autorizadas por el Gobierno tendrán una aceptación importante por parte de la población, que expresa sus frustraciones, miedos y otros sentimientos, dadas las condiciones sociales que se encuentran, principalmente en los barrios de nuestro país.

Estos sentimientos a favor de reglas que dilatan libertades ciudadanas y reduce derechos en los individuos, son en alguna manera la forma de mejorar la condición emocional de individuos que todos los días se ven sometidos a situaciones de riesgo y a experiencias frente a delitos, crímenes y violencia.

Una vez más, indicamos que ese camino no resuelve el conjunto de problemas asociados a crear condiciones sociales favorables y espacios públicos de convivencia ciudadana pacífica. Sostenemos que es la intervención social de los gobiernos locales la que sostendrá de forma permanente una seguridad ciudadana acorde con las poblaciones.

Reiteramos, que las cámaras de seguridad, luminarias y restricciones en el accionar social, toques de queda, retenes, reducirán los casos mientras se mantenga la situación, pero no son una solución permanente a este problema.

Esperemos que las autoridades entiendan la necesidad de la integralidad de la solución, y que se combinen con oportunidades y rescates sociales orientados hacia las nuevas generaciones de jóvenes del país.

El autor es sociólogo, director del Departamento de Sociología, Universidad de Panamá.