Transparencia, rendición de cuentas y agilización

Sustentada en el principio de transparencia, la rendición de cuentas y la agilización de los procesos, el pasado 8 de septiembre de 2020 entraron a regir las modificaciones a la Ley de Contrataciones Públicas, luego de más de diez años, en los cuales imperó la desidia y los parches que se constituyeron en un traje a la medida, bastante distante de las aspiraciones de la población.

Según el director general de Contrataciones Públicas, Raphael Fuentes, se trata de un cambio integral a esta norma, que se sustenta en la transparencia, eficiencia y eficacia, un sistema de compra equitativo y la profesionalización y desarrollo del sistema.

Contará con el observatorio de Contrataciones Públicas, la formación de comisiones verificadoras y evaluadoras, por lo cual “PanamáCompra” tendrá una base de datos de posibles comisionados de diferentes carreras, además de atraer más empresas participantes, para lo cual se elimina la fianza de propuesta de hasta 500 mil dólares.

La Ley 153 de 8 de mayo de 2020, que reforma la Ley 22 de junio de 2006, contiene 77 artículos entre modificaciones y artículos nuevos, reduce la discrecionalidad de los funcionarios y fortalece la transparencia; con la actualización del mecanismo de rendición de cuentas y permitirá que el Estado contrate de manera más eficiente a través de la innovación digital.

Durante los primeros meses de gobierno, el presidente Laurentino Cortizo Cohen, impulsó y liderizó las acciones encaminadas a dotar el país de esta norma, que constituye una de las 17 acciones prioritarias anunciada al asumir el cargo, y con la cual fortalece su compromiso con acciones que impulsen la economía, sustentadas en la responsabilidad y la transparencia.

Con la entrada en vigencia de la Ley 153, los panameños contarán con un observatorio digital que les permitirá monitorear las etapas del proceso de selección de empresas contratadas por el Estado, además de efectuar las correspondientes denuncias.

Se podrán agilizar los trámites de compra con el Estado, manteniendo los controles, desburocratizando y digitalizando el proceso, con un sistema de evaluación más abierto y especializado.

A fin de garantizar el cumplimiento de esta norma, la Secretaría de Seguimiento para la Ejecución y el Cumplimiento (SSEC), del Ministerio de la Presidencia, realizó una reunión encabezada por el viceministro de la Presidencia, Carlos García; en la cual participaron el director de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Carlos González; y el director de Contrataciones Públicas, Raphael Fuentes; secretarios generales; directores de Administración y Finanzas; de Presupuesto de las instituciones del Estado.

La reunión de capacitación y alineamiento con este primer bloque de instituciones se enfocó en el compromiso de cumplir con las nuevas disposiciones de contratación de manera ágil y equitativa, con el compromiso de contar con un equipo institucional preparado para agilizar procesos de obras y proyectos que benefician a la gente.

La Dirección de Contrataciones Públicas destaca que uno de los aspectos más ventajoso de la nueva norma es la promoción de empresas nacionales y locales, con el objetivo de proteger e incluir en las compras públicas a empresas panameñas que promuevan productos, bienes y servicios, para proteger la producción nacional.

También, contempla la profesionalización de los servidores que participen en los procesos de contrataciones públicas, y sanciones por faltas administrativas e incluso su destitución en caso de que cometan faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

Un punto muy importante es que, en los procesos de selección de contratistas de compra menor, se dará prioridad a las micro y pequeñas empresas; y, para poder ser adjudicatarias de procedimiento de selección de contratista, las empresas deben estar paz y salvo con los municipios del país.

Durante los pasados diez años, el Estado ha tenido que asumir la carga de empresas que no solo han abandonado obras que se comprometieron a construir, sino que no eran sancionadas, pero con la Ley 153, además de inhabilitar al consorcio contratista, sus accionistas y directores no podrán contratar con el Estado.

El presidente Cortizo Cohen ha sido enfático en señalar la importancia de ejecutar los programas y proyectos consignados en el Plan de Acción y el PEG, con el propósito de dinamizar la economía nacional y local, para ampliar las oportunidades y mejorar las condiciones y calidad de vida del conjunto social.

La nueva Ley de Contratación Pública, implica ajustar el sistema a las necesidades del desarrollo social y económico, con equidad, responsabilidad y transparencia.