La corrupción: el problema que arrastra la clase política en Panamá

En la última década uno de los problemas políticos más grandes en el mundo es la corrupción. Panamá no escapa de esta triste realidad y, según estudio de la ONG Transparencia Internacional (TI), ocupa el quinto lugar en América Latina con mayor percepción de corrupción.

Esto se debe a una clase política que no ha sabido jugar con reglas limpias, que quiere expandirse como un virus para dañar todos los sectores de nuestra sociedad panameña, y de esta manera degradar nuestros valores morales y espíritu de lucha que siempre nos ha caracterizado como país.

La corrupción en Panamá se debe a la fragmentación de la institucionalidad, que permite al Ejecutivo tener un dominio en los diferentes poderes del Estado, y no marca eficacia de los pesos y contrapesos propios de una democracia funcional.

Debemos fortalecer la institucionalidad para que la corrupción no siga robando el sueño de cada panameño de poder educarse, de tener viviendas dignas, para que se pueda erradicar el hambre y que cada jubilado puede tener acceso a sus medicamentos.

No dejemos que la corrupción sea causante de un desastre económico en Panamá. Que no afecte a las personas, dejando en estado de empobrecimiento, que se constituye en un coctel de mucho peligro para la estabilidad de las sociedades y de la democracia. En realidad, si no se ataca el problema de la corrupción, puede impactar a más de seis generaciones y es probable que a futuro por los manejos inadecuados, podamos perder nuestro principal activo que es el Canal.

Esta hermosa obra arquitectónica que une a las Américas permite optimizar la navegación marítima mundial, acortando las distancias entre países productores y consumidores, y si la ciudadanía no se empodera y toma parte en esta lucha, exigiendo transparencia en cada dólar invertido, nuestro futuro queda expuesto.

Uno de los retos más grandes que tenemos como país es modificar la Ley de Contrataciones Públicas, que impidan que personas o empresas que hayan sido juzgadas o investigadas por actos de corrupción puedan licitar con el Estado; que exista la certeza del castigo y que se aumente la transparencia de los procesos e instituciones públicas. Es necesario reformar las estructuras gubernamentales de modo que las políticas salariales estén en proporción a los incentivos que promueven una conducta honesta y responsable por parte de los servidores públicos.

Es importante que la sociedad entienda que la lucha contra la corrupción es un reto no solo para el Gobierno, sino para toda la comunidad, las instituciones financieras, sociedad civil y sector privado. Los comunicadores debemos seguir fieles a nuestro compromiso de denunciar cuando funcionarios violen las leyes y ponen sus intereses personales por encima del bien común.

Para vencer la corrupción es necesario un trabajo normativo y de gestión, pero también de cambio cultural, que debe impregnarse en las familias, las escuelas, los centros de trabajo y, por supuesto, en el propio Estado.

Luchemos para que a Panamá no le roben los sueños e ilusión; esta batalla es de todos.