Los mal llamados 'Panama Papers' y la Ley 23 de 2015

Estamos en el quinto año (abril 2016) de los mal llamados “Panama Papers” y en el sexto de la Ley 23 de abril de 2015. Las consecuencias de ambos hechos han sido nefastas para el mercado de incorporación de sociedades anónimas y todo lo que ello conlleva; como, por ejemplo, Derechos de Registro Público, pago de tasas únicas, servicios de notaría, servicios de traductores, servicios de agente residente; y, conexos, como viajes de los dueños de esas sociedades a Panamá, hospedaje, taxis, alimentación y demás. Estoy seguro de que me quedo corto.

La primera estocada a nuestro casi centenario sistema de “Panamá país de servicios” la dio la Ley 23 de 2015.

Esta es la evolución de incorporaciones de sociedades anónimas del 2015 a febrero de este año: 2015, 26 865; 2016, 19 749; 2017, 15 413; 2018, 13 171; 2019, 13 775; 2020, 9958; y, hasta el 28 de febrero de 2021, 1807.

Esto nos demuestra que, con la Ley 23 de 2015, Panamá pierde competitividad y comienza el declive. Esta ley nos pone como policías fiscales de los países poderosos.

Por su lado, los mal llamados “Panama Papers”, que deben su nombre al Consorcio Internacional de Periodistas ICIJ, dan el golpe mortal a nuestro sistema de mercado de servicios societarios.

Se acepta que este tema comenzó con una llamada anónima al periodista Bastian Obermayer (del diario alemán “Suddeutsche Zeitung”) en estos términos: “Te interesa recibir unos datos. Quiero compartirlos”.

Este periodista luego llamó a su colega Frederick Obermaier. Y, después al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (su sigla en inglés, ICIJ).

¿Fue “hackeo”? ¿De quién era esa llamada “anónima”? Quizás jamás se sepa, porque los periodistas están blindados y no revelan la fuente.

En Panamá, en el Ministerio Público, a raíz de ese hackeo, se inició el trámite de dos (2) denuncias; una interpuesta por la firma de abogados afectada, Mossack y Fonseca, y la otra de la propia de la institución, contra 16 sociedades.

La denuncia interpuesta por la firma de abogados es en contra del o los que resulten responsables del “hackeo” o violación a la intimidad y obtención ilícita de información.

Pero, para conocer con mayor exactitud el tema, es necesario explicar un poco de nuestro entorno como país de servicios.

La Ley 32, la ley de sociedades anónimas, data de 1927. Es casi una réplica (exacta) de la del Estado de Delaware.

¿Para qué sirve una sociedad anónima panameña?

Son muchísimos los usos lícitos. A continuación, quizás, sean los principales:

-. Facilitar operaciones comerciales

-. Organizar patrimonios

-. Proteger patrimonios

-. Solucionar problemas de controles monetarios (fluctuación de monedas)

¿Qué es una sociedad anónima “off shore” panameña?

Simple y sencillamente la que no realiza operaciones en la República de Panamá.

Panamá no es un paraíso fiscal, quizás los otros, los que nos acusan, sean un infierno fiscal.

¿Por qué nos llaman paraíso fiscal, si por todo pagamos impuestos?

En el mundo hay 89 jurisdicciones (países o territorios independientes) que permiten este tipo de operaciones “off shore”.

Los mal llamados “Panama Papers” no son otra cosa que la obtención ilícita de información de más de 40 años de una firma de abogados panameña.

A nuestro juicio, muy poco hizo y ha hecho Panamá por defender nuestro bien logrado nombre de país de servicio.

Las reuniones de la Candsif (Comisión de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales de Panamá) no fueron suficientes; no se pasó de la palabrería a la acción. Panamá, como país, debió denunciar el hecho al mundo entero.

También, se nombró una Comisión de Expertos Internacionales, presidida por el premio nobel Joseph Stiglitz e integrada, además, por Mark Pieth, profesor de Derecho de la Universidad de Basilea; Roberto Artavia, exrector del Incae; Alberto Alemán, exadministrador del Canal de Panamá; Nicolás Ardito Barletta, expresidente de la República; Gisela Álvarez de Porras, abogada y ex ministra de Comercio; Domingo Latorraca, auditor en Deloitte.

¿Alguien conoce si sus aportes contrarrestaron el daño ocasionado al país?

Por su parte, ¿qué ha hecho el Colegio Nacional de Abogados?

El Colegio ha planteado la necesidad de retomar la discusión del proyecto de Ley que reforma la Ley de la Abogacía y que impondrá el “examen de barra”, la educación legal continua y fortalece la deontología forense. Ello es necesario para decirle al mundo que tenemos una abogacía fuerte y que se sancionará a los abogados que violan la Ética Profesional.

En efecto, y como daño colateral de este robo de información, la OCDE y demás instituciones que cogobiernan nuestra economía nos ha estado incluyendo en su famosa lista de colores.

La OCDE, para nosotros, no es otra que un club de países ricos que impone y pretende imponer recetas a países pobres, que, si no los adoptan, les cae con represalias que son peores que una invasión armada.

Antes, como estudiantes, protestábamos contra las políticas financieras del Fondo Monetario Internacional, hoy, sin embargo, y con dolor lo aceptamos, nuestros estudiantes no salen a protestar contra las imposiciones de grupos como GAFI, OCDE y similares. ¿Qué nos estará pasando?

Las principales economías del mundo, bajo ninguna hipocresía debe soslayarse, tienen altísimas cargas impositivas (60 – 70 % del ISR); carga social (sus poblaciones han envejecido); migraciones de otros países, sobre todo, en países europeos. Entonces, estos países tienen que buscar a sus ciudadanos, en cualquier lugar del mundo, para obligarlos a pagar impuestos. Esto, a simple vista, es aceptable y bueno. Lo malo es el costo que le imponen a otros países. Es el costo del Estado Bienestar Social que ellos deben brindar a sus ciudadanos, a costa del luto y dolor de los otros países.

La OCDE, y los países miembros, buscan desincentivar la inversión extranjera hacía los países de baja tributación y los quiere obligar a que inviertan en sus propios países. Eso es una grave falta a la libertad empresarial.

La OCDE busca que países como Panamá vayan a renta global.

A raíz de las revelaciones de los mal llamados “Panama Papers”, nuestro país se ha visto presionado visiblemente; ello ante los ojos indolentes y posición genuflexa de nuestros gobernantes.