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Abogados demandan ley que obliga a la expedición de la factura electrónica
Actualizado
- 04/01/2022 00:00
Creado
- 04/01/2022 00:00
Dos demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 256 del 26 de noviembre de 2021, que establece la obligatoriedad de la factura electrónica para profesionales, fueron presentadas en la Corte Suprema de Justicia.
Dos demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 256 del 26 de noviembre de 2021, que establece la obligatoriedad de la factura electrónica para profesionales, fueron presentadas en la Corte Suprema de Justicia.
El Colegio Nacional de Abogados (CNA), el Movimiento de Contadores Públicos, la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá presentaron una de las demandas de inconstitucionalidad. La otra fue presentada por el jurista Roberto Ruiz, que pidió declarar inconstitucional una frase del párrafo tercero del artículo 1 de la ley.
Por su parte, Donaldo Sousa, Juan Carlos Araúz, el CNA y la Federación de Asociaciones de Profesionales de Panamá solicitaron a la máxima corporación de justicia declarar inconstitucional el numeral 5 del parágrafo 3 del artículo 2 de la Ley 256.
La demanda presentada por el jurista Ruiz quedó radicada en el despacho del magistrado Cecilio Antonio Cedalise, y la otra en el despacho de la recién designada magistrada Miriam Yadira Cheng.
La Ley 256 que modifica el artículo de la Ley 76 de 197, enfatiza la obligatoriedad de la expedición de facturas o de un documento equivalente para acreditar toda operación relativa a la transferencia, venta de bienes o prestación de servicios por parte de las personas residentes en Panamá.
Según Juan Carlos Araúz, presidente del CNA, esta ley “atenta contra las profesiones liberales del país, contra los artesanos y artistas del país. El Estado no puede interferir en las profesiones liberales”.
Araúz mencionó que el artículo 40 de la Constitución Nacional no menciona el cobrar impuesto, por lo que no se puede generar una obligación de contratar un software o de imponer un método de cobro. “Las profesiones hemos construido este país con esfuerzo y sacrificio, por eso pedimos la derogatoria de la Ley 256”.
“No estamos promoviendo la irresponsabilidad tributaria, porque son nuestros hijos los que usan los servicios públicos... el Estado debe respetar el ejercicio de las profesiones liberales”, concluyó Araúz.
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