
- 12/04/2025 12:58
Aunque representan una parte vital de la vida comunitaria, las mujeres ngäbe y buglé continúan enfrentando obstáculos para acceder a los espacios de poder dentro de la comarca.
La brecha de género persiste, y volvió a quedar en evidencia durante el taller Intercambio de saberes sobre gobernanza e implementación de la Ley 10, realizado recientemente en territorio comarcal.
El encuentro, organizado por IDEA Internacional y el despacho del diputado Roberto Archibold, reunió a autoridades tradicionales, funcionarios gubernamentales y lideresas indígenas.
Los temas centrales giraron en torno a la gobernanza, la autonomía y la participación ciudadana, incluyendo la de las mujeres.“Espero que el taller sea en beneficio del distrito y que siempre se tome en cuenta el conocimiento de los indígenas”, expresó Bernabela Virola, alcaldesa del distrito de Santa Catalina en la comarca.
Su liderazgo es todavía una excepción en un sistema donde las estructuras de poder siguen estando dominadas por hombres.
Las cifras lo confirman. En 2024, las mujeres representaron aproximadamente el 50% del padrón electoral y una proporción similar dentro de los partidos políticos. Sin embargo, solo lograron el 22% de los escaños en la Asamblea Nacional, el 14% de las alcaldías y apenas el 10% de los puestos de representación en corregimientos. Los resultados no reflejan avances significativos con respecto a las elecciones de 2019.
Durante el taller, se discutió la necesidad de construir una representación más equitativa y libre de violencia dentro de la comarca.Alicia del Águila, representante del programa Panamá de IDEA Internacional, expuso algunos desafíos en los procesos de elección de autoridades y propuso mecanismos para mejorar la participación femenina en estos espacios.
En muchos casos, las lideresas enfrentan una doble discriminación: por ser mujeres y por pertenecer a pueblos originarios. Su voz rara vez se convierte en acción concreta. Sin embargo, insisten en abrir camino, ya sea desde la comunidad, la educación o el activismo cotidiano, muchas veces fuera del radar institucional.”Necesitamos que todos seamos transparentes para luego impartir lo aprendido a nuestras comunidades”, añadió Virola, haciendo un llamado a que las decisiones no se tomen de espaldas a las bases.
El taller forma parte de una agenda más amplia impulsada por la Unión Europea para fortalecer la gobernanza indígena.
En la jornada participaron autoridades comarcales de alto nivel, entre ellas la cacica general Elena Cruz, la presidenta del Congreso General Juliana Santiago, los tres caciques regionales, caciques locales y alcaldes. Por parte del gobierno central asistieron el viceministro de Asuntos Indígenas, Julián Águila, y el gobernador comarcal Ramón Mendoza. También se garantizó la presencia de lideresas indígenas en los espacios de diálogo, con traducción intercultural en español, ngöbe y buglé.Este proceso busca generar propuestas concretas sobre participación ciudadana y gobernanza, que serán presentadas ante la Comisión de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional, autoridades comarcales y entidades como el Tribunal Electoral. El siguiente paso incluye mesas técnicas entre expertos, funcionarios y despachos legislativos.
El diputado Roberto Archibold hizo un llamado a la unidad: “Es hora de que, como un solo pueblo que somos, intercambiemos saberes y experiencia con respecto de la Ley 10”. Las mujeres, sin embargo, dejaron claro que la unidad no se construye sin inclusión.
Ley de la comarca Ngäbe-Buglé
La Ley 10 de 1997 creó la comarca Ngäbe-Buglé, delimitando su territorio y reconociendo la propiedad colectiva de sus tierras. Esta legislación establece un régimen de gobierno y administración propio para la comarca, permitiendo a sus autoridades tradicionales ejercer funciones dentro del marco legal, buscando así proteger su identidad, autonomía y desarrollo.
La comarca Ngäbe Buglé es la más poblada y extensa de Panamá, constituyendo más del 9 por ciento del territorio de dicho país. También, concentra los más altos niveles de pobreza (más del 90 por ciento de su población indígena vive en extrema pobreza).