MEF, autorizado por el Gabinete a solicitar dispensa fiscal por inundaciones

Las intensas lluvias registradas en las provincias centrales, Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé duplicaron los niveles de precipitación habituales de noviembre, desatando una devastación de gran magnitud que, hasta ayer, contabilizaba once víctimas mortales. La fuerza de este fenómeno natural afecta de manera crítica infraestructuras esenciales, viviendas, centros educativos y vastas áreas de cultivo en las regiones impactadas.

Ante la gravedad de la situación, el presidente de la República, José Raúl Mulino, convocó un consejo de gabinete extraordinario en el que se determinó la declaración del estado de emergencia nacional en todo el territorio panameño. Durante una conferencia de prensa posterior, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, enfatizó la urgencia de esta medida, subrayando que se seguirán criterios de rendición de cuentas en todas las contrataciones excepcionales. “Estamos enfrentando una crisis de gran alcance”, afirmó Orillac, añadiendo que “la transparencia será el pilar de cada decisión en esta emergencia”.

El gobierno destinó un presupuesto de 100 millones de dólares para atender las necesidades derivadas de esta situación, recursos que serán empleados en obras de infraestructura, así como en la provisión de medicamentos, equipos, alimentos y otros insumos esenciales. Este estado de emergencia, establecido mediante la Resolución de Gabinete 107 del 14 de noviembre de 2024, tendrá vigencia hasta el 15 de enero de 2025. La resolución también autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a, de ser necesario, solicitar una dispensa temporal ante la Asamblea Nacional, con base en el artículo 11 de la Ley Nº 34 de 2008, lo que permitiría ajustes en los límites financieros aplicables.

El Estado de Emergencia Nacional proporciona al gobierno panameño la facultad de implementar medidas excepcionales para movilizar recursos humanos y financieros hacia las áreas de mayor urgencia, facilitando así la asistencia a la población afectada y la restauración de infraestructuras dañadas. En particular, el artículo 85 de la Ley N.º 22 de 2006 permite, en situaciones de emergencia, la implementación de procedimientos especiales de adquisición de bienes y servicios, sin los requisitos administrativos regulares. Esta flexibilidad normativa responde a la necesidad de agilizar los tiempos de respuesta en un contexto de crisis.

Dentro de las prioridades asignadas en el presupuesto de emergencia, se contemplan obras de reconstrucción de carreteras y puentes, la construcción de albergues temporales y la adquisición de equipos de rescate, medicamentos y alimentos. Cada entidad involucrada deberá presentar reportes detallados de los gastos realizados, en los que se garantizará la transparencia en el uso de los fondos. Estos informes serán revisados por el Consejo de Gabinete y publicados en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “Panama Compra”, permitiendo así un monitoreo público de cada contratación efectuada. Esta supervisión asegura que los bienes y servicios se adquieran a precios de mercado razonables y con proveedores que cumplan con los estándares de calidad necesarios.

La implementación de estos procedimientos especiales otorga facultades a entidades como el Ministerio de Obras Públicas (MOP), el Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) para contratar servicios, adquirir equipos y materiales requeridos en actividades de rescate, limpieza, rehabilitación de infraestructuras y apoyo logístico. El Ministerio de la Presidencia coordina, en este sentido, la compra de insumos médicos, alimentos y agua potable, mientras que el MOP lleva a cabo evaluaciones de las carreteras y puentes dañados para iniciar las reparaciones pertinentes de forma inmediata.

Desde el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), su directora, Luz Graciela de Calzadilla, advirtió sobre el riesgo de deslizamientos y desbordamientos adicionales, dado que la saturación de los suelos alcanzó niveles críticos. “Cualquier precipitación adicional podría generar situaciones de peligro inminente en las zonas vulnerables”, explicó de Calzadilla, resaltando la necesidad de un monitoreo constante en las regiones de mayor riesgo.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), bajo la dirección de Omar Smith, emitió una alerta roja para las áreas más afectadas, principalmente en el sur de Chiriquí y Veraguas, donde los equipos de rescate intensificaron las labores en zonas de alto riesgo. En estos sectores se están implementando planes de evacuación y protección civil que buscan salvaguardar a la población en áreas vulnerables a inundaciones y deslaves.

Las consecuencias de esta emergencia afectan varios sectores vitales. La infraestructura de plantas de tratamiento de agua potable en Chiriquí y Herrera sufrió daños importantes, afectando el acceso al agua para miles de residentes. Asimismo, las carreteras y centros educativos en estas áreas registran niveles significativos de deterioro. Según el secretario de Metas, Juan Ramón Icaza, 24 escuelas funcionan actualmente como albergues para damnificados, nueve como centros de acopio y otras siete registran daños estructurales que deberán atenderse en los próximos días.

La crisis también impacta duramente al sector agropecuario, con pérdidas de aproximadamente 8,000 hectáreas de cultivos.

La crisis también impacta duramente al sector agropecuario, con pérdidas de aproximadamente 8,000 hectáreas de cultivos, especialmente de arroz y café.

La destrucción de estas cosechas plantea desafíos para la seguridad alimentaria del país, particularmente en las áreas rurales donde muchos agricultores dependen de sus cosechas para subsistir.

En un esfuerzo por mitigar el impacto de esta situación en el abastecimiento nacional, el MIDA coordina con el sector productivo medidas para la recuperación de estas áreas y la distribución de alimentos en las comunidades más afectadas.

Las autoridades mantienen un llamado a la precaución. La población en zonas con riesgo de inundaciones o deslizamientos debe atender las recomendaciones de evacuación emitidas por las autoridades y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

La colaboración de la ciudadanía es fundamental en estos momentos para reducir los riesgos, preservar vidas y apoyar las labores de asistencia.