Contralor presentará denuncia penal contra Panama Ports

El contralor de la República, Anel Flores, anunció este lunes 7 de abril que encontró incumplimientos del contrato con el Estado panameño por parte de Panama Ports Company (PPC) por más de 300 millones de dólares; señaló a la Autoridad Marítima de Panamá de “tergiversar” cifras, y adelantó que presentará demandas penales contra oficiales de la compañía, así como contra los directivos responsables de la renovación de la concesión.

“Hay hallazgos importantes que arrojan sumas de más de 300 millones de dólares que nos adeudan por incumplimientos en el contrato. Vemos una renovación que tampoco cumplió con todos los procedimientos de ley, ni cuenta con el refrendo de la Contraloría”, manifestó el contralor durante una conferencia de prensa. “Quiero anunciarles que en los días próximos vamos a ir al Ministerio Público a presentar las denuncias correspondientes para que se investigue penalmente a los directores que manejaron esa renovación, a esa junta directiva y a los oficiales de esa compañía Panama Ports que, obviamente, nos van a tener que explicar al pueblo panameño ante el Ministerio Público por qué tanta magnanimidad, por qué tanta benevolencia en un contrato que ha sido leonino”, sentenció.

La Contraloría General de la República empezó una auditoría a la empresa responsable que mantiene la concesión para administrar los puertos de Cristóbal y Balboa, el 20 de enero de 2025. Durante la conferencia, y acompañado de su equipo de auditores, el contralor presentó físicamente la auditoría, un pesado bloque de papel de fácilmente cientos, si no miles de páginas. A su lado, mostró la auditoría hecha durante la gestión del entonces contralor Gerardo Solís, un flaco compendio elaborado en parte de forma remota debido a la pandemia.

Flores no culpa a los auditores, muchos de los cuales forman parte ahora de su equipo, y deja claro que el contralor anterior no autorizó ni dio criterio positivo de la concesión. “Ellos en esa auditoría señalaron claramente que había falta de documentación sustentadora requerida por nuestra auditoría. No hubo la colaboración de la empresa en ese momento. No pudimos constatar la revisión, la supervisión y el seguimiento de los programas de inversión de la empresa Panama Ports Company, un requisito obligatorio de cumplimiento para el futuro. Obviamente, hubo ausencias, revisiones a tarifas y un sinnúmero de temas, pero estas recomendaciones que están aquí es que hay falencias importantes, donde ellos solamente pudieron constatar $690 millones de la inversión de mil millones [de dólares] requeridos para dicha renovación automática”, declaró el contralor. “Estos son los hallazgos de la primera auditoría, muy mal tergiversada. ¿Por quién? Por la Autoridad Marítima de Panamá”, apuntó Flores.

La lesión patrimonial al Estado, de acuerdo con Flores, se puede estimar desde distintas aristas. Explicó que con los términos originales del contrato acordado en 1997, el Estado estaba recibiendo un porcentaje de las ganancias de la empresa que aumentaban cada año, llegando a 27 millones de dólares en 2002. Ese año, durante el gobierno de Mireya Moscoso, se modificó el contrato para que Panamá recibiera el 10 % de las ganancias netas, en lugar del 10 % de las ganancias brutas. ¿La diferencia? Panamá pasó de recibir 27 millones de dólares en 2002 a recibir 1,3 millones de dólares en 2003.

“Si hubiésemos cumplido con el primer contrato a cabalidad, Panamá debió haber recibido 1.337 millones de dólares durante el periodo de la concesión. Y sólo recibimos 483 millones, con un perjuicio para la República de Panamá de 853 millones de dólares en el mismo periodo. Ahora, eso no es culpa de la compañía. Ahí es culpa de mucha gente, malos panameños, les digo yo, que entregaron lo que no tenían que entregar, negociaron muy mal. Si lo sumamos a los perjuicios económicos que da el hecho de que le dimos tantas exenciones fiscales, no pagó la renta, eso arroja otros 350 millones más. O sea que realmente el perjuicio para la República anda por el orden de 1.2 billones de dólares a razón de 55 aproximadamente por año que dejamos de percibir como país”, explicó el contralor.

Flores explicó también que la compañía utilizó “concesionarias” para realizar servicios de transporte de contenedores. El Estado panameño no recibe un porcentaje de la ganancia de estas empresas. Encima, a pesar de que el volumen de contenedores (medidos en TEU) aumenta, la ganancia reportada de la compañía, al menos en papel, sigue siendo prácticamente igual. “La compañía donde Panamá tiene un 10 %, que es Panama Ports, gana menos todos los días con más TEU. Yo me puedo suponer que está sucediendo ahí, y todos los que están viéndome también”, resaltó.