Memorándum con EE.UU. abre debate sobre soberanía y legalidad en Panamá

El Memorándum de Entendimiento suscrito entre el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá y el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha generado cuestionamientos sobre su compatibilidad con la Constitución Política panameña y el Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá.

El acuerdo contempla que personal y contratistas estadounidenses podrán utilizar instalaciones previamente autorizadas para llevar a cabo entrenamientos, ejercicios militares, operaciones humanitarias, visitas oficiales y el almacenamiento o instalación de equipos, entre otras actividades. Todo esto, según lo pactado por ambas partes, con el objetivo de reforzar la protección del Canal de Panamá.

Asimismo, el memorándum establece entrenamientos conjuntos y otras acciones de cooperación, bajo la coordinación y aprobación de las autoridades panameñas.

De acuerdo con el catedrático de relaciones internacionales Euclides Tapia, el Memorándum de Entendimiento procura “volver a la época en la que había bases militares aquí en Panamá”, lo que riñe con el artículo quinto del Tratado de Neutralidad del Canal, firmado en 1977.

El artículo mencionado por Tapia señala que después de la terminación del Tratado del Canal de Panamá, solo la República de Panamá manejará el Canal y mantendrá fuerzas militares, sitios de defensa e instalaciones militares dentro de su territorio nacional.

Por otro lado, el artículo 325 de la Constitución Política de Panamá señala que cualquier tipo de convenio o tratado sobre el Canal, sus esclusas, zonas adyacentes y la protección de las mismas debe ser aprobado por el órgano Legislativo y luego ser sometido a referéndum con la población panameña.

De lo contrario, ninguna enmienda, reserva, entendimiento que se refería a dichos tratados o convenios tendrá validez, al no cumplir con estos requisitos.

“Lo que el Gobierno está haciendo es buscarle la vuelta [a la Constitución] con una figura que se llama Acuerdo Simplificado, para efectos de que no vaya a la Asamblea. Si es un tratado solemne, es obligación que sea aprobado y ratificado por el órgano Legislativo. Sin embargo, la normativa panameña no contempla la figura de acuerdo simplificado”, manifestó Tapia a La Estrella de Panamá.

Por otro lado, el expresidente de Panamá Ernesto Pérez Balladares expresó su preocupación por el reciente Memorándum de Entendimiento firmado entre Panamá y Estados Unidos en el programa radial “En Perspectiva” de Omega Estéreo.

Pérez Balladares afirma que este acuerdo podría comprometer la soberanía nacional y violar el Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá. Critica la falta de transparencia en la negociación del memorándum y cuestiona la necesidad de una mayor presencia militar estadounidense en el país.

Además, advierte sobre las posibles repercusiones negativas en las relaciones diplomáticas de Panamá con otras naciones, especialmente con China, y hace un llamado al Gobierno panameño para que reconsidere su posición y priorice los intereses nacionales.

Quien tiene un punto de vista un poco diferente sobre el reciente Memorándum de Entendimiento es el abogado Arturo Hoyos, pues aseguró que no viola la Constitución mientras no implique presencia militar extranjera exclusiva ni cesión de soberanía.

“En la medida en que la presencia militar y policial panameña sea conjunta y esté sujeta a las leyes panameñas, a mi juicio no se viola la norma constitucional”, sostuvo, al tiempo que aseguró que el acuerdo no implica una base militar como las que existieron antes de la reversión del Canal.

Recordó además una frase histórica del general Omar Torrijos tras firmar los tratados: “El tratado de neutralidad nos ponía, entre comillas, bajo el paraguas del Pentágono”, y destacó que esta condición fue entendida como parte del compromiso para preservar la neutralidad del Canal.

Hoyos reconoció que el artículo 325 de la Constitución establece que tratados o convenios deben pasar por la Asamblea y referéndum, pero reiteró: “Yo no considero que esté en conflicto con la norma constitucional, porque no se trata de una base militar exclusiva”.

Finalmente, instó a revisar con objetividad los términos del acuerdo y a evitar posturas que, según dijo, responden más a “memoria selectiva” y conveniencias políticas que a principios jurídicos claros.