DGI debe conservar registros contables de sociedades

El Grupo Acción por Igualdad Financiera Internacional (Gapifi), integrado por más de 50 profesionales, exministros, exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia y otros, envió a Héctor Alexander, ministro de Economía y Finanzas (MEF), algunas sugerencias que podrían ayudar a cumplir con la ley 254 que introduce adecuaciones en materia de transparencia fiscal y prevención de blanqueo de capitales.

Gapifi ha mostrado anteriormente su oposición a la ley por la obligatoriedad que impone a los agentes residentes de conservar en sus archivos los registros contables de todos sus clientes, en caso de ser requeridos por la autoridad competente. En este sentido, los registros contables refieren lo concerniente a facturas, transacciones, estados de cuenta bancarios, registros de inmuebles a nombre de sociedades anónimas, o comerciales. Información que alegan, sale de los parámetros del negocio.

Los datos, que deben actualizarse antes del 30 de junio próximo, se han convertido en un dolor de cabeza para los abogados, quienes alegan confusión en la redacción de la ley, en sus deberes y en las entidades autorizadas a solicitar la información.

Además de lo anterior, se enfrentan con la resistencia de los clientes, so pena de quedar sin agente residente o que la sociedad entre en un estado de suspensión. Otro factor que han señalado las firmas es el costo que les representa mantener esta información en sus archivos, lo que se traduce en una desventaja competitiva frente a otras jurisdicciones.

En resumen, los abogados aseguran que se trata de una ley 'imposible de cumplir' por la exigencia que implica. No obstante, el gobierno promulgó la ley con la intención de salir de las listas en las que Panamá es visto como un país poco cooperador contra la lucha del blanqueo de capitales y transparencia en materia de intercambio fiscal, en especial con la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde).

De esta forma, la nota de Gapifi enviada el 13 de junio al ministro Alexander contiene varias sugerencias.

Tomando en cuenta las autoridades que pueden solicitar estos registros –el MEF, la Dirección General de Ingresos, el Ministerio Público, la Unidad de Análisis Financiero y la Superintendencia de Sujetos No Financieros– se designe a una de las anteriores para que se encargue del proceso relativo a los registros contables con el propósito de mantener orden y economía de trabajo.

Bajo este principio puntualizan “una fórmula práctica” de aplicación de la ley. Por ejemplo, hacen alusión a la necesidad de que se acepte como suficiente cuando el agente residente de una sociedad haya informado dónde se encuentra la contabilidad del caso, pero excluyendo a los bufetes a tener los registros en sus oficinas, lo que a criterio de los juristas, corresponde a una correcta interpretación de la ley en este sentido.

Cabe aclarar que la legislación aún no ha sido reglamentada, lo que hasta cierto punto ha causado cierta confusión en la interpretación sobre qué guardar de cada cliente.

La carta también sugiere definir cuál será la autoridad competente a la que se debe entregar la información de los registros contables y qué autoridad puede solicitarlos, para que, a su vez, esta comparta la información con el resto de las entidades cuando sea necesario en una investigación tributaria o penal.

Sugieren que sea la DGI la que maneje la información, lo que de alguna forma evitará la reticencia de los clientes a entregar a las firmas los detalles contables, permitirá a los abogados mantener la competitividad del negocio a nivel internacional, y al mismo tiempo, permitirá a los organismos internacionales interesados en poder accionar en los casos delictivos internacionales.

De esta forma, el grupo considera que se puede mostrar una efectiva lucha contra el blanqueo de capitales y se podrá contar con la información sobre evasión fiscal en caso de ser requerida.

El MEF espera que en los próximos meses el Grupo de Acción Financiera saque a Panamá de la lista en que está incluido como país poco cooperador contra el blanqueo de capitales.