Las vulnerabilidades que deja al descubierto el aumento del nivel del mar

El incremento del nivel del mar no solo pone en peligro las infraestructuras costeras y los medios de vida tradicionales, sino que también arroja luz sobre las profundas brechas que existen en cuanto a políticas de vivienda y planificación territorial en América Latina. De acuerdo con el ‘Reporte del estado del clima en América Latina y el Caribe 2020’ de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), “en América Latina y el Caribe, más del 27% de la población vive en áreas costeras, y se estima que entre el 6% y el 8% vive en áreas que tienen un riesgo alto o muy alto de verse afectadas por amenazas costeras”.

En Panamá, una nación con 2.988 km de costa en ambos océanos, datos publicados por el Ministerio de Ambiente y analizados por el Observatorio de Riesgo Urbano (ORU) de la Florida State University y Esri Panamá, indican que entre el 2% y el 3% de la superficie terrestre existente en la actualidad, se verá afectada por el aumento del nivel del mar para 2050.

Una de las regiones que más tempranamente ha empezado a sentir el impacto de este fenómeno es la comarca indígena de Guna Yala, la cual emerge como un microcosmos de las complejas interacciones entre el cambio climático y las comunidades vulnerables. Los impactos son más notables en esta comarca debido a su localización en el mar Caribe donde, según datos de la OMM, el aumento del nivel del mar ha sido superior al promedio mundial de 3,3 mm anuales, con un promedio de 3,6 mm al año.

La primera comunidad en tomar la iniciativa de trasladarse a tierra firme en la comarca Guna Yala ha sido Gardí Sugdub, pequeña isla, con 300 metros de largo por 125 metros de ancho, a solo 1 metro sobre el nivel del mar y con unos 1.054 habitantes según el censo de 2013. Un informe de Human Rights Watch de 2023 señala que “la planificación de la reubicación comenzó en 2010, cuando los líderes de Gardí Sugdub crearon el comité de vecinos para organizar el proceso, asegurar y despejar un nuevo terreno en tierra firme donado por miembros de la comunidad. Se eligió el terreno identificado porque estaba disponible, a una mayor elevación más segura y cerca de los servicios, la autopista y los puertos locales”.

Este mismo informe continúa señalando que, “la reubicación planificada suele considerarse ‘una medida de último recurso’, después de que se hayan intentado todas las estrategias de adaptación in situ –como elevar las viviendas o construir diques–, y se hayan descartado como inadecuadas. Aunque los daños causados por las inundaciones y la previsión de futuros efectos del cambio climático suelen ser los factores más visibles, otras causas demográficas, político-económicas y socioculturales, como la desigualdad económica pueden hacer necesaria la reubicación”.

Por décadas las áreas indígenas de Panamá han sufrido del abandono y la ausencia del Estado. En el caso de la comarca Guna Yala, esta subsiste bajo presiones relacionadas con el hacinamiento, las condiciones precarias de la vivienda, la falta de acceso a servicios básicos, la falta de infraestructura, falta de espacio público, la migración ilegal –que en los últimos tres años se ha intensificado exponencialmente–, el narcotráfico, las enfermedades de transmisión sexual, la migración hacia la ciudad, además del aumento de eventos extremos y el deterioro ambiental.

El reporte publicado por Human Rights Watch es enfático en señalar que, “el proceso de reubicación se ha caracterizado por obstáculos y retrasos. El historial del gobierno es poco convincente: en 2011, el Minsa prometió un hospital de referencia cerca del lugar; en 2012, el Meduca, con financiación del BID, prometió una escuela modelo; y en 2017, el Miviot prometió 300 viviendas. Todos los proyectos se han iniciado, pero ninguno se ha completado”. Hasta el momento, ninguna persona de la comunidad de Gardí Sugdub ha sido relocalizada al nuevo emplazamiento, y las infraestructuras se encuentran construidas y sin poder ser utilizadas.

La vulneración de derechos básicos como acceso a los servicios públicos, salud y ambiente sano, a poblaciones marginadas como las indígenas en Panamá, es un tema que el cambio climático hace evidente, y para el cual, los Principios de la Península de 2013, establecen “el primer instrumento jurídico internacional sobre los derechos de las personas desplazadas por el clima y las obligaciones de los Estados y la comunidad internacional hacia ellas”.

La tierra, su acceso, planificación y manejo es uno de los retos principales dentro de este proceso de relocalización de las comunidades amenazadas por el aumento del nivel del mar. Displacement Solutions, oenegé que ha visitado en reiteradas ocasiones la comarca Guna Yala desde 2014 indica que, “será la tierra la que en última instancia estará en el centro de la mayoría de las políticas diseñadas para abordar las consecuencias del desplazamiento climático; la gente perderá tierras y necesitará nuevas tierras para empezar de nuevo sus vidas”.

Ante tal eventualidad, los Principios de la Península indican que es necesario, “antes de cualquier reubicación, se prepare un plan maestro de reubicación que aborde asuntos críticos que incluyen: i) adquisición de tierras; ii) la preservación de las instituciones sociales y culturales existentes y de los lugares de los desplazados climáticos; iv) acceso a servicios públicos; v) el apoyo necesario durante el período de transición; vi) cohesión familiar y comunitaria”, entre otros aspectos. Hasta el momento no se tiene ningún estudio que permita dar respuesta a estas inquietudes.

La amenaza del aumento del nivel del mar es un reto compartido por al menos 928 comunidades y 700.000 personas en Panamá. En la comarca Guna Yala al menos unas 40 comunidades y 28.000 personas se verán potencialmente afectadas. No en todos los casos se requerirá el desplazamiento de las comunidades, pero sí de inversiones y de una planificación que aborde la protección de sus bienes y medios de vida.

2050 aún parece una fecha muy lejana. Lo era en 1983 cuando se identificaron las primeras señales del aumento del nivel del mar en Panamá, y aún lo era en 1998 cuando se confirmaron. 2010 –cuando los habitantes de Gardí Sugdub decidieron trasladarse a tierra firme– parece que fue hace poco, y ahora en 2023, estamos a medio camino entre el pasado y el futuro. Sin embargo, la historia plasmada en este artículo cuenta cómo, todavía, después de 40 años de advertencias, no estamos preparados para el desafío que nos plantea el cambio climático.

Para ver mapas y visualizaciones de las áreas afectadas y los resultados de los análisis elaborados por el Observatorio de Riesgo Urbano de la Florida State University y ESRI Panamá, visita el siguiente enlace: www.metromapas.net o en redes sociales @esripanama.