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- 07/10/2019 00:00
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Una denuncia penal por la supuesta comisión de los delitos de corrupción de servidores públicos, extralimitación de funciones y abuso de autoridad fue interpuesta ante al Fiscalía Anticorrupción del Sistema Penal Acusatorio en contra de la Juez Tercera de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ana Zita Rowe.
La denuncia contra Rowe —quien es encuentra en la lista de 32 juristas que aspiran a ocupar el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia que una Comisión Especial Evaluadora le entregó al presidente de la República, Laurentino Cortizo— fue interpuesta por el bufete de abogados Córdoba Chen y Asociados, actuando como denunciante la abogada María Eduarda Córdoba Chen, en representación de la Fundación Mere Et Soeur.
Fundación Mere Et Soeur, propietaria del piso 31 del Edificio Marina Park ubicado en Bella Visita, se consideró afectada por la Sociedad Vientos del Mediterráneo, S.A., ubicada en el piso 32 del mismo edificio.
La afectación se dio tras el colapso de una tubería de agua en el piso 32 de la Sociedad Vientos del Mediterráneo, situación que causó daños al piso 31 de la Fundación Mere Et Soeur.
Producto de este hecho, la mencionada fundación interpuso una demanda ordinaria de mayor cuantía contra Marcello Perrone, quien representa a Vientos del Mediterráneo, el 2 de julio de 2015, la cual quedó adjudicada al Juzgado Tercero de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.
La denuncia contra Rowe, que también involucra a Perrone y al abogado Gilberto Bósquez, se da ya que, según la firma denunciante, a pesar de presentarse pruebas contundentes en la demanda referente a la ruptura de la tubería “con dolo y mala intención que hizo Jannette Saavedra en complicidad con Marcelo Perrone” y la nula actividad probatoria de Vientos del Mediterráneo, el juzgado Tercero de Circuito Civil, a cargo de Rowe, emitió una sentencia de prescripción.
Según la denuncia contra Rowe, el texto de su sentencia era un regaño y una reprimenda contra los demandantes, e incluso, según la denuncia, la propia sentencia tenía otro error, y posteriormente (la jueza) modifica la sentencia e impone costas por la cuantía de $87,500 “con términos y pronunciamientos que se alejaban del gran cúmulo de pruebas a las cuales Vientos del Mediterráneo no podían enfrentar”.
“Evidentemente como acto de corrupción para favorecer a Vientos del Mediterráneo, Ana Zita Rowe como Juez Tercera de Circuito Civil emite un fallo utilizando el pronunciamiento de prescripción con argumentaciones que contradicen sus propias actuaciones, pero dicha decisión conlleva otros fines para quien los emite, con el pleno conocimiento que serán revocados”, se indica en el recurso legal presentado por el bufete Córdoba Chen y Asociados.
Se señala en la acción legal, además, que el Primer Tribunal devolvió el proceso el 11 de abril de 2019, y hasta la fecha el Juzgado Tercero de Circuito de lo Civil no le ha dado trámite al expediente porque, según el denunciante, no es conveniente el examen de la segunda instancia ante una posible decisión de revocatoria.
En la denuncia se citan al menos tres casos en los que, presuntamente, en este mismo juzgado se mantiene cautivos o paralizados los procesos, uno referente a una disputa entre la escuela Oxford y un particular y otro relativo al empresario César Alvarado Taylor contra Oydén Ortega Collado.
De acuerdo con la firma denunciante, la jueza Rowe ha infringido el ordinal 3 del artículo 346 del Código Penal, que se refiere a “retardar maliciosamente un proceso sometido a su decisión”.
“En el caso aplicado, esta funcionaria, desde abril de 2019 y hasta la fecha, no ha cumplido lo dispuesto por el Tribunal Superior de Saneamiento y mantiene el expediente en un letargo acostumbrado sin límite”, se advierte en la denuncia.
Para la firma Córdoba Chen y Asociados, es evidente que se obstaculiza el examen en segunda instancia de la decisión de prescripción, puesto que es probable que sea revocada, tener el expediente suspendido es un subterfugio y tretas utilizadas en corrupción “para favorecer a Vientos del Mediterráneo, a su apoderado y un grupo de abogados que le asisten como sustitutos y uno de ellos, inclusive, labora en Secretaría del Órgano Judicial”, se señala en la denuncia.
En la acción legal interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción el pasado 30 de septiembre de 2019, por la firma Córdoba Chen y Asociados, se hace referencia además a la existencia de una supuesta organización criminal de corrupción con particulares que presuntamente vincula a la exfuncionaria Johana Aparicio, al Juzgado Octavo de Circuito Penal, el Juzgado Primero Municipal y el Primer y Segundo Tribunal Superior, con miras a garantizar las confirmaciones de fallos.