Cuestionan a la Corte Suprema de Justicia de Panamá por mora judicial en caso donde FCC perdió laudo arbitral

A pesar de haber transcurrido diez meses desde que se admitiera un amparo de garantías constitucionales presentado por la empresa española FCC, contra dos fallos previos de la Sala Cuarta de Negocios Generales que favorecieron a las empresas Obras Portuarias de Coatzacoalcos, S.A de C.V. y Matrix Concesiones, S.A., el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aún no emite un fallo que ponga fin a esta pugna legal.

El proceso está relacionado a un laudo arbitral que perdió FCC en 2019 y que favoreció a las empresas mexicanas Obras Portuarias de Coatzacoalcos, S.A de C.V. y Matrix Concesiones, S.A., tras un fallo arbitral emitido en Panamá.

Ambos fallos de la Sala Cuarta que favorecieron en su momento a Obras Portuarias de Coatzacoalcos, S.A de C.V. y Matrix Concesiones, S.A., incluso fueron avalados por los magistrados de la Sala Cuarta de Negocios, María Eugenia López (actual presidenta de la Corte), Ángela Russo de Cedeño y Luis Ramón Fábrega (hoy ex magistrado a quien se le venció su periodo).

Ante la demora en la decisión de este amparo, Diego De La Guardia, representante legal en Panamá de las empresas Obras Portuarias de Coatzacoalcos, S.A de C.V. y Matrix Concesiones, S.A., hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que decidan pronto sobre esta acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por su contraparte para evitar cumplir con la decisión arbitral.

De La Guardia cuestionó la presentación y posterior admisión de este amparo por parte de la Corte, ya que el artículo 207 de la Constitución Política señala claramente que: "No se admitirán recursos de inconstitucionalidad ni de amparo de garantías constitucionales contra los fallos de la Corte Suprema de Justicia o sus Salas".

La Sala Cuarta en los dos fallos previos, rechazó por improcedente, una solicitud de aclaración y un recurso de reconsideración presentados por FCC contra una sentencia emitida el 27 de agosto de 2020 proferida previamente por esta Sala, en medio de la pugna por el proceso de arbitraje que favoreció a Obras Portuarias de Coatzacoalcos, S.A de C.V. y Matrix Concesiones, S.A.

El amparo de garantías, fue admitido por el pleno de la Corte, en la resolución del 1 de septiembre de 2021, bajo la ponencia de Efrén Tello, entonces suplente del ex magistrado Luis Ramón Fábrega y hermano de la abogada que presentó el amparo en favor de FCC.

"Lo que buscamos como apoderados de Obras Portuarias de Coatzacoalcos, S.A de C.V. y Matrix Concesiones, S.A., es que primero se resuelvan los recursos que se han presentado en contra de un arbitraje que efectivamente se decidió hace más de 3 años en mayo de 2019 y que a través de recursos dilatorios la empresa FCC ha venido tratando de postergar la ejecución de un resultado que ambas partes solicitaron que se dilucidara a través de un arbitraje en Panamá", precisó De La Guardia.

Manifestó que lamentablemente la Corte Suprema de Panamá admitió un amparo que constitucionalmente, asegura, no es permitible.

"La justicia tiene aguantado este proceso en perjuicio de nuestros clientes en una decisión que los favorece y pareciera que hay alguien en la Corte que tiene el expediente engavetado, porque no es posible que un amparo que no cabe por razones constitucionales ya vaya a tener un año y todavía no hay una decisión al respecto", recalcó el jurista.

Agregó incluso que lo único que pueden hacer por el momento es presentar impulsos procesales mensual y continuamente ante el despacho de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, insistiendo en que se tome una decisión respecto a este amparo y a la fecha se han interpuesto al menos cuatro o cinco impulsos procesales este año y aún no hay una decisión.

"Esto no es ni siquiera un amparo es un escrito que se dice ser amparo, porque los amparos no son permitibles, ya que es clara la disposición de la Constitución (artículo 207) que dice que no caben amparos contra decisiones de la Corte Suprema o cualquiera de sus salas. La Constitución más clara no puede ser", destacó.

Manifestó que todos los abogados lo que requieren y lo que hacen todos los días es tratar de cumplir, no solamente con las leyes sino atenerse a hacerlo dentro de un término.

"Si nosotros llegamos tarde a presentar algo a los tribunales, nos fallan en contra y nos dicen que estamos extemporáneos; cómo es posible que la propia Corte Suprema de Justicia no se ponga términos para fallar", cuestionó.

Aunque De La Guardia dijo conocer que ya hay un proyecto de resolución del magistrado ponente y que el mismo esta circulando, según se les ha dicho en la Secretaría, desconoce en qué despacho está el proyecto de resolución.

"Lo único que se dice en Secretaría es que hay circulando un proyecto, pero eso podría estar engavetado, si el problema de la mora judicial es porque realmente alguien quiere demorarlo", afirmó.

Sostuvo que la lucha contra la mora judicial es una lucha de todos los días, y "pareciera que la memoria de los magistrados es corta, prometen algo, pasa el tiempo y ya se olvidaron de esa promesa de evitar la mora judicial, pero ellos mismos la están creando".

Para el catedrático y jurista Miguel Antonio Bernal, la morosidad es una de las taras y defectos inexcusables que acompañan al Órgano Judicial de larga data, lo que asegura se ha venido agravando con el paso de los años debido a la desorganización y el poco me importa de quienes han ocupado los cargos de magistrados principales y suplentes a lo largo de todos estos tiempos.

Sostuvo que la consecuencia de ello para los derechos de los ciudadanos son inimaginables e inigualables, "puesto que justicia tardía, no es justicia. Y esa es una de las peores características que acompañan al Órgano Judicial, al igual que la ausencia de autonomía e independencia en sus actuaciones".

Agregó que aquí en Panamá la mayoría de los casos los resuelven rápidamente cuando se trata de prominentes figuras del área política o del área económica, pero definitivamente es necesario que haya una mayor presión ciudadana frente a esta situación.

"Creo que hay que hacer un llamado fuerte a los señores magistrados de la Corte Suprema para que de una vez por todas cesen estas prácticas de retrasar los fallos o las sentencias, de engavetar como los engavetan", precisó.

Aseguró incluso que a uno de los magistrados de los que acaban de irse le encontraron en una gaveta mil expedientes y "ni él mismo se había enterado de que su propio personal se los habían escondido y eso se lo ocultan a la ciudadanía".

En tanto, el también abogado Ernesto Cedeño manifestó que lo que hace falta es voluntad para hacer las cosas bien.

Sostuvo que en la misma Corte Suprema de Justicia debiese existir lo que es la auditoría para establecer a los más altos niveles, cuántos casos tiene cada despacho de los magistrados y cuánto tiempo se demoran en esos despachos, para implementar un plan de aceleración a los casos procesales.

Recordó que inclusive que hay un caso del matrimonio igualitario que está en la Corte desde el 2016 y no avanza, y así hay muchos, enfatizó.

Destacó que aveces hay magistrados que llegan y que tienen como un cordón umbilical con el poder ejecutivo o con otro órgano del Estado, que no permite que se sanee el mismo proceso.

"La verdad que es inadmisible que las cosas demoren en la Corte Suprema de Justicia y que no haya una implementación adecuada para poder cambiar y eso permea hacia abajo. Como no hay la voluntad de acelerar las cosas vemos el rezago judicial desde la misma cabeza de la Corte Suprema de Justicia. Pueden poner a otro magistrado de la Corte, pero si no hay un deseo ferviente de cambiar, no habrá cambios", enfatizó Cedeño.