Los nombres y apellidos de la propuesta de ley de ‘amnistía’

La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional recibió la tarde de este jueves 10 de abril el proyecto de ley 235 que decreta amnistía por delitos “políticos” para personas que figuran en casos de corrupción de altísimo perfil, incluyendo a dos expresidentes, varios exministros y empresarios.

‘Camisa’ para Martinelli

El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Jairo Bolota Salazar, principal proponente del proyecto, colocó las líneas rojas sobre las razones del proyecto en su exposición de motivos ante los comisionados: “Esta es una camisa para el expresidente Ricardo Martinelli”.

El primer artículo del proyecto habla de una “amnistía general” en favor de las personas sentenciadas, procesadas o que resulten procesadas dentro de los casos Odebrecht, Blue Apple y New Business; tres causas de corrupción en las que los involucrados están acusados de distintos delitos, incluyendo aquellos contra el orden económico, blanqueo de capitales e enriquecimiento injustificado.

“Hay una conspiración única contra Ricardo”, manifestó Salazar, reiterando la tesis del equipo legal de Martinelli de que el líder del gobernante Realizando Metas (RM) es un “perseguido político”. Además, confirmó que la propuesta es propia, aunque contó con la firma de 41 diputados de la mayoría de las bancadas, incluyendo a miembros del PRD, partido que se deslindó en un comunicado asegurando que la propuesta “no responde a la agenda del colectivo”.

Entre los proponentes aparecen diputados de Cambio Democrático, RM, Molirena, Alianza y el Partido Panameñista. En tanto que la bancada Vamos tachó el proyecto como un “retroceso inaceptable” para la justicia.

El proyecto, que consta de seis artículos, pide en el artículo 2, a las autoridades judiciales, decretar inmediatamente órdenes de libertad correspondientes, la extinción de penas principales y accesorias decretadas, levantar medidas cautelares y el fin de la acción penal contra los involucrados. En tanto que en el artículo 3 establece definiciones sobre los conceptos de delito político y amnistía.

¿Manto de impunidad?

Si bien la iniciativa, en palabras del diputado Salazar, buscar resolver la situación jurídica de Martinelli, su impacto alcanzaría también al expresidente Juan Carlos Varela, quien se encuentra dentro de la causa Odebrecht, donde la empresa brasileña estableció una trama sobornos para recibir contratos con una lesión millonaria para el Estado. De aplicarse la amnistía, los exministros Jimmy Papadimitriu, Frank de Lima, Federico Suárez, Carlos Duboy, José Domingo Arias, entre otros, serían beneficiados.

En el caso Blue Apple, otro millonario esquema de sobornos, recibirían amnistía los exministros Jaime Ford y Federico Suárez, entre otros seis condenados en este proceso. Mientras que en la causa New Business, Martinelli -asilado desde 2024 en la Embajada de Nicaragua- que enfrenta una condena de 128 meses de prisión por blanqueo de capitales, recibiría el “perdón” junto a Iván Arrocha, Daniel Ochy y otros.

Para el abogado penalista Carlos Guevara, la medida no solo “golpea” al sistema de justicia y alimenta la percepción ciudadana de impunidad a quienes tienen acceso al poder, sino también tendría consecuencias económicas para el Estado panameño.

“Las personas en casos de corrupción de alto perfil crearon una afectación al erario por la apropiación de bienes o fondos públicos, ese es un efecto concreto. El dinero que se robaron no se va a poder recuperar”, sostuvo el jurista.

Guevara considera que la figura de una amnistía no aplicaría para esos procesos al ser estos delitos comunes y no políticos. “Tendría consecuencias terribles para la legislación panameña. Además, son delitos de peligrosidad social, por cuanto hay un perjuicio para la sociedad en su conjunto y a la colectividad [...] los millones perdidos podrían haberse utilizado para atender las necesidades de la población. Es una afectación directa al desarrollo nacional”.

A juicio del filósofo e historiador Abdiel Rodríguez, un proyecto de esta naturaleza “retrata” las contradicciones del sistema político panameño, en el que a través de las instituciones se disputa un conflicto de intereses.

“Pienso que se está aprovechando el conflicto con Estados Unidos para meter un camarón que beneficie a figuras del poder”, subrayó el también docente de la Universidad de Panamá, quien piensa que en ese conflicto también se expresan las debilidades de la presidencia de José Raúl Mulino, que no controla al gobernante partido RM ni tampoco tiene suficiente influencia en la Asamblea.

El anteproyecto de ley, que ha generado duras críticas desde distintos sectores de la sociedad civil, está a la espera para su discusión en primer debate de la comisión.